El Sindicato de Trabajadores del INAU presentó una petición formal ante la dirección de la institución para que se abra una investigación administrativa por "presuntas irregularidades" en la contratación de proveedores, ante la posibilidad de que existan situaciones de "nepotismo" y "conflicto de intereses".
El documento, al que tuvo acceso El Observador, resumen una lista de proveedores en los que los trabajadores entienden que podría haber contratación de familiares y allegados de la directora departamental. Entre el listado se encuentran servicios de almacén, tienda de artesanías, rotisería, provisiones, y farmacia.
La situación llegó a oídos del sindicato después de que algunos proveedores locales hicieran llegar su malestar. Los trabajadores en el departamento aseguran que varios de los proveedores del CAIF Karen son allegados de la directora departamental, Aldana Antúnez. El CAIF está sin comisión administradora y de manera temporal está siendo administrado por el INAU. El documento presentado ante la institución dice que "se desconoce si estos (proveedores) manejan precios competitivos y se respetan los procesos".
Antúnez, maestra de profesión, fue referente en las escuelas rurales y estuvo en la dirección de la Escuela 67, de Pueblo Olivera, catalogada en un ranking internacional entre las 10 mejores escuelas del mundo. Llegó al INAU a partir de un pase en comisión en el último trimestre de 2025, después de haber sido edila frenteamplista en la administración anterior.
Los trabajadores del INAU en Salto señalan que se realizan compras en el Barrio Artigas, en La Chacarita, o en Villa Constitución, cuando, según lo que ellos conocen, nunca se habían contratado proveedores de esas zonas más alejadas de los centros del INAU.
José Lorenzo López, presidente del Sindicato del INAU a nivel nacional, dijo a El Observador días atrás que el planteo fue trasladado a las autoridades de la institución. “Pusimos al tanto al directorio para que lo investigue. No tenemos la certeza de que sea así, pero le pedimos que iniciara una investigación para que se dilucide", expresó. El pasado jueves, una delegación del sindicato viajó a Salto para tratar este tema así como otros asuntos vinculados al funcionamiento de los centros del INAU en el departamento y definieron pedir la investigación de manera formal, algo que se concretó este lunes.
El Observador consultó a la directora departamental del INAU en Salto, Aldana Antúnez, quien dijo días atrás que no estaba al tanto de la denuncia, pero que los procesos de contratación se hacen por los "procesos establecidos" y que hay otras personas encargadas de implementarlas. El jueves el sindicato se reunió con ella para informarle las acciones que iban a tomar, pero ante una nueva consulta de El Observador Antúnez no respondió.
“Los hechos referidos podrían constituir una irregularidad, en tanto implicarían utilización de la función pública en beneficio de intereses particulares, en abierta contradicción con los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia y probidad que rigen en la actuación administrativa”, indica el documento presentado por el iNAU.
“De confirmarse irregularidades en los hechos señalados, podrían dar lugar no solo a responsabilidades administrativas y disciplinarios, sino eventualmente a la remisión de antecedentes a la justicia competente, en caso de configurarse ilícitos vinculados al uso indebido de la función pública o conjunción del interés personal y público”, agrega.
Ante esto, el sindicato del INAU pide en el documento presentado ante las autoridades que se abra “la investigación administrativa correspondiente”, que “se identifiquen los vínculos familiares y societarios o personales entre los proveedores y las autoridades con poder de decisión”, que se preserve “toda la documentación vinculada a las contrataciones referidas” y que se investigue “la gestión de compras en el CAIF Karen”.
El Observador consultó a las autoridades del INAU para saber si harían lugar a la petición, pero no obtuvo respuesta.
