El Ministerio de Ambiente resolvió suspender la autorización para la caza deportiva de tres especies específicas de patos. La medida, que también prohíbe el transporte de estos ejemplares y sus productos, abarca al pato cara blanca ( Dendrocygna viduata), el pato maicero (Anas georgica) y el pato picazo (Netta peposaca), frenando el otorgamiento de nuevos permisos para la temporada 2027 y las siguientes.

Esta decisión será sostenida "hasta que se demuestre la sustentabilidad de la extracción de sus poblaciones". Según la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, los datos revelaron que tanto la pérdida de hábitats como la propia actividad de caza amenazan a estas aves, por lo que los estudios actuales no garantizan que su caza sea sustentable y sostenible.

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En octubre del año pasado, más de cincuenta organizaciones habían solicitado al Ministerio la suspensión "inmediata" de la caza de patos, en especial, para estas tres especies mencionadas anteriormente. En el comunicado también se había cuestionado duramente a la administración de Luis Lacalle Pou por aprobar decretos que, a su juicio, otorgaron mayores facilidades para la caza. La carta, que estaba dirigida al presidente Yamandú Orsi y al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, pedía la "inmediata derogación de ambos decretos, retornado la normativa de caza a la situación anterior a mayo de 2022".

La nueva normativa se apoya en antecedentes de protección ambiental y hace referencia a que en el año 2018 también se había suspendido temporalmente la caza de algunas especies de patos para poder realizar los estudios poblacionales necesarios.

Sin embargo, el texto legal establece una alternativa para aquellos actores interesados en seguir promoviendo el turismo cinegético (de caza) en el país. Estas personas o entidades tienen la posibilidad de proponer, realizar y presentar nuevos estudios poblacionales ante las autoridades, con el fin de intentar demostrar científicamente que es factible realizar una extracción sostenible y establecer tasas de captura seguras para las especies mencionadas.

Para garantizar la seriedad y el rigor de estas investigaciones, será el propio Ministerio de Ambiente el encargado de definir los requisitos exactos que deberán cumplir dichos estudios para no afectar el equilibrio de los ecosistemas. Finalmente, toda la información presentada será evaluada por la Dirección Nacional de Biodiversidad con el asesoramiento de la Comisión Técnica Asesora de Medio Ambiente (COTAMA), la cual propondrá otorgar nuevas cuotas de caza únicamente si los datos respaldan su viabilidad.

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