El fiscal de Lavado Enrique Rodríguez pensaba dedicar el mes de setiembre a la causa de República Ganadera, la más atrasada de las estafas vinculadas a inversiones ganaderas que dejó unos 1.400 damnificados y un pasivo de US$ 95 millones.
Hasta el momento tomó declaración a unas 15 personas, entre contadores y mandos medios de la empresa, recibió informes de la Unidad de Análisis Financiero de Banco Central, de la Secretaría Antilavado y de la DGI. El fiscal también mantuvo una reunión con la síndico, la abogada Zamira Ayul, y conformó un equipo multidisciplinario para que lo asesora en la investigación.
Del conteo primario de los animales que surge del expediente judicial del concurso, el fiscal tomó conocimiento de una faltante de 500 cabezas de ganado, con respecto a los datos aportados por la empresa.
Para esta semana había citado a damnificados pero el fiscal Rodríguez recibió una noticia que volvió a frenar la causa, para disgusto de los damnificados.
El Ministerio de Educación y Cultura revocó la resolución de la fiscal de Corte Mónica Ferrero, por la cual le había concedido al fiscal de Delitos Económicos Alejandro Machado el derecho de abstención en el caso y había obligado a Rodríguez a instruir la investigación.
La decisión del MEC implica que el caso vuelva a Machado, el fiscal que tiene el caso Larrarte y que imputó al titular de esa empresa y recientemente dispuso medidas cautelares de prohibirles salir del país a la pareja de Jairo Larrarte y al último contador que tuvo la empresa.
Presentaron formalmente el acuerdo y hay inversores que proponen comprar créditos a otros
Otra novedad, en el plano del concurso, fue que el viernes se presentó formalmente el acuerdo que ofrece República Ganadera a los inversores para reconvertirse y frenar el concurso.
El objetivo del acuerdo es reestructurar la deuda y pagar a los inversores a través de un fideicomiso. El fiduciario es quien deberá administrar los activos, que incluyen ganado, bienes muebles e inmuebles y contratos vigentes.
El pago a los damnificados se propone hacerlo de forma parcial comenzando a partir del quinto año desde que se firma el convenio. El recupero de la deuda, en tanto, sería en el noveno año.
La empresa tiene plazo para presentar las adhesiones al convenio, que deben superar la mayoría de los inversores, hasta el 30 de setiembre y la síndico tendrá plazo para expedirse y elevar un informe a la jueza sobre la viabilidad del acuerdo hasta el 23 de setiembre.
Por otra parte, según supo El Observador con el objetivo de llegar a la mayoría de los acreedores, como exige la ley concursal, algunos damnificados le ofrecieron a otros que se han expresado en contra del convenio y adelantaron que no darán su aval, a comprarles sus créditos.
