"Podemos afirmar que el valor aproximado en dólares americanos que el MSP tuvo que transferir al FNR para cumplir con la compra de los medicamentos obtenidos por amparos en el año 2025 fue de US$ 142 millones. En esa cifra está el gasto de nuevas condenas durante el año 2025 y de condenas anteriores, porque hay pacientes que siguen recibiendo medicamentos por amparos de años atrás", explicó Lustemberg en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, a la que concurrió para abordar la Rendición de Cuentas.
La ministra sostuvo que, de mantenerse el ritmo en el que viene 2026, el año cerrará con "más de 2.600 amparos", según consta en la versión taquigráfica.
Tal como había informado El Observador, en los primeros cuatro meses del año ya se habían contabilizado 750 condenas. Y, según el registro histórico del FNR, cerrar 2026 por encima de 2.600 supondría una cifra récord. Esto, sin embargo, no es nuevo, ya que años tras año la cifra viene creciendo.
El tema preocupa a las autoridades —tanto de esta administración como de las pasadas— y, al decir de Lustemberg, es una de las prioridades de la gestión sobre las cuales está trabajando la cartera.
Por un lado, se avanzó en las etapas del Protocolo de Actuación del Convenio Marco de Cooperación entre el MSP y el FNR, firmado durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. Ese instrumento fijó los parámetros bajo los cuales el MSP —que no tiene entre sus cometidos la compra de medicamentos— le transfiere dinero al FNR para que sea este el que ejecute las compras a las que la Justicia condena al ministerio.
El protocolo ordena esas condenas en cuatro "etapas", según la complejidad de acceso al fármaco o procedimiento. La primera —y más sencilla— refiere a condenas por fármacos que ya estaban incorporados al FTM y que el FNR cubría habitualmente. La segunda abarca fármacos registrados ante el MSP —existen y están autorizados en el país— pero que no forman parte del Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM). La tercera, más compleja, comprende fármacos que no están registrados ante el MSP ni autorizados para comercializarse en Uruguay, y que deben traerse por la vía del uso compasivo. La cuarta y última refiere a técnicas y procedimientos terapéuticos —cirugías, dispositivos—, no a fármacos.
En la comisión, Lustemberg precisó que "se completó la segunda fase del convenio y se inició la tercera fase, que corresponde a medicamentos no registrados".
Las etapas no cambian qué medicamentos están cubiertos, sino quién compra y paga cuando un juez condena. El MSP no adquiere fármacos, así que le traslada al FNR la ejecución de esas sentencias, y lo hace por tandas, empezando por las más sencillas.
El otro frente en el que trabaja la cartera es preventivo: incorporar al sistema las prestaciones y medicamentos que hoy no están cubiertos, para que dejen de terminar en la Justicia.
Foto: Martin Martinez / FocoUy
"Sí hemos tenido la incorporación paulatina de medicamentos al Fondo Nacional de Recursos, muchos de los cuales, al no estar, se judicializan", planteó Lustemberg en la comisión. Para ordenar ese proceso, el ministerio montó un equipo técnico.
"Desde marzo de 2025 existe un equipo multidisciplinario en el que participan la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Uruguay —AETSU—, el Fondo Nacional de Recursos, el Área Economía de la Salud, la Dirección General de la Salud", detalló Alicia Ferreira, adjunta a la ministra y presidenta alterna del FNR.
Ese equipo, explicó, analiza las prestaciones aún no incorporadas al Plan Integral de Atención en Salud (PIAS) y al Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM) y les aplica "un esquema de priorización", con una metodología usada en otros países que ordena qué se incorpora primero.
De ese trabajo, dijo, surgió la reciente incorporación de doce medicamentos.
En paralelo, la actual gestión abrió una instancia de diálogo específica sobre el acceso a medicamentos de alto precio. El 9 de julio, la ministra convocó a una reunión con representantes de las comisiones de Salud del Senado y de Diputados, laboratorios, médicos, jueces, abogados y asociaciones de pacientes.
De ese encuentro, y con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), surgió una hoja de ruta con cuatro grupos de trabajo: uno sobre la inclusión de la evaluación de tecnología sanitaria en el acceso, otro sobre la transparencia de los trámites de amparo, un tercero sobre normativa —donde se analiza un proyecto de ley presentado por el senador Pedro Bordaberry— y un cuarto sobre la prescripción.
Ese último punto —el de la prescripción y las herramientas legales— derivó en un intercambio entre las autoridades y el senador Bordaberry.
Ferreira reveló que el FNR llegó a activar el mecanismo de licencia obligatoria por uno de los medicamentos que financia, el que se usa para la atrofia muscular espinal, una enfermedad rara. La licencia obligatoria es el permiso que puede otorgar el Estado para producir o importar un fármaco patentado sin autorización del dueño de la patente, y su solo anuncio suele presionar al laboratorio a bajar el precio.
El caso, según relató, tenía una particularidad: el laboratorio del original había patentado el medicamento en Uruguay, algo poco habitual. "Por alguna razón que desconocemos, la mayoría de los laboratorios que registran medicamentos en Uruguay no los patentan", señaló. Existía, además, un genérico argentino más barato, pero la patente bloqueaba usarlo. "Lo que hizo el servicio jurídico del Fondo Nacional de Recursos fue comenzar a implementar la ley de licencia obligatoria, pero ni siquiera se inició el proceso porque el laboratorio que produce el original le brindó una oferta de precio realmente increíble, que era un precio menor al del genérico producido en Argentina", explicó Ferreira. El FNR terminó comprando el medicamento para todos los niños con esa enfermedad a un precio que, dijo, es "confidencial —porque así lo pidieron—", pero más bajo que el del genérico.
Ferreira acotó, sin embargo, el alcance de esa vía: "Los que son patentados son monopólicos; no podemos hacer uso de esa ley porque no hay otro para comprar. El que mencioné fue un caso casi único".
Bordaberry la contradijo en ese punto. El senador sostuvo que la licencia obligatoria puede otorgarse aunque haya un único titular de la patente, y que el Estado debería usarla de forma más sistemática. "Por más que haya un solo proveedor de un producto que lo tenga patentado, no significa que no se pueda otorgar una licencia obligatoria, tal como expresa la Ley n.° 17164", planteó. Y proyectó el potencial ahorro: "Como bien le pasó, apenas se inicia el proceso, el que tiene la patente le baja el precio un 70 % u 80 %. Y si de los US$ 140 millones bajamos un 70 % u 80 %, es mucha plata".
