"Mi posición es clara: no considero que prohibir determinadas razas constituya, por sí solo, una respuesta adecuada para proteger a la sociedad", escribió en una carta de cinco páginas, a la que accedió El Observador, en la que aclaró que sus consideraciones fueron formuladas a título personal.
Vieta argumentó que existen perros mestizos que pueden presentar comportamientos de riesgo similares a los de determinadas razas y, a la inversa, ejemplares de esas razas que nunca han manifestado conductas agresivas.
Para fundamentar su posición, citó una investigación publicada en la revista científica Science en 2022, basada en información de más de 18.000 perros, que encontró que la raza explicaba aproximadamente el 9% de la variación conductual individual estudiada. "No podemos declarar peligroso a un perro solamente por su raza, ni considerar seguro a otro simplemente porque no integra una lista", afirmó.
La propuesta del INBA: perros de especial manejo, bozal obligatorio y posibles seguros
Más allá de la posición personal de su presidente, el Consejo Directivo Honorario del INBA remitió el pasado 12 de octubre a la Comisión Especial de Tenencia Responsable y Bienestar Animal de Diputados una propuesta de modificación del artículo 10 de la Ley 18.471.
El planteo propone sustituir la denominación "Perros Potencialmente Peligrosos" por "Perros de Especial Manejo" (PEM) y establecer un sistema de clasificación individual basado en criterios técnicos.
Según el texto presentado al Parlamento, ingresarían en esa categoría los animales que, por sus antecedentes de agresión, comportamiento o características individuales, representen un riesgo relevante para las personas u otros animales.
La clasificación no podría realizarse exclusivamente por la raza y debería establecerse mediante una resolución administrativa fundada del INBA.
Entre las principales medidas propuestas se encuentran:
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Bozal y correa obligatorios: los perros clasificados como de especial manejo deberán utilizar bozal, collar o arnés y correa de seguridad cuando permanezcan o circulen por espacios públicos.
Registro obligatorio: el INBA llevará un registro de estos animales y de sus responsables, procurando utilizar los sistemas de identificación existentes.
Seguros de responsabilidad civil: el Poder Ejecutivo podrá exigir su contratación en determinados casos, según criterios objetivos de riesgo y disponibilidad de cobertura.
Mayores exigencias para los dueños: deberán garantizar condiciones adecuadas de alojamiento, contención y circulación, además de impedir que los animales salgan sin control a espacios públicos o propiedades de terceros.
Fiscalización y sanciones: el incumplimiento de las obligaciones podrá derivar en las sanciones previstas en la normativa vigente, considerando la gravedad de la infracción y la reincidencia.
La propuesta también contempla que el INBA pueda disponer medidas preventivas cuando constate situaciones de riesgo, incluso antes de que finalice el procedimiento administrativo para clasificar al animal.
El texto sugiere que, de aprobarse la reforma, el Poder Ejecutivo tenga 180 días para reglamentarla. Los responsables de los perros clasificados contarían con 90 días desde la puesta en funcionamiento del registro y la correspondiente notificación para cumplir con las obligaciones registrales.
Se trata, por ahora, de sugerencias técnicas remitidas al Parlamento y no de disposiciones ya aprobadas.
La diferencia con la Academia Nacional de Medicina
La posición del presidente del INBA contrasta con el planteo que realizó días atrás la Academia Nacional de Medicina, que reclamó medidas legislativas para restringir determinadas razas. El cirujano José Pedro Perrier, tesorero de la academia e integrante del grupo de trabajo que analizó el problema, había explicado a El Observador que existen razas que "producen lesiones mucho más graves" que otras.
En ese sentido, consideró que "deberían ser no autorizadas o evitar que se reprodujeran para evitar las lesiones graves en los seres humanos".
La academia sostuvo en las conclusiones de un conversatorio publicado el 9 de octubre que impedir la presencia de determinadas razas y evitar la reproducción de los ejemplares existentes podría contribuir a reducir las lesiones graves y las muertes provocadas por ataques.
Para respaldar su posición, citó un relevamiento de 12 muertes por mordeduras de perros de raza conocida ocurridas en Uruguay desde 2012. Según ese documento, nueve de los casos correspondían a pitbulls.
También señaló que, de los 21 países analizados en su informe, todos incluían prohibiciones para los pitbulls, mientras que 16 establecían restricciones para el dogo argentino, el fila brasileño y algunas variedades de terrier.
La postura de Vieta se aproxima, en cambio, a la expresada en 2018 por la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República, la Sociedad de Medicina Veterinaria y la Academia Nacional de Veterinaria.
Estas instituciones habían sostenido que "si bien existen diferencias en la frecuencia de razas implicadas en eventos de agresividad canina, la raza no es un factor determinante de la misma".
Por ese motivo, habían planteado que no debería prohibirse ninguna raza y que la prevención debía contemplar otros factores vinculados al comportamiento y la tenencia de los animales.
Dos niños muertos y más de 4.500 mordeduras en un año
En su carta, Vieta hizo especial hincapié en la gravedad de las cifras de ataques registradas en Uruguay. Según los datos del MSP citados por el jerarca, las mordeduras pasaron de 1.666 en 2021 a 4.561 en 2025, un crecimiento del 173,8% en cuatro años.
Además, recordó que durante 2025 murieron dos niños como consecuencia de ataques de perros: uno de cinco años en Tacuarembó y un bebé de 13 meses.
"Un ataque puede durar segundos. Sus consecuencias pueden durar toda una vida", advirtió.
El presidente del INBA sostuvo que la respuesta del Estado debe concentrarse en prevenir los ataques antes de que ocurran y no limitarse a intervenir una vez que se produce una tragedia.
También planteó que la legislación debe contemplar la posibilidad de restringir temporal o definitivamente la tenencia de animales a determinados responsables, una medida ya prevista en el régimen vigente.
El reclamo de más recursos para fiscalizar
Vieta advirtió que una reforma legislativa será insuficiente si no está acompañada de recursos que permitan controlar su cumplimiento. "No alcanza con aprobar nuevas obligaciones si después el Estado carece de los recursos humanos, técnicos y operativos necesarios para fiscalizarlas", señaló.
En ese sentido, reclamó fortalecer la capacidad de actuación del INBA y su coordinación con las intendencias, el Ministerio del Interior y las autoridades sanitarias.
El jerarca también reconoció las iniciativas legislativas impulsadas por representantes de distintos partidos, entre ellos Nibia Reisch, Felipe Schipani, Javier Umpiérrez y Pedro Bordaberry, y destacó el trabajo de la comisión parlamentaria presidida por la diputada frenteamplista Cecilia Badín.
Su planteo es que el Parlamento avance hacia una legislación que permita identificar perros de riesgo, controlar las condiciones de tenencia y responsabilizar a quienes incumplan las obligaciones. "No se trata de castigar animales por lo que podrían hacer. Se trata de exigir a sus responsables las medidas necesarias para evitar que hagan daño", afirmó.
Y cerró su posicionamiento subrayando que "proteger a la sociedad no es prohibir razas: es prevenir ataques, exigir responsabilidades y hacer cumplir la ley".
