Contrario a la anterior campaña electoral, ya con la LUC vigente, las ocupaciones de los lugares de trabajo ya no están en agenda. Tampoco es la excepción el Frente Amplio, que hace dos años hizo campaña junto al PIT-CNT y otras organizaciones para derogar las reglas de juego defendidas por el gobierno de Luis Lacalle Pou.
Una pregunta sobre ese tema del empresario argentino Marcos Pereda, moderador del encuentro organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) en el hotel Sheraton de Buenos Aires, obligó a Yamandú Orsi a ensayar una extensa respuesta que terminó sin una definición clara por “sí” o por “no”.
Pereda, dirigente de la Sociedad Rural Argentina, le consultó al candidato del Frente Amplio sobre su “posición” con relación a la LUC” en Uruguay, en particular a la nueva regulación sobre la “ocupación del lugar del trabajo” como “extensión del derecho de huelga”, y le aclaró: “Nosotros le decimos ‘bloqueo’”.
Orsi abrió un preámbulo sobre que la LUC impulsada por Lacalle Pou al despuntar su gobierno “obedeció más a una coyuntura” y al “temor de no poder sacar algunas leyes si pasaba el tiempo” ante una “coalición bastante recién constituida”; tras la repregunta del moderador, sostuvo que “nunca hubo mayores dramas en la historia del Uruguay” con las ocupaciones. El candidato reconoció que medidas como esa o los cortes de ruta “a veces generan consecuencias no deseadas”, pero remarcó que “las realidades son distintas”, que “en Uruguay no ha sido la tónica” y que “tiene que ver con la necesaria construcción de climas” a cargo de los “actores políticos”.
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Prensa Yamandú Orsi
En una rueda de prensa posterior a bordo del Buquebus de vuelta a Montevideo, Orsi dejó entrever que no tiene el tema en agenda, al menos para la campaña. Consultado sobre si consideraría a la ocupación como una extensión del derecho a huelga, afirmó por un lado: “Es un tema que nos exigen que lo revisemos, hoy tenemos un marco normativo que nos obliga”; reiteró que nunca fue “un drama” en Uruguay, confió “en la madurez” de cámaras y sindicatos y que sigue “creyendo” en “una forma de ser de los uruguayos que ha llevado” a que “nunca en vida democrática la sangre llegó al río”.
Ante la pregunta de su mantendría la normativa vigente, resumió: “Veremos, veremos. No dije eso”.
Y respecto a si retomaría la discusión, volvió a decir: “Veremos (...) Como todo, una ley cambia a la otra. En este caso, dentro de las prioridades que nos planteamos eso no estuvo. Hay que revisarlo, por supuesto”.
Las ocupaciones
El artículo 392 de la LUC estableció que el Estado deberá garantizar tanto el “ejercicio pacífico de la huelga” como “el derecho de los no huelguistas” y de los dueños “a ingresar” al lugar de trabajo; el decreto del Poder Ejecutivo que lo reglamentó derogó finalmente la normativa establecida por los gobiernos del Frente Amplio, y detalló un procedimiento para que jerarcas o empleadores acudan al Ministerio de Trabajo para que este busque una conciliación e intime a los trabajadores para terminar la ocupación; en última instancia, la cartera derivará el caso al Ministerio del Interior para el “desalojo inmediato”.
Los impulsores del referéndum –que quedó a pocos votos de triunfar en las urnas– argumentaban que era “una norma represiva que criminaliza la protesta social” y que “restringe” el derecho constitucional a la huelga. En torno a ese punto hubo una larga discusión parlamentaria, alertas del PIT-CNT y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre que una redacción ambigua fuera contra todas las huelgas; la central sindical llegó a presentar un recurso de revocación contra el nuevo decreto.
La discusión viene de lejos y tuvo momentos particularmente críticos durante los dos primeros gobiernos frenteamplistas. Si la ocupación y los piquetes son una extensión del derecho a huelga es una diferencia irreconciliable hasta hoy entre los empresarios que defienden su derecho sobre la propiedad y los sindicatos que defienden la medida como último recurso ante incumplimientos patronales.
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Foto: Inés Guimaraens
El primer gobierno de Tabaré Vázquez derogó de entrada un viejo decreto que habilitaba el uso de la fuerza policial para desalojar establecimientos ocupados. La decisión puso en el ojo de la tormenta al socialista José Díaz como ministro del Interior, y Eduardo Bonomi, entonces jerarca de Trabajo, reconocería que había sido un “error” el camino escogido. Entre varios tire y afloje, en paralelo a sonadas ocupaciones que llegaron a las portadas de los diarios, Vázquez firmó en 2006 un decreto para consagrar las medidas como extensión del derecho a huelga, aunque reservándose el “uso de la fuerza pública” para desalojar una vez que se hubieran agotado todas las instancias.
