La usurpación de casas por parte de grupos criminales concitó la atención mediática entre 2017 y 2018, cuando la banda narco Los Chingas desalojó a decenas de familias en Los Palomares de Casavalle. Sin embargo, pese a la caída del clan comandado por Mónica Sosa, la expulsión de familias a manos de delincuentes no desapareció.
El director nacional de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Daniel Gerhard, aseguró días atrás que eran “cada vez más masivos” los casos de familias que estaban “a punto de quedar en la calle” porque el “narco las expulsa” de sus hogares.
Gerhard participó de la mesa de diálogo llamada “Invisibles, ¿hasta cuándo?” que organizó la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) para debatir sobre cooperativas en situación de extrema vulnerabilidad. Allí, el jerarca que tiene a su cargo la política de atención a personas en situación de calle se refirió al trabajo de la cartera en el área.
Luego de hablar de políticas globales del ministerio para la atención de los indigentes, Gerhard dijo que el Mides “no puede renunciar a los emergentes”, es decir, generar “parches” para las personas que aparecen en la calle “día a día”.
En este marco, se refirió a estas situaciones “cada vez más masivas”: “Personas que están dentro de una casa pero están a punto de quedar en calle porque el narco las expulsa. A la viejita que tiene su casita de siempre, le dicen que si no se va mañana le van a quemar la casa con ella dentro. Un montón de situaciones que nos hablan de una fractura social, de una sociedad más violenta”.
Desde el Ministerio del Interior aclararon a El Observador que no hay registro de que esta práctica sea un fenómeno creciente, como aseguró Gerhard.
Si bien reconocieron que puede haber casos puntuales, apuntaron que principalmente se registra en el marco de la lucha de bandas narco que se disputan, por ejemplo, casas para establecer bocas de venta de drogas.
Pero no ocurre, indicaron, en el ejemplo que plantea Gerhard de una persona mayor que es extorsionada para dejar su hogar. Además, aclararon que no ha habido denuncias del Mides sobre este tema ni planteos formales del director a alguna autoridad del ministerio.
En este sentido, desde Interior remarcaron que se mantiene un buen vínculo de trabajo con el Mides y ejemplificaron con un nuevo plan que se puso en marcha semanas atrás para contrarrestar el aumento de personas en situación de calle por el cierre de los centros de evacuación, a raíz del fin de la alerta roja.
Este operativo, coordinado entre Interior, Mides y la Intendencia de Montevideo, implica aplicar la ley de faltas a las personas que están en situación de calle y trasladarlas a los refugios.
La extorsión
La mecánica del desalojo opera a través de un hostigamiento violento que combina amenazas directas, ataques armados contra las fachadas y principios de incendio, culminando en ultimátums perentorios de pocas horas para abandonar el hogar. Una investigación de 2025 de El Observador en zonas como Marconi, Cruz de Carrasco y la periferia de Canelones dan cuenta de familias que debieron escapar con lo puesto tras sufrir copamientos o balaceras, quedando a la intemperie o subsistiendo de forma precaria.
La discrepancia entre los registros policiales y la realidad barrial responde, en gran medida, a la naturaleza de la extorsión como un delito con una cifra negra abrumadora. Las víctimas raramente radican denuncias en las comisarías de su jurisdicción por temor a represalias; cuando lo hacen, acuden meses después a dependencias alejadas o directamente a la Fiscalía.
A su vez, los propios datos judiciales demuestran que estos episodios suelen ingresar al sistema caratulados bajo figuras como daño, disparos con arma de fuego, incendio o violencia privada.
Frente a la presunción de que los inmuebles usurpados se transforman de inmediato en puntos de venta de sustancias, informes policiales de inteligencia y análisis criminológicos revelan una logística más diversificada. Las organizaciones criminales acumulan fincas para descentralizar el acopio de armas, drogas y dinero, consolidar pasajes ciegos que obstaculizan el ingreso de patrulleros o desarrollar mercados informales de alquiler.