La discusión sobre la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) volvió a instalarse en el sistema político tras la interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro, con cuestionamientos de la oposición sobre un eventual aumento en la liberación de personas privadas de libertad.
“El ministro ha reconocido que en su Plan de Seguridad y en la reforma del Código del Proceso Penal está planteando liberar a personas privadas de libertad, es decir, largar presos a la calle como pasó en 2005”, manifestó el senador colorado Pedro Bordaberry durante la sesión en el Senado.
El planteo del legislador refiere a uno de los cambios incluidos en el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, que habilita el pedido de libertad anticipada para personas con sentencia firme, incluso en casos de delitos graves como homicidio agravado, rapiña, delitos sexuales o narcotráfico.
La reforma del Código del Proceso Penal (CPP) enviada por el gobierno al Parlamento podría habilitar a unos 2.000 presos a solicitar la libertad anticipada, incluyendo casos de delitos graves como homicidio agravado, rapiña y delitos sexuales, que hoy no cuentan con ese beneficio tras la aprobación de la LUC.
La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, explicó que se trata de “restablecer el escenario previo a la LUC” y aclaró que la libertad anticipada no es automática, sino que la decisión corresponde a la Justicia, que evalúa cada caso junto a la Fiscalía. Además, advirtió que la cifra es un cálculo estimado y que no implica una liberación directa de presos.
La iniciativa generó críticas en la oposición, cuyos dirigentes sostienen que el cambio implicaría una liberación masiva, mientras que desde el oficialismo se insiste en que se trata de un derecho que ya existía y que depende de resoluciones judiciales individuales .
El alcance de la reforma
En medio del debate, la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, fue consultada sobre el posible impacto de la medida. La jerarca señaló que “el elenco de delitos que se suman no es el elenco de delitos mayoritarios en el universo de la población privada de libertad” y agregó que “la mayor cantidad de personas privadas de libertad lo está por delitos contra la propiedad” .
Sobre la composición del sistema carcelario, precisó que “los homicidios son menos del 10% y los delitos sexuales son menos del 6%”, por lo que “tampoco es una cuestión que va a engrosar muchísimo el escenario de posibles libertades” .
De todas formas, Juanche sostuvo que el cambio “va a mover la aguja”, y estimó que “el 15% de 17.000 personas es mucha gente, son más de 2.000 personas”, aunque aclaró que se trata de un cálculo preliminar: “Por favor, no tomen la cifra como exacta porque estoy tomando guarismos” .
Las declaraciones generaron una rápida reacción en dirigentes opositores. Bordaberry afirmó que el oficialismo propone “liberar presos”, mientras que el senador nacionalista Javier García sostuvo que el Frente Amplio “vuelve a recurrir” a esa herramienta y advirtió que no acompañarán modificaciones en ese sentido.
En la misma línea, el diputado colorado Walter Verri expresó: “Van a cometer los mismos errores que nos llevaron a esta situación. No a la liberación de 2.000 presos”, mientras que el nacionalista Diego Echevarría cuestionó el impacto en la seguridad pública y el mensaje hacia la Policía .
Aclaraciones desde el INR
Tras la polémica, Juanche reconoció en diálogo con La Diaria que su planteo inicial “quedó como confuso” y aclaró que no todas las personas estarían en condiciones de acceder al beneficio.
Según explicó, si la reforma estuviera vigente hoy, “no sería esa cantidad de personas”, en referencia a los 2.000, sino que “serían, por ejemplo, de esas personas, menos de 400” .
Además, remarcó que la eventual liberación no depende del Ministerio del Interior: “no es el Ministerio el que libera a los presos”, sino que la decisión corresponde a la Justicia, que evalúa cada caso con intervención de la Fiscalía.
En ese sentido, la jerarca defendió la iniciativa al señalar que busca “restituir un instituto que ya estuvo vigente hasta hace cinco años”, devolviendo a los jueces la posibilidad de otorgar libertades anticipadas caso a caso, en función de las condiciones previstas en la normativa vigente
