Silvia, la mujer uruguaya de 60 años que estuvo más de 100 días presa en Bolivia acusada de traficar marihuana y fue liberada este miércoles, se quedará en ese país para apoyar a su hija, que continúa detenida a la espera de que la expulsen del país.
Así lo confirmó a El Observador el abogado de las uruguayas, Rodrigo Rey, quien lamentó que la Justicia boliviana todavía no fijo la fecha de la audiencia en la que se efectivizará el acuerdo abreviado que ya firmó con la Fiscalía de Narcotráfico de ese país para que Virginia, de 27 años, sea condenada por un delito de consumo.
Por este cargo, le aplicarán la ley de residencia y la expulsarán de Bolivia. Además, deberá pagar una multa económica "moderada".
Madre e hija fueron detenidas el pasado 17 de marzo en el Aeropuerto de El Alto cuando un oficial encontró siete gramos de marihuana en la valija que iban a despachar para su viaje a Uruguay. En primera instancia las imputaron por tráfico –delito que tiene una pena de 10 a 25 años de prisión en Bolivia– y las enviaron a la Cárcel de Obrajes de La Paz, pero en mayo el fiscal revirtió la decisión: sobreseyó a Silvia e imputó a Virginia por consumo.
Uno de los puntos claves para este cambio fue que Virginia está registrada como consumidora de cannabis en Uruguay, detalló Rey.
Tras el cambio de carátula, las uruguayas esperaron más de un mes en que sus casos avanzaran para salir de prisión. Este miércoles liberaron a Silvia, luego de que la justicia ratificara su sobreseimiento. La cuenta de Instagram @urugrowtv publicó el momento en el que la mujer salió de la cárcel.
La defensa ahora se enfoca en la salida de Virginia, para la que solo falta que se fije la audiencia en la que se efectivice el acuerdo abreviado. La Justicia boliviana tiene plazo hasta este jueves y los abogados enviaron nuevamente el acuerdo al Ministerio de Justicia para intentar acelerar el proceso.
"Preocupa su salud emocional estando sola. Está en peligro", marcó su abogado.
Ahora, Rey le pide al canciller Omar Paganini que "se interese en el tema" y realice una "gestión de alto nivel", en la que solicite a la Cancillería boliviana que el Ministerio de Justicia cumpla con los plazos administrativos en el caso de su clienta.
"Si no se cumplen los plazos, esto puede seguir sin parar", advirtió el defensor.
