Varios acreedores presentaron ante la Justicia concursal una denuncia de insolvencia y solicitaron este viernes la declaración de concurso necesario de las sociedades InverAgro S.A.S., Silveira Administraciones S.A.S., Silveira Haciendas S.R.L. y su responsable, Rodrigo Silveira Navarrete. Se trata de uno de los últimos fondos ganaderos que quedan en pie.
El juicio ingresó en el juzgado concursal de 1er Turno a cargo del juez Leonardo Méndez, quien ya tramita el concurso de Conexión Ganadera. Antes de resolver, el juez deberá darle traslado a la empresa para que conteste y tiene un plazo de diez días.
Los demandantes que son clientes de la empresa argumentan que estas entidades operan como un conjunto económico único que ha incumplido sistemáticamente la devolución de capital e intereses derivados de múltiples contratos de inversión ganadera.
En el escrito, al que accedió El Observador, afirman que la situación financiera es crítica, y se demuestra por la clausura de cuentas bancarias y el libramiento de cheques sin fondos por parte de los deudores.
Ante el riesgo de pérdida de activos, los inversores reclaman un embargo genérico por un monto de US$ 1.500.000 para proteger sus derechos, afirman los clientes representados por varios estudios jurídicos y abogados que son Graciana Abelenda, Bragard Abogados, Juan Pablo Decia, Dotta y Esponda, y Orihuela.
El escrito judicial detalla que los incumplimientos no son casos aislados, sino que reflejan una incapacidad estructural del grupo para honrar sus compromisos financieros.
Afirman que Rodrigo Silveira actúa como el centro de decisión único, representando a todas las sociedades y decidiendo indistintamente a qué cuentas bancarias ingresan los fondos, independientemente de qué sociedad firme el contrato.
El negocio se ofrece bajo una misma estructura comercial ("Silveira Agronegocios" o "Bono Ganadero"), y las sociedades resultan intercambiables para la operativa de captación de fondos.
Señalaron que todas las sociedades operan y han mudado sus domicilios de forma conjunta, compartiendo la misma ubicación física y los mismos canales electrónicos de contacto.
Los damnificados denuncian que las empresas han cesado el cumplimiento regular de sus compromisos frente a una pluralidad de inversores. Existen múltiples créditos (capital e intereses/beneficios) que no han sido abonados en los plazos estipulados, superando largamente los tres meses de mora.
Los acreedores destacan que el grupo no ha podido cancelar deudas de montos relativamente bajos (entre US$ 2.000 y US$ 4.000), lo cual consideran una prueba "meridianamente clara" de su insolvencia.
También presentaron pruebas de que múltiples cheques entregados en acuerdos de pago anteriores fueron devueltos por falta de fondos por las instituciones bancarias.
El escrito menciona que existen presunciones legales de insolvencia de acuerdo a información objetiva del Banco Central del Uruguay (BCU) que da cuenta de que Rodrigo Silveira figura con sanción de clausura de sus cuentas corrientes en el sistema bancario desde el 31 de mayo de 2026. Agregan que en la Central de Riesgos del BCU, Silveira aparece en Categoría 3, lo que indica una capacidad de pago comprometida y dificultades importantes para cumplir con sus deudas.
Además de la falta de pago, los acreedores señalan que las sociedades han fallado en sus deberes de gestión y transparencia. "A pesar de haber sido intimadas por acta notarial, las deudoras no han informado sobre el estado, sanidad, pesaje ni localización del ganado que supuestamente garantizaba las inversiones", señalan.
Tampoco se han entregado los vales ni se han ejecutado los fideicomisos de garantía previstos contractualmente.