“Creo no ser ingenua al decir que es poco probable que pueda cambiarse algo de lo que viene de la Cámara de Representantes, porque así se nos lo ha hecho saber”, señaló Morales. Aun así, defendió nuevamente el proyecto presupuestal elaborado por la Corte y sostuvo que refleja las necesidades actuales del sistema judicial.
Uno de los principales reclamos estuvo centrado en la respuesta a la violencia basada en género. El secretario letrado de la Corte, Juan Pablo Novella, señaló que aproximadamente el 30% de los recursos adicionales solicitados por el Poder Judicial tienen como destino esa área.
“Entendemos que ahí es donde más nos está apretando el zapato y es donde se está jugando la vida de mujeres, niños y niñas”, afirmó Novella.
El jerarca insistió en la dimensión que la Corte le asigna al problema: “Como plantearon la presidenta y la secretaria letrada, es donde más estamos apretados y donde la vida de las infancias y de las mujeres corre mayor riesgo”.
Por ese motivo, explicó, cerca de un tercio de los recursos reclamados por el Poder Judicial están vinculados a la atención de la violencia basada en género.
Solo 15% de la población tiene acceso a la institucionalidad especializada
Uno de los principales focos de la exposición estuvo puesto en la respuesta judicial frente a la violencia de género. La secretaria letrada de la SCJ, Gabriela Figueroa, señaló que entre 2013 y 2024 hubo un aumento del 30% de las audiencias y del 42% de las denuncias realizadas en dependencias policiales, mientras que en los casos de violencia sexual el incremento llegó al 64%.
Sin embargo, según los datos presentados por el Poder Judicial, a ocho años de la entrada en vigencia de la ley de violencia basada en género, poco más del 15% de la población cuenta con la institucionalidad especializada prevista por la norma.
La situación de Montevideo fue señalada particularmente por las autoridades: la capital lleva dos presupuestos sin incrementos destinados a fortalecer la respuesta jurisdiccional y durante el año pasado cada juez inició, en promedio, 726 nuevas causas, que se agregaron a los expedientes que ya estaban en trámite.
“La vida de las personas sigue estando en manos de jueces sobreexigidos, que trabajan sin los recursos humanos y materiales necesarios”, advirtió Figueroa.
Actualmente hay juzgados especializados en género en San Carlos, Rivera y Salto. La Corte explicó que consiguió ampliar la estructura mediante la transformación de cargos y la redistribución de sus propios recursos, y que está prevista una nueva dupla de juzgados en el interior para el próximo año.
Morales recordó, además, que Montevideo no cuenta con juzgados especializados de violencia de género y sostuvo que el crecimiento de estos casos requiere también equipos técnicos suficientes para que los magistrados puedan adoptar decisiones.
El 44% de la carga de trabajo está en familia y violencia de género
Novella dimensionó el peso que tienen actualmente estos asuntos dentro del Poder Judicial: familia y familia especializada o violencia basada en género representan alrededor del 44% de la carga de trabajo de la Justicia.
A eso se suma, según dijo, que la participación del Poder Judicial en el presupuesto cayó de 1,09% a 1,06%, su menor nivel de los últimos 15 años.
“Sinceramente, no queremos bajar más. Esta rendición viene con cero peso para el Poder Judicial, cuando la demanda sigue y sigue creciendo, en especial en violencia basada en género”, afirmó.
La Corte había solicitado, entre otras medidas, dos nuevos tribunales de apelaciones de familia, juzgados de ejecución y vigilancia y mayores recursos para las defensorías públicas.
Morales sostuvo que la carga de trabajo de los juzgados de familia y género “ha aumentado exponencialmente” y defendió la necesidad de contar con más tribunales para dar respuesta a los recursos contra las decisiones de primera instancia.
Más del 40% de las pericias del ITF son para Fiscalía
Otro de los problemas planteados está en el Instituto Técnico Forense (ITF), que realiza las pericias necesarias para numerosas investigaciones.
La directora general de la SCJ, Patricia Porley, explicó que el proyecto elaborado por el Poder Judicial proponía crear 17 cargos de psicólogo y ocho de licenciado en Trabajo Social para fortalecer las unidades del ITF en el interior.
“Una pericia que se retrasa es una investigación que se frena y una víctima que aguarda indefensa. El tiempo transcurrido incrementa el riesgo”, sostuvo.
Las autoridades informaron que más del 40% de las pericias realizadas por el ITF están destinadas a la Fiscalía General de la Nación, una demanda que, según la Corte, creció de manera exponencial y obliga a destinar recursos presupuestados para el Poder Judicial a tareas requeridas por otro organismo.
Quince años sin ajustar los gastos de funcionamiento
La SCJ también advirtió que sus partidas generales para gastos de funcionamiento no reciben un incremento general desde hace 15 años.
Morales utilizó una comparación doméstica para explicar el problema ante los senadores: planteó qué ocurriría si una familia tuviera que pagar actualmente sus gastos con el mismo dinero que recibía hace 15 años.
El Poder Judicial aseguró que durante ese período recurrió a reasignaciones internas, renegociación de alquileres, concentración de oficinas y compra de inmuebles para absorber el aumento de costos.
Solo los servicios de limpieza abarcan más de 250 sedes judiciales en todo el país, mientras los contratos aumentan por los ajustes salariales pero las partidas destinadas a financiarlos permanecen prácticamente incambiadas.
Intendencias deben millones de dólares al Poder Judicial
En medio del reclamo presupuestal, Novella puso sobre la mesa otra fuente de recursos que el Poder Judicial tiene dificultades para cobrar: las deudas de varias intendencias por astreintes, las multas diarias que puede imponer la Justicia cuando una institución incumple una orden judicial.
Según afirmó, Canelones debe casi US$ 3 millones y Cerro Largo unos US$ 500.000, mientras que Durazno y Rocha también mantienen deudas importantes.
El problema, explicó, es que el Estado es inembargable y el Poder Judicial no puede ejecutar esos créditos como podría hacerlo con un particular.
“Esa es la trampa al solitario que se hace el propio Estado: nosotros ponemos, pero no podemos cobrar esos créditos”, afirmó Novella.
La Corte incluso planteó la posibilidad de que parte de esas obligaciones puedan saldarse mediante inmuebles o dependencias de las intendencias que actualmente estén sin uso, para destinarlas a nuevas sedes judiciales.
“Muchas veces se crean los cargos, pero no se acompaña con el edificio y no se puede poner a la gente en carpas”, resumió Novella.
“Cada peso retaceado es un retroceso”
Morales cerró su exposición con un llamado al Senado para contemplar las necesidades presupuestales del Poder Judicial, pese a reconocer las escasas posibilidades de modificar el proyecto.
La presidenta de la Corte sostuvo que los recursos reclamados tienen como objetivo garantizar que los ciudadanos puedan acceder a la Justicia en igualdad de condiciones.
“Cada peso que sea concedido solo tiene como fin dotar a todos los ciudadanos, en igualdad de condiciones y sin discriminación del bien inmaