El presidente del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), Esteban Vieta, respaldó la iniciativa del diputado del Partido Nacional Diego Echeverría para fortalecer la fiscalización del organismo, pero marcó diferencias con la propuesta de financiar esos cambios mediante una reasignación de recursos del Instituto Nacional de Colonización (INC).
En una declaración difundida este miércoles a través de sus cuentas de redes sociales, Vieta agradeció la iniciativa del legislador nacionalista, que propone incorporar fiscalizadores en los 19 departamentos del país y destinar unos $ 40 millones anuales a financiar sus tareas, con fondos que actualmente están previstos para la compra de tierras de Colonización.
"Valoro y agradezco la iniciativa del diputado Diego Echeverría, que demuestra una preocupación compartida por el fortalecimiento del Instituto Nacional de Bienestar Animal", expresó Vieta en un comunicado que aclaró que realizó a título personal. Sin embargo, el jerarca planteó reparos al mecanismo de financiamiento propuesto por Echeverría.
"Entendemos que este fortalecimiento debe alcanzarse mediante soluciones sostenibles, sin afectar los recursos ni las competencias de otros organismos del Estado", señaló.
La propuesta de Echeverría para reforzar el INBA
El diputado blanco presentó una minuta de comunicación que propone que el INBA cuente con al menos un fiscalizador en cada departamento, frente a la situación actual en la que el instituto dispone de apenas ocho inspectores para todo el territorio nacional.
La iniciativa establece que los nuevos puestos se cubran mediante la transformación de cargos vacantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), mientras que los recursos para financiar las tareas de fiscalización provendrían de una partida destinada a la compra de campos del Instituto Nacional de Colonización.
El legislador cuestionó el uso de los recursos de Colonización y mencionó, entre otras operaciones, la compra de la estancia María Dolores por US$ 32,5 millones.
"Están reventando en campos y, sin embargo, no tenemos como país recursos para el bienestar animal", afirmó Echeverría al defender su propuesta.
El proyecto prevé una asignación anual de aproximadamente $ 40 millones para movilidad, combustible, viáticos, equipamiento, comunicaciones, tecnología y capacitación de los fiscalizadores.
Para fundamentar su iniciativa, el diputado citó declaraciones que el propio Vieta había realizado a El Observador el pasado 30 de julio, cuando advirtió sobre la falta de personal para atender las denuncias de maltrato animal.
"Resulta imposible ser eficientes con tan pocas personas", había señalado entonces el presidente del INBA, al explicar que cinco funcionarios cubrían Montevideo y Canelones, mientras que otros tres debían atender los restantes 17 departamentos.
Vieta apuesta al trabajo multipartidario en el Parlamento
En su declaración, Vieta también manifestó su respaldo al trabajo que desarrolla la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal de la Cámara de Representantes, donde legisladores de distintos partidos políticos trabajan en modificaciones institucionales para el INBA.
"Respaldo el trabajo que viene desarrollando la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal de la Cámara de Representantes, donde legisladores de distintos partidos políticos avanzan en la transformación institucional del INBA, contemplando precisamente el fortalecimiento de sus recursos humanos y su presencia en todo el territorio nacional", expresó.
De esta manera, el presidente del organismo coincidió con Echeverría en la necesidad de ampliar la capacidad de fiscalización y la presencia territorial del instituto, aunque planteó que esa transformación no debería realizarse a costa de las partidas presupuestales de otras dependencias estatales.
"El bienestar animal debe ser una política de Estado, construida sobre el diálogo, los consensos y el compromiso de todos", concluyó Vieta.
La propuesta de Echeverría fue presentada mediante una minuta de comunicación debido a que la Constitución reserva al Poder Ejecutivo la iniciativa en materia presupuestal. Por tanto, el planteo no implica una modificación legal inmediata, sino que busca que el gobierno remita al Parlamento un proyecto que permita concretar los cambios propuestos.