A poco de asumir José Mujica, asediado por ocupaciones a la Suprema Corte de Justicia y el dictamen de una jueza en Tacuarembó sobre que el decreto de Vázquez no incluía a instituciones públicas, el Poder Ejecutivo firmó una nueva disposición para extender específicamente el procedimiento de desalojos a las oficinas del Estado. Las gremiales empresariales recurrieron el nuevo decreto exigiendo que también se contemplaran las desocupaciones en el sector privado.
La OIT reclamaba a Uruguay desde 2010 “respetar la libertad de trabajo” de no huelguistas y de la dirección de la empresa al mismo tiempo que los trabajadores ejercían su “derecho a la huelga y la ocupación”, equilibrio considerado “surrealista” tanto por sindicatos como por empleadores. El reclamo de las cámaras –que también arremetía contra la ley de Negociación Colectiva– llevó en 2019 a que la OIT incluyera a Uruguay en una lista negra de países que no respetan convenios y libertades sindicales.
Todos los candidatos por la oposición se comprometieron esa campaña a derogar la normativa frenteamplista que consideraba a las ocupaciones como extensión del derecho a huelga.
Nunca pararon
Con la LUC vigente, el gobierno lleva a la fecha desactivando 148 ocupaciones y 34 piquetes, según el registro brindado a El Observador por el subdirector nacional de Trabajo, Santiago Torres.
Tres de cada cuatro ocupaciones desde setiembre del 2020 han sido en establecimientos públicos. La enorme mayoría de ellos fueron en liceos y UTU. Según ha reiterado el exministro Pablo Mieres, la única diferencia respecto al Frente Amplio es que ahora también intiman a los sindicatos en el sector privado: solo 37 casos desde que está en vigencia la norma, los últimos de ellos en una obra de construcción en Manantiales.
Por otro lado, la mayoría de los piquetes sí fueron a privados, como terminales de ómnibus, establecimientos rurales y plantas industriales.
“Esto ha funcionado en la medida que no ha habido ocupaciones que duren más que unas horas, por más que el 90% espere a que llegue la policía para desocupar. Los sindicatos saben que está prohibido, lo llevan como medida meramente para forzar una negociación. Hoy este procedimiento está pacíficamente aceptado en el mundo sindical”, dice el jerarca Torres.
Tampoco el PIT-CNT lo ha llevado como plataforma a los partidos. Daniel Diverio, líder del Sindicato de la Construcción (Sunca), asegura que “la aplicación de la LUC no resolvió que haya menos ocupaciones” y defiende la herramienta como extensión de su derecho a huelga. “Se intentó derogarla porque recorta libertades sindicales”, justificó este dirigente que ya está en retirada de la vida sindical y que no descarta reintroducir el tema en caso de salir electo diputado por Canelones del Partido Comunista.
Ocupación de COFE en el Ministerio de Trabajo
Ocupación de COFE en el Ministerio de Trabajo
Foto: Inés Guimaraens
José Lorenzo López, vicepresidente de la central y titular de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), reitera que para ellos ocupar es parte del derecho constitucional a hacer huelga: “Por más que está plasmado en la ley, nosotros ocupamos el Ministerio de Trabajo hace pocos días; el miércoles nuestro sindicato ocupó el directorio del INAU; en el sector público las medidas para el desalojo ya vienen desde antes de la LUC y la medida nunca se dejó de tomar”.
El senador frenteamplista Eduardo Brenta, exministro de Trabajo, asegura que “los piquetes y las ocupaciones han sido un hecho completamente marginal” y que “el artículo de la LUC no opera obviamente ningún impedimento para nadie”.
Desde la Cámara de Industrias, sin embargo, no dan “por terminado” el asunto, porque a entender del vicepresidente Gabriel Murara sigue habiendo “una violación de la propiedad privada con las ocupaciones y una afectación al trabajo de otros”. El empresario rebate que “no es un proceso muy ágil el que se terminó implantando”: “Si te ocupan un viernes de tarde, hasta el lunes no tenés ninguna chance, por ejemplo”.
Julio César Lestido, referente de la Cámara de Comercio y Servicios, afirma que “todos los derechos tienen que estar en el mismo nivel”: “Como empresario no me puedo oponer a derecho de huelga y la huelga no me puede impedir que yo trabaje. Yo los respeto. (...) No le quiero imponer nada a nadie, ni que nadie me imponga a mí. (...) Mi libertad termina cuando comienza la libertad del otro”.
