El Ministerio de Salud Pública (MSP) trabaja en un documento que traza las líneas de una nueva política sanitaria y un plan a mediano plazo para abordar lo que el gobierno denomina “acceso oportuno a la salud”, un concepto que engloba el problema de los tiempos de espera para consultas, estudios y cirugías.
El texto —presentado como borrador y, por lo tanto, sujeto a cambios— plantea que el Estado asuma un rol activo para convertir la cobertura formal del sistema en un acceso efectivo “en tiempo razonable” y con equidad territorial.
Entre los ejes que fija el documento, al que accedió El Observador, aparecen dos definiciones centrales: “El Estado asume la responsabilidad activa” y “El MSP fiscaliza y aporta en la mejora de la gestión de los prestadores para que puedan cumplir con los tiempos adecuados”. También sostiene que la garantía de acceso será “medible” y “exigible”.
“No es solo cumplir con una norma”
El borrador afirma que el objetivo va más allá de fijar plazos máximos. “Garantizar acceso oportuno no es solo cumplir con una norma. Es proteger a quien espera. Es evitar que el tiempo agrave una enfermedad. Es reducir la desigualdad territorial. Es fortalecer la institucionalidad. Es hacer efectivo el derecho a la salud”, señala.
En la introducción, el texto sostiene que Uruguay “no enfrenta únicamente un problema de demoras”, sino un desafío más amplio: cómo garantizar que el derecho a la salud se ejerza efectivamente en tiempo razonable. Allí define que “el tiempo en salud no es una variable administrativa” y lo caracteriza como “un determinante clínico y social”.
El documento enumera impactos concretos asociados a las demoras: “Una consulta demorada puede agravar una enfermedad”; “una cirugía postergada puede deteriorar la autonomía”; “un estudio diagnóstico tardío puede retrasar el tratamiento”; “una renovación innecesaria puede interrumpir la continuidad terapéutica”; y “una derivación mal organizada puede implicar viajes evitables”.
Prioridades 2026–2030, monitoreo y metas
El texto afirma que, desde 2025, el MSP “dejó de ejercer una rectoría meramente formal” y pasó a una “conducción estratégica” del sistema, con diez dimensiones que incluyen desde la actualización normativa y la revisión del PIAS y el Formulario Terapéutico de Medicamentos, hasta la planificación territorial, la información sanitaria y la complementación entre prestadores.
En ese marco, lista prioridades para el período 2026–2030, como reducir desigualdades territoriales, fortalecer el primer nivel de atención, mejorar la oportunidad real de consultas, estudios y cirugías, integrar sistemas de información y fortalecer la rectoría sanitaria.
También describe situaciones que, según la misiva de la cartera, justifican la intervención: personas que esperan meses por una especialidad, traslados largos para estudios, listas sin priorización clínica, duplicación de estudios por falta de interoperabilidad, saturación de emergencias y barreras administrativas que generan consultas reiteradas.
El texto plantea que la política se apoyará en un nuevo marco regulatorio a partir de marzo de 2026, con decretos que establezcan plazos máximos nacionales, incorporen registro obligatorio y trazabilidad de las prestaciones y creen una comisión de seguimiento en Junasa.
Además, propone medidas para reducir “demoras administrativas”, como la prescripción de tratamientos crónicos por hasta 365 días y ajustes en la prescripción de psicofármacos, con el objetivo de disminuir renovaciones frecuentes que, según el borrador, generan interrupciones terapéuticas y sobrecargan agendas.
Estas medidas estarán incluidas en dos decretos que serán firmados por el presidente Yamandú Orsi en los próximos días.
El documento proyecta un sistema nacional de monitoreo con indicadores de cumplimiento, gestión activa, eficiencia operativa e impacto en las personas, con reportes trimestrales internos, informes semestrales consolidados y un informe anual público nacional.
En el cierre, el borrador resume el enfoque político del plan: “Hoy iniciamos una nueva etapa. Los decretos son el punto de partida normativo. La política es el camino estructural hacia 2030”.
El decreto del MSP
La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, había reiterado el mes pasado que reducir los tiempos de espera era una de las “prioridades” del gobierno y advirtió que hay plazos “inadmisibles” para consultas y estudios, varios de los cuales no tenían límites.
En ese marco, el MSP publicó este martes un decreto fechado el 26 de febrero que actualiza plazos vigentes, incorpora nuevos —incluidos topes para estudios diagnósticos— y estará vigente con los estándares obligatorios que establece a los 60 días luego de ser publicado en el Diario Oficial.
En la cartera señalan que se trata de un primer paso dentro de una estrategia más amplia. Uno de los puntos bajo análisis es cómo se miden los tiempos de espera: según lo que reportan las mutualistas al MSP, los plazos se cumplen, pero en la experiencia cotidiana de los usuarios la realidad suele ser distinta.
“Necesitamos mejorar los sistemas de información para medir este tema. Eso es en lo que tenemos que trabajar de manera urgente. El sistema que tenemos hoy para medir los tiempos de consulta no permite medir lo que efectivamente queremos medir”, dijo a El Observador la presidenta de la Junasa, Gabriela Pradere.
