La justicia prorrogó las medidas cautelares contra los directores de República Ganadera, Nicolás Jasidakis y Mauro Mussio, en el marco de la investigación en su contra encabezada por el fiscal de Delitos Económicos Enrique Rodríguez.
A solicitud del fiscal, se extendió el cierre de fronteras para Jasidakis y Mussio por 180 días, con la finalidad de tener más tiempo para lograr reunir elementos a nivel penal.
Si bien algunos inversores se han quejado de la falta de avances en las indagatorias, fuentes del caso dijeron a El Observador que en los últimos días Rodríguez junto a su equipo han llamado a declarar personas vinculadas a la empresa dirigida por Jasidakis y Mussio.
A partir de la próxima semana, declararán cinco personas y hay otras cinco que ya lo hicieron. Todas ellas eran empleados de República Ganadera o mantenían algún tipo de vínculo tanto con Jasidakis como con Mussio. A su vez, ya prestaron declaración ante sede policial varios escribanos, cuya palabra también es de relevancia para lograr más elementos.
El abogado Juan Pablo Decia, representante de varios damnificados de República Ganadera y de las otras empresas del rubro investigadas, dijo a El Observador que Rodríguez no comunicó la decisión a los defensores, y criticó que el fiscal continúa "soslayando los derechos de las víctimas de conocer los avances de la investigación".
Decia también se preguntó "cómo no se ha dictado la formalización" hasta el momento, ya que entiende que existen elementos suficientes como para imputar a los directores por los delitos de estafa y apropiación indebida.
Uno de los elementos en los que sostiene esta postura es el informe de verificación de créditos de República, presentado por la síndico Zamira Ayul, que muestra que la empresa mantiene un pasivo de US$ 95.575.945 contra un activo de US$ 12.776.744.