El presidente de la República, Yamandú Orsi, dijo que la decisión de dar marcha atrás en la inclusión de más casos en los que presos podrían pedir la libertad anticipada —y que forma parte de la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) que pretende hacer el gobierno— responde a las "reacciones encontradas" o el "rechazo" que generó la medida.
Tras participar en el lanzamiento de la empresa Tigo, que desembarcó en Uruguay luego de adquirir la operativa de Movistar en el país, el presidente sostuvo en rueda de prensa que será el Parlamento quien haga los cambios pertinentes al proyecto de ley de la reforma del CPP.
"En realidad, lo va a hacer el Parlamento", respondió al ser consultado sobre la "marcha atrás" del gobierno.
"Creo que el Senado va a sacar esa parte de un proyecto que es bastante más grueso, más pesado, porque generó reacciones encontradas o, por lo menos, rechazo", aseguró.
Y agregó que, si los legisladores de su partido consideran —"y por supuesto los de la oposición"— que es "inconveniente incorporar eso, o sea, sacar las excepciones que existían", entonces hay que ser "respetuoso".
"Uno tiene que ser respetuoso, porque, en definitiva, este proceso pasa por el Parlamento y lo vota el Parlamento", sostuvo Orsi.
Uno de los artículos del proyecto de ley que envió el Ejecutivo al Parlamento incluye modificaciones sobre los casos en los cuales una persona privada de libertad puede solicitar acceder a la libertad anticipada.
Con la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC), se había quitado la posibilidad de que personas privadas de libertad por varios delitos graves y sexuales accedieran a la libertad anticipada.
Ahora, sin embargo, el gobierno buscaba restituir la situación a lo que existía previo a la aprobación de la LUC y fijar que las personas procesadas por esos delitos que se habían excluido pudieran solicitar la libertad anticipada, siempre y cuando hubiesen cumplido con tres cuartas partes de la pena y se dieran una serie de condiciones (aval de un juez, informe del Instituto Nacional de Rehabilitación, entre otros).
La decisión de realizar estos cambios despertó críticas de la oposición —que acusó al gobierno de pretender liberar presos—, pero también de organizaciones de familiares de detenidos y desaparecidos durante la dictadura, porque entre los delitos que se volvían a restituir estaban aquellos de lesa humanidad.
Cardama y patrullas rápidas
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Archivo, astillero Cardama previo a la construcción de las OPV
Cardama Shipyard
El presidente se refirió a otros temas, como la decisión de rescindir el contrato con el astillero español Cardama para la compra de dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional, que se habían acordado en el gobierno pasado.
Orsi aseguró que el gobierno está buscando la forma de adquirir las patrullas, priorizando los "acuerdos Estado a Estado", para evitar situaciones como la que desencadenó la firma del contrato con el astillero.
El mandatario aseguró, como ha dicho en otras ocasiones, que el gobierno está en conversaciones con "por lo menos" tres Estados.
Sobre lo construido hasta el momento que permanece en el astillero en Vigo, el presidente dijo que hay que tasar las piezas y ver qué se puede hacer con ese material.
Mientras tanto, sostuvo que se busca adquirir "lanchas rápidas para patrullaje costero y del río Uruguay". Y que, en eso, el gobierno viene "bien".
Sobre la oferta de la Guardia Costera estadounidense, Orsi dijo que "eso está más lento" porque se trata de un buque que ya no está operativo (fabricado en 1968 y reformado en los noventa) y sobre el cual habría que "invertir mucho" para poder "levantar".
"Vamos a seguir analizando, si tenemos los recursos porque creo que salía 12 millones de dólares, para levantar algo que está bastante antiguo, veremos si nos conviene. Los técnicos de la Armada serán los que tienen que decir", dijo.
