La interna política del Partido Nacional en Cerro Largo está al rojo vivo desde que el nuevo intendente Christian Morel dijera que se encontró con una situación “peor” de la que esperaba, que la comuna no tiene dinero y que tiene funcionarios que no sabe si trabajan.
Las críticas realizadas en El Observador el jueves motivaron una respuesta del exintendente Sergio Botana. Instalado en la departamental nacionalista del departamento, Botana dijo que se siente “frustrado y con dolor” por la situación.
El actual senador, que impulsaba la reelección de José Yurramendi y conoce a Morel desde hace años porque el exalcalde de Río Branco incluso militó en su agrupación, lo cuestionó con dureza y desmintió algunas de sus declaraciones.
Consultado por El Observador, Botana dijo que Morel combinaba “ignorancia” con “mala intención” y aseguró que los ceses que había dispuesto el nuevo intendente no tenían “criterio”.
“No hay criterio alguno, todos los cesados son del sector político contrario al suyo”, dijo. Mencionó que eran funcionarios con antigüedad, bien valorados y que asistían regularmente a trabajar.
A modo de ejemplo, señaló que una funcionaria recién operada había sido destituida.
“Está dividiendo al pueblo con una violencia inusitada, mediante acusaciones que nunca conocimos. Es de una irresponsabilidad absoluta. Hay persecución política”, expresó.
El senador aseguró: “No hay ñoquis ni malos funcionarios ni gente que falta ni mala conducta”.
Una de las decisiones de Morel fue no abonar el salario a 30 funcionarios que se desempeñan en Montevideo, porque “nadie sabe quiénes son y qué hacen”. De acuerdo con la información que tiene la comuna actualmente, ha sido imposible ponerse en contacto con ellos.
Botana cuestionó la decisión. Dijo que esos funcionarios, algunos están trabajando en la asistencia de arachanes en las oficinas de Montevideo, otros en los hogares departamentales –que son varios– pero también en ministerios o afectados a tareas de la intendencia.
“No conozco casos de gente que no trabaje”, señaló.
Otro punto que rechazó el senador fue el de la situación económica. Morel dijo que la deuda era de $1.500 millones (US$ 37,5 millones). Botana señaló que el monto estaba mal, que la verdadera es de $1.100 millones, los que son afrontables con los ingresos que recibirá este semestre.
“Son $500 millones a proveedores, $400 millones de un fideicomiso de largo plazo y $121 millones al BROU”, detalló y agregó que en estos seis meses la comuna recibirá $1.112 millones: $969 millones provenientes del gobierno nacional por el artículo 214 de la Constitución y $143 millones del Fondo de Desarrollo del Interior.
A su vez, dijo que tiene en la caja US$ 8 millones de fideicomiso sin utilizar por lo que puede ponerse al día y tener líneas de crédito, por ejemplo con Ancap.
“Combina ignorancia con mala intención, no conoce el funcionamiento de las finanzas departamentales y no sabe lo que tiene para cobrar”, arremetió. A modo de ejemplo, señaló que Morel habló de que no podía cobrar el “duodécimo” –un dinero del BROU–, según Botana debido a que “no hizo el trámite” ante la junta.
El senador reconoció que julio era el “único mes” que podía ser “un poquito problemático” aunque se lo habían dejado “encaminado” y le sugirió “imitar a Florida sacrificando un mes de salario de los directores”.
La Oficina Nacional de Servicio Civil informó en la última Rendición de Cuentas que, al 31 de diciembre del año pasado, la intendencia tenía 1.623 funcionarios, de los cuales 1.246 son contratos permanentes o de función pública.
Respecto a esto, Botana coincidió en que la intendencia está “superpoblada”.
A su juicio, la alta cantidad obedece a que “no se quiso sacar” varios contratos por la pandemia que hubo al comienzo del mandato. Dijo que normalmente al final de los cinco años de gestión suelen irse unos 150 funcionarios y planteó que Morel tuviera una “política clara de eliminar los que no trabajan e implementar la no reposición de vacantes”.
