Las bancadas mayoritarias avalan que se junten las comisiones del Senado y Diputados para agilizar el proceso
El acuerdo comercial discutido durante más de 25 años por el Mercosur y la Unión Europea es uno de los pocos asuntos que genera consenso en la gran mayoría del sistema político uruguayo.
Tiene el visto bueno del Partido Colorado, que fue quien empezó a negociarlo, pero también del Partido Nacional y el Frente Amplio, cuyas administraciones siguieron adelante con el proceso e hicieron importantes esfuerzos para cerrarlo con saldo positivo.
Por eso, en el Parlamento prácticamente no hay dudas de que el trámite será aprobado con una amplia mayoría, aunque este martes se desató una controversia luego que el canciller Mario Lubetkin le entregara el texto –en pendrive– del acuerdo a la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse.
Ambos reafirmaron en conferencia de prensa que el envío constituía un primer paso destinado a acelerar la ratificación ya que permitía a los legisladores estudiar el texto.
“Para nosotros era muy importante llevar adelante la indicación del presidente de facilitar y agilizar el trabajo del Parlamento para lograr algo que está en la voluntad de todos”, dijo Lubetkin. El canciller señaló que las autoridades de Paraguay debían enviar las más de 4 mil páginas certificadas y recién ahí el gobierno estaba en condiciones de mandar el proyecto de ley al Parlamento.
Cosse en tanto, valoró lo positivo de “tener ya” este borrador que no es “certificado” sino una “versión sin pulir del acuerdo”.
“El procedimiento formal (comenzará) una vez que recibamos (el proyecto); no tengo dudas que el Parlamento lo va a apoyar de forma unánime y así se lo hemos trasladado a todas las delegaciones internacionales que han venido”, dijo la vicepresidenta, que consideró “apresurado” dar plazos porque dependían de otros países.
Sin embargo, en la oposición reprocharon que los documentos ya estaban disponibles desde el 15 de enero en la página web de la Cancillería por lo que lo único que necesitan es que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto de ley para poder darle “trámite parlamentario”, es decir comenzar a analizarlo formalmente.
“Estamos de acuerdo con disminuir los plazos”, dijo a El Observador, el senador Javier García, que preside la agrupación parlamentaria. “Pero sin proyecto no puede haber trámite parlamentario”, agregó y recordó que el presidente Yamandú Orsi les pidió celeridad sin embargo esta queda sujeta a la “voluntad” del Poder Ejecutivo.
En la misma línea se pronunció el senador colorado Robert Silva, que observó que la discusión puede empezar recién después que el proyecto ingrese al Parlamento. El legislador también dijo que esta presentación no debería ser la excusa para que luego los lleven “a los ponchazos” y que lo ideal sería que Cosse les trasladara un “plan de acción” una vez que esté el proyecto.
Más allá de la controversia, frenteamplistas, blancos y colorados están de acuerdo en tramitar el proyecto con un mecanismo “fast track”, que supone integrar las dos comisiones de asuntos internacionales (la de Senadores con la de Diputados) para evitar recibir dos veces a las delegaciones.
La idea había sido planteada por el senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani, que coordina la bancada y preside la comisión de asuntos internacionales, y es apoyada por el resto de los partidos.
De hecho, este martes el asunto fue refrendado en la reunión de bancada del Partido Nacional, en la que se solicitó a Sebastián Da Silva y Juan Martín Rodríguez que impulsen la integración.
Si bien está dividido en dos, la idea del gobierno uruguayo es que el Parlamento apruebe el acuerdo completo: el comercial y el de asociación que contiene los aspectos políticos y de cooperación. El proyecto ingresará por el Senado y la lista de delegaciones que se recibirá será amplia: Cancillería, MEF, MGAP e Industria por el gobierno así como asociaciones empresariales y sindicales.
En el oficialismo lo destacan como beneficioso y el Poder Ejecutivo prevé presentar en febrero, después del viaje de Orsi a China, un estudio de impacto sectorial realizado por el BID.
El PIT-CNT, en tanto, expresó su preocupación por eventuales impactos negativos en algunos sectores, entre ellos, el metalúrgico y el lácteo e impulsará propuestas para atenuar los impactos negativos.
El gobierno pretende que Uruguay sea el primer país del Mercosur en ratificar el acuerdo entre los bloques, luego del “tropezón” –al decir de Lubetkin– que impuso el Parlamento Europeo al solicitar al Tribunal de Justicia (TJUE) que lo evalúe.
El objetivo de ese movimiento es que el TJUE dictamine si lo firmado cumple con los estándares del bloque europeo y si los aspectos comerciales pueden entrar en vigencia sin la aprobación de los parlamentos nacionales.
La decisión fue adoptada por mayoría –334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones– y representó un freno al proceso de asociación entre ambos bloques, aunque la letra chica del acuerdo habilita a la Comisión Europea a ponerlo en vigencia una vez que sea ratificado por uno de los países del Mercosur.
Esto porque el artículo 23.3 del acuerdo admite una “aplicación provisional”. La interpretación depende de la voluntad política de los países de la UE y es impulsada, entre otros, por Alemania, aunque en la Cancillería son escépticos de que la UE la ponga en práctica.
