A pesar de que faltan peritos, 41% de los informes técnicos judiciales son hechos para la Fiscalía
El Poder Judicial, al tiempo que reclama que está sobrecargado de trabajo y le faltan funcionarios y recursos, debe pagar cada año más de $ 63 millones a funcionarios que prestan servicios en otras dependencias estatales, ya que fueron pedidos en comisión.
En su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, pidió “limitar los pases en comisión de determinados profesionales que afectan gravemente el servicio”.
“Adviértase que, ya que nos faltan defensores de oficio, actuarios y técnicos que hemos solicitado en varias instancias presupuestales, se nos privan de muchos de ellos y pagamos la suma de $ 41.806.849 por concepto de sueldos de técnicos que no tenemos a disposición del servicio. Si a eso le sumamos el personal administrativo en comisión la cifra asciende a $ 63.077.354. Dicha suma es el equivalente a lo que cuesta instalar un juzgado de género en una sede propia del Poder Judicial”, dijo Pérez ante los legisladores.
La comparación realizada por Pérez no es casual. La Suprema Corte pidió que en el presupuesto se crearan 24 nuevos juzgados de género para poder cumplir con la normativa vigente. Apenas le fue otorgado uno, que se crearía recién en 2027.
De momento, tampoco el pedido de limitar los pases en comisión ha sido contemplado en el proyecto presupuestal enviado por el Poder Ejecutivo.
Según datos obtenidos por El Observador, hoy hay cinco defensores de oficio trabajando en otras dependencias públicas. Cuatro de ellos cumplen tareas de secretaría en la Cámara de Representantes. Al mismo tiempo, la asociación de los defensores de oficio reclama por lo que entienden es una sobrecarga laboral que les impide cumplir su tarea de la mejor manera.
En total, el Poder Legislativo tiene en comisión 14 funcionarios judiciales, además de otro en la oficina del Comisionado Parlamentario para el sistema carcelario. La Presidencia de la República tiene siete.
Pérez también se refirió a las carencias presupuestales que obligan a pagar salarios más bajos que lo que se debería.
Según informó días atrás Telemundo, muchos cargos técnicos presupuestados no logran ser llenados en el Poder Judicial por ausencia de postulantes.
Al momento hay 16 cargos de psiquiatras vacantes, diez en Montevideo y seis en sedes del interior (Melo, Fray Bentos, Maldonado, Rocha, Chuy y Mercedes).
También hay cargos vacantes de psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses.
“Los salarios no son atractivos”, dijo el presidente de la Suprema Corte, John Pérez, entrevistado días atrás en el programa Desayunos Informales. Ante los legisladores agregó que el “personal calificado” del Poder Judicial “suele irse a otros ámbitos donde los salarios son mucho mejores”.
Un psiquiatra en el Poder Judicial gana $ 142.546 con todo concepto, lo que equivale a un sueldo líquido de $ 98.702. El salario de un psicólogo es de $ 112.256 , lo que da un líquido de $ 81.552. Los cargos son de 40 horas semanales.
Además de los cargos presupuestados vacantes, están los puestos que se reclaman crear y hoy no existen. Para psiquiatras, por ejemplo se piden 11 cargos para las siguientes sedes judiciales: Dolores, Trinidad, San José, Libertad, Toledo, Pando, Las Piedras, Florida, Treinta y Tres, Durazno y Rio Branco.
Estas carencias se agravan porque los peritos del Poder Judicial también trabajan para la Fiscalía. Según cifras oficiales de la Suprema Corte, el 41,1% de las pericias que realizaron los técnicos del Poder Judicial en lo que va de 2025 fueron hechas para la Fiscalía. Hasta el 23 de setiembre, los técnicos judiciales habían realizado 23.547 pericias para los fiscales y otras 146 para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Para las propias sedes judiciales se llevan realizadas en el año 33.502 pericias.
Hoy el Poder Judicial se lleva apenas el 1,09% del presupuesto nacional. Si se le dieran todo lo que pide la SCJ se llegaría a 1,4%
“No basta con la independencia normativa, se requiere suficiencia financiera para que el Poder Judicial pueda trabajar sin depender del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en aspectos básicos. Asignaciones insuficientes colocan al Poder Judicial en una situación de dependencia presupuestal que erosiona la separación de poderes, principio esencial del Estado de Derecho”, dijo Pérez ante los legisladores.
El presidente de la Suprema Corte agregó que el presupuesto enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo “una vez más, como ha acontecido a lo largo de la historia, no contempla ni dota de los recursos necesarios para que el Poder Judicial pueda desarrollar eficazmente su gestión. Adviértase que de la totalidad de los rubros pretendidos, sólo se ha hecho lugar a un 6,5% del total peticionado”.
Pérez criticó que el presupuesto prevea “la interconexión de diversos sistemas operativos del Poder Judicial y el Banco Central del Uruguay”, sin otorgar los recursos necesarios para ese objetivo.
“Esto determina un gasto extraordinario para el Poder Judicial, para el que no existe dotación presupuestal específica (…) Esa interoperabilidad determina que el Poder Judicial tenga que modificar sus sistemas y por consiguiente deba invertir la suma de $ 2.651.417 para poder dar cumplimiento a las normas propuestas”.
El magistrado agregó que el presupuesto “evidencia un desbalance significativo en los recursos destinados a la Fiscalía General de la Nación y al Poder Judicial en comparación con el Ministerio del Interior, lo que podría generar tensiones y desafíos para el sistema de justicia en su conjunto. En efecto, a partir del año 2027 el Ministerio del Interior recibirá aproximadamente diez veces más recursos incrementales que la Fiscalía y el Poder Judicial sumados. Tal extremo conllevara, que de mejorarse la persecución delictiva se produzca una sobrecarga del sistema sin que ambos integrantes del sistema judicial tengan los recursos necesarios para afrontar el crecimiento de la demanda, por ejemplo, por la escasez de jueces y defensores”.
Advirtió que esa situación “conlleva a aumentar aún más las barreras de acceso a la justicia y limitar la eficiencia de la persecución penal”.
Pérez concluyó que hoy “no se conceden los recursos imprescindibles para prestar de forma adecuada, aunque sea mínimamente las tareas que le ha asignado la ley a la justicia”.
