Tendrán como objetivo de aislar a personas imputadas o condenadas por delitos graves y con elevado potencial de peligro.
El presidente Yamandú Orsi anunció la construcción de dos cárceles de máxima seguridad destinadas a personas imputadas o condenadas por delitos graves y con elevado potencial de peligro.
Pertenecientes al Plan Nacional de Seguridad que se presentará en el primer semestre de 2026, fuentes oficiales del Ministerio del Interior anticiparon que las instalaciones sumarán en conjuno un total de 100 cupos.
"Este año iniciaremos la construcción de dos cárceles de máxima seguridad con estrictos controles y tecnología de punta para personas imputadas o condenadas por delitos que representan un alto riesgo para la seguridad pública", señaló el mandatario durante su discurso de balance del primer año de gestión ante la Asamblea General.
El ministro del Interior, Carlos Negro, detalló en una entrevista con Canal 5 que las instalaciones se ubicarán en predios militares, podría contar con el financiamiento bajo la modalidad de Participación Público-Privada (PPP), al tiempo que, se prevé una unidad específica para mujeres en el marco de la transformación del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
"El plan está diseñado para la participación de las diferentes agencias estatales en el tema de seguridad y también de las privadas" - Carlos Negro, ministro del Interior.
"Nosotros estamos hablando con el Ministerio de Defensa para lograr que las cárceles se ubiquen en un predio militar, en un cuartel, que permitan un rápido acceso seguro de las personas cuando son trasladadas a las sedes judiciales o a la fiscalía, eventualmente y según las circunstancias", sumó el funcionario.
En la misma linea, Negro confirmó el perfil de prisioneros que ocuparían los cupos: "Aquellos que, estando recluidos, siguen siendo un peligro para el afuera, un peligro para el exterior de la cárcel porque son los los dirigentes, los que mandan en las organizaciones que están en los barrios".
La creación de los nuevos penales de alta seguridad ocurre en un contexto donde Uruguay mantiene la tasa más alta de población carcelaria en la región: 477 reclusos por cada 100.000 habitantes. La cifra sitúa al país por delante de naciones como El Salvador (en la era pre-Bukele) o Brasil.