El fiscal Enrique Rodríguez pedirá la prórroga de las medidas cautelares contra los exdirectores Jasidakis y Mussio, con el fin de obtener más elementos
La causa de República Ganadera, que tenía de directores a Nicolás Jasidakis y Mauricio Mussio, avanza de la mano de la investigación del fiscal de Delitos Económicos Enrique Rodríguez, quien también tiene el caso de Conexión Ganadera.
Si bien algunos inversores se han quejado de la falta de avances en las indagatorias, fuentes del caso dijeron a El Observador que en los últimos días Rodríguez junto a su equipo han llamado a declarar personas vinculadas a la empresa dirigida por Jasidakis y Mussio.
A partir de la próxima semana, declararán cinco personas y hay otras cinco que ya lo hicieron. Todas ellas eran empleados de República Ganadera o mantenían algún tipo de vínculo tanto con Jasidakis como con Mussio. A su vez, ya prestaron declaración ante sede policial varios escribanos, cuya palabra también es de relevancia para lograr más elementos
Además, la Fiscalía va a pedir que se prorrogue la medida cautelar de cierre de fronteras para Jasidakis y Mussio. Esto se da para que Rodríguez y su equipo tengan más tiempo para lograr reunir elementos a nivel penal.
Por otro lado, en lo que respecta al concurso de acreedores, los directores de República Ganadera propusieron un convenio concursal a los damnificados que son aproximadamente 800.
Ese documento sufrió algunas modificaciones en las últimas semanas, pero el objetivo de fondo es reestructurar la deuda y pagar a los inversores a través de un fideicomiso. El fiduciario es quien deberá administrar los activos, que incluyen ganado, bienes muebles e inmuebles y contratos vigentes.
Con respecto al pago a los damnificados, se propone hacerlo de forma parcial comenzando a partir del quinto año desde que se firma el convenio. El recupero de la deuda, en tanto, sería en el noveno año.
En ese plan, se propone un sistema de cría de ganado bovino con un crecimiento gradual de rodeo y se espera la venta de terneros y vacas de invernada, lo que generaría ingresos para cubrir los costos y pagar a los acreedores.
Hasta el momento, hay 340 personas personas que han demostrado estar de acuerdo con el convenio, según dijo Diego Villanueva, uno de los inversores que promueve dicha salida.
Las personas que integran ese grupo invirtieron alrededor de US$ 42 millones, según transmitieron dichos damnificados a Villanueva. “La lista se empezó a hacer dos o tres semanas, por iniciativa mía y de un par de inversores más que queríamos sondear cómo venía el ánimo”, añadió en diálogo con El Observador.
De acuerdo con su versión, hay damnificados que quieren “poder recuperar” buena parte de lo invertido y saben que “en una liquidación no va a recuperar más del 10%”.
