La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) volverá a estar en el centro de la discusión política porque la Cámara de Diputados va a aprobar una nueva comisión investigadora. Al igual que en 2017, a impulso de la oposición los legisladores volverán a poner el foco en el principal prestador de salud del país pero con algunas diferencias.
En 2017 la oposición logró aprobar una comisión investigadora en el momento en el que el exdiputado Gonzalo Mujica decidió renunciar al Frente Amplio y durante casi un año actuó como independiente. Eso hizo que el entonces oficialismo perdiera la mayoría parlamentaria y la oposición lograra aprobar la investigadora.
En aquella comisión, los entonces diputados Martín Lema (Partido Nacional) y Eduardo Rubio (Unidad Popular) lideraron las actuaciones que detectaron distintas irregularidades entre las que se destacan conflictos de interés detectados por la contratación de servicios de ambulancias en el interior del país.
Esa investigadora, además, generó que el entonces presidente Tabaré Vázquez removiera a todo el directorio de ASSE luego de que se conociera que el vicepresidente Mauricio Ardús había contratado para su despacho a la novia de su hijo.
Sin embargo, cuando la oposición quiso extender el plazo para seguir investigando, el entonces oficialismo, que había recuperado la mayoría porque Mujica había dejado la banca, se negó y un año después de haber comenzado se cerraron las actuaciones.
En esta ocasión, sin embargo, tanto oficialismo como oposición pretenden investigar la gestión de ASSE pero con foco en distintos momentos.
Durante el período pasado el Frente Amplio apuntó en varias oportunidades contra ASSE. Por un lado cuestionaban las contrataciones del organismo al Círculo Católico, donde hasta antes de asumir había trabajado el por entonces presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, y por otro siguieron muy de cerca las compras realizadas a la empresa de traslados ITHG.
A tal punto que el directorio actual terminó presentando una denuncia contra el anterior por esas compras y por los convenios desarrollados con el CASMU y el Círculo Católico.
Poco después de que El Observador informara de las intenciones del actual directorio, la oposición contraatacó y planteó la moción para conformar una comisión investigadora. El objetivo, dijeron los legisladores, es investigar lo que la anterior investigadora no pudo por falta de tiempo y además comparar las contrataciones realizadas por el directorio pasada con las que hizo el de 2015-2020.
A ese menú suman también la situación de Álvaro Danza, actual presidente, que durante los primeros meses de gestión se desempeñó al mismo tiempo en el sector público y privado. Luego de meses de discusión, del pronunciamiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública y de dos interpelaciones, Danza renunció a las horas en el sector privado.
Sin embargo, la oposición quiere volver a abordar el tema con el foco puesto sobre una partida salarial en particular que cobró Danza durante este tiempo. La preinvestigadora sesionó este jueves y el lunes se presentarán los informes finales.
En el oficialismo entienden que la oposición busca volver a trabajar sobre temas ya laudados: algunos por la investigadora de 2017 y el caso Danza por las interpelaciones y la decisión de él de dejar el sector privado.
Sin embargo, también tienen interés en crear una investigadora para poner el foco en la gestión Cipriani. Si bien todavía no hay una definición de cuál va a ser la postura final (si acompañarán la que impulsa la oposición o si presentarán una moción propia), sí están de acuerdo con crear un ámbito parlamentario con ese fin.
Por lo tanto, la Administración de Servicios del Estado volverá a ser el centro de la discusión política.
