18 de noviembre de 2026 14:22 hs

El diputado del Partido Nacional Diego Echeverría presentó una minuta de comunicación para fortalecer las capacidades de fiscalización del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), que propone contar con al menos un fiscalizador en cada uno de los 19 departamentos y redirigir unos $ 40 millones anuales desde el Instituto Nacional de Colonización (INC) para financiar sus tareas.

Según relató el legislador, la iniciativa busca que el instituto tenga más recursos para atender denuncias de maltrato y abandono animal, realizar inspecciones y actuar ante problemas como los ataques de perros a majadas. Para eso, plantea cubrir los nuevos puestos mediante la "transformación" de cargos vacantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y reasignar recursos presupuestales que actualmente están destinados al INC.

"Hay que hacer algo con el Instituto Nacional de Bienestar Animal para que tenga facultades reales. Un instituto que fue un saludo a la bandera, sin recursos, sin personal, no va a servir para solucionar los temas de maltrato animal, los problemas de las jaurías con las majadas en los campos", sostuvo Echeverría al presentar la propuesta. El legislador también explicó que la intención es financiar los cambios con recursos que "ya están dentro del Estado, reasignándolos, administrando mejor".

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"Proponemos que los recursos necesarios para cumplir bien su función vengan de las asignaciones del Instituto Nacional de Colonización, que ha demostrado una y otra vez cómo ha gastado los dineros públicos", cuestionó.

En ese sentido, mencionó la compra del campo María Dolores, por US$ 32,5 millones, y otra adquisición de una estancia por US$ 2,5 millones. Sobre esto, agregó: "Están reventando en campos y, sin embargo, no tenemos como país recursos para el bienestar animal".

Un fiscalizador por departamento

Uno de los principales puntos de la propuesta es establecer por ley que el INBA tenga al menos un fiscalizador "con asiento habitual y desempeño efectivo" en cada departamento del país. El proyecto define al fiscalizador como el funcionario encargado de realizar "tareas de inspección, constatación de hechos, documentación y diligenciamiento de denuncias".

En la exposición de motivos del proyecto, se citan declaraciones del 30 de julio del presidente del INBA, Esteban Vieta, a El Observador en donde Vieta relata que actualmente el INBA solo dispone de cinco funcionarios para Montevideo y Canelones y otros tres para los 17 departamentos restantes. Sobre esto, el presidente del instituto había dicho: "Resulta imposible ser eficientes con tan pocas personas".

En esa misma entrevista, al referirse a las dificultades para atender las denuncias de maltrato y los ataques a animales de producción, añadió: '¿Qué respuesta podemos dar así, más allá del esfuerzo que ellos hacen? No pueden, no podemos con todo'."

La iniciativa también fija plazos para implementar esa cobertura. En los primeros 90 días desde la eventual entrada en vigencia de la ley, el MGAP y el INBA deberían elaborar un diagnóstico que detalle cuántos fiscalizadores hay en cada departamento, cuántas denuncias recibieron y cuántas quedaron pendientes durante los 12 meses anteriores. A partir de ese relevamiento, el ministerio debería determinar cuántos puestos adicionales se necesitan y establecer un cronograma para cubrirlos. El objetivo de contar con un fiscalizador en cada departamento debería cumplirse dentro de los 12 meses posteriores a la publicación del plan.

Para financiar los cargos, Echeverría propone reasignar vacantes del propio MGAP. El articulado también establece que no podrán utilizarse cargos "cuya transformación comprometa" funciones esenciales del ministerio, como sanidad animal, inocuidad alimentaria, trazabilidad, vigilancia epidemiológica y control de frontera. Tampoco podrán afectarse puestos incluidos en concursos o procesos de ascenso ni aquellos que comprometan derechos de los funcionarios.

Los $ 40 millones y la reasignación desde Colonización

El segundo componente central de la propuesta es asignar al INBA una partida anual equivalente a 6.226.941 unidades indexadas. Según la exposición de motivos del proyecto, ese monto representa aproximadamente $ 40 millones anuales —$ 2.100.000 asignados a cada departamento— a valores de enero de 2026.

El dinero estaría destinado exclusivamente a financiar las tareas de fiscalización territorial; podría utilizarse para "movilidad, combustible, viáticos, equipamiento, comunicaciones, tecnología y capacitación". Echeverría propone que esos recursos salgan de una partida del presupuesto del INC destinada a la "compra de campos".

El proyecto establece, además, que el MGAP deberá presentar anualmente ante la Asamblea General un "informe con información desagregada por departamento" que tendrá que incluir la cantidad "de fiscalizadores en desempeño efectivo y los mecanismos de suplencia; las denuncias recibidas, diligenciadas, concluidas y pendientes; los plazos de respuesta; las inspecciones y actuaciones iniciadas de oficio; las medidas dispuestas y sanciones aplicadas".

Al tratarse de una minuta de comunicación —mecanismo utilizado porque la Constitución reserva al Poder Ejecutivo la iniciativa en materia presupuestal—, el texto no tiene fuerza de ley por sí mismo, sino que expresa la voluntad de la Cámara de Representantes para que el gobierno envíe el proyecto correspondiente al Parlamento.

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