La subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, y la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, comparecieron el jueves 7 ante la comisión especial de seguimiento de la situación carcelaria y actualizaron la situación del sistema así como también informaron sobre el avance de lo anunciado por el presidente.
“El mapa de la criminalidad y la violencia ha cambiado notoriamente. Las organizaciones criminales no desaparecen por el solo hecho del encierro; muchas veces, allí mismo se reorganizan, sostienen vínculos y proyectan poder hacia los territorios. Sería imprudente subestimar esta capacidad. Por eso, el anuncio realizado por el presidente de la República respecto de unidades destinadas a personas privadas de libertad de alto riesgo forma parte de una estrategia integral orientada a mejorar la gobernabilidad del sistema”, dijo Valverde según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.
La idea es que a esas unidades vayan personas imputadas y condenadas por delitos de crimen organizado y que tengan determinado perfil. ¿Cómo se define ese perfil? Hay dos caminos que se complementan: por un lado la Policía Nacional clasifica con su sistema de inteligencia a las personas según tres variables: violencia, capacidad de organización y capacidad de liderazgo. Eso, a su vez, se cruza con el sistema de clasificación del sistema penitenciario que es la “evaluación criminológica sobre el perfil de riesgo”.
“Conforme a eso se establece un índice y se ven las variables criminógenas particulares: los antecedentes delictivos, el contacto con pares precriminógenos, el nivel de organización, si usó o no la violencia y qué rol ocupa en la organización; es un sistema que está muy estandarizado”, explicó Juanche. Esos criterios, además, están sujetos a revisiones periódicas.
La idea es que sean dos unidades para personas de alto riesgo para la seguridad pública. “Esto exige un nivel más al de máxima seguridad que tiene el país, puesto que esta ya es una realidad que ha asolado a nuestra sociedad”, dijo la directora del INR.
Este nuevo nivel de peligrosidad precisa de un cambio normativo que el Ministerio del Interior va a introducir en la próxima Rendición de Cuentas. Se trata de una reformulación del Decreto Ley 14.470, conocido como la Ley Penitenciaria, para incluir el “régimen de alto riesgo y darle base legal” porque los que existen actualmente son el de mínima, media y máxima seguridad.
“Este de alto riesgo es un régimen restrictivo que necesita, entendemos, esta base legal”, explicó Juanche aunque aseguró que ya se está aplicando con Luis Fernando Fernández Albín pero no en una unidad especializada.
¿Cuál es la diferencia entre un régimen de alto riesgo y uno de máxima seguridad? El de alto riesgo es “aún más restrictivo y, además, está exclusivamente destinado a personas que cometen delitos del crimen organizado y que revisten alto riesgo para la seguridad pública; por eso se llama régimen de alto riesgo”.
“Estas, que son máxima seguridad ‘plus’ -así les decimos nosotros domésticamente, un nivel más-, requieren un régimen mucho más estricto que las de máxima seguridad” “Estas, que son máxima seguridad ‘plus’ -así les decimos nosotros domésticamente, un nivel más-, requieren un régimen mucho más estricto que las de máxima seguridad”
Es un régimen, dijo Juanche, que está inspirado en los estándares internacionales y por eso funcionarios del INR se han estado capacitando con personal de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y con pares de la región.
Juanche apuntó que el régimen de alto riesgo “conserva las garantías, pero limita muchísimo la circulación de las personas y el contacto con otros”. “Son unidades pequeñas porque, por definición, el régimen se basa en tres pilares: la evaluación permanente, la separación y segmentación, y la no concentración. Está totalmente desaconsejado reunir a estas personas, que son clasificadas como de alto riesgo para la seguridad pública, en un mismo establecimiento”, dijo.
Incluso, las prácticas internacionales desaconsejan que se perpetúen en el mismo alojamiento durante mucho tiempo y también por eso el personal que custodia rota permanentemente para evitar la connivencia y la corrupción.
Uno de los desafíos que presenta este tipo de régimen es que requiere de “una alta dotación de personal: al menos dos funcionarios por cada persona privada de libertad”.
La construcción
Estas dos unidades, que van a alojar un máximo de 50 personas cada una, se van a realizar bajo la modalidad de participación público privada pero todavía faltan varios detalles por definir. Y eso fue uno de los reclamos de la oposición ya que era uno de los motivos de la convocatoria.
“Yo con todo respeto quiero decirles que no he escuchado prácticamente nada sobre la construcción de las dos nuevas cárceles. En realidad, sí: fue lo que dijo el presidente Orsi, que lo anunció con bombos y platillos el 2 de marzo ante la Asamblea General, sumado a un par de oraciones más (…) yo pregunto, si es una mera idea o si realmente tienen algo, por ejemplo, la ubicación y el costo, si hay un estudio de impacto en cuanto a que ello pueda generar un avance para la seguridad, de dónde va a salir la plata”, planteó en comisión el diputado colorado Sebastián Sanguinetti.
Ante este nuevo planteo, la subsecretaria Valverde dijo que se trata de una “extensión de un contrato de participación público-privada que ya se viene trabajando y procesando”.
“Estamos en conversaciones y coordinaciones con la empresa, con el consorcio que está llevando a cabo la obra, y para ello contamos con la ampliación sobre las características y determinaciones necesarias para analizar los costos, que estarán contemplados en el presupuesto del Ministerio del Interior y, en particular, del INR”, dijo.
De todos modos, planteó que “algunos detalles de las cárceles” no pueden quedar en actas y aseguró que “hay algún terreno que ya está coordinado para realizarla”.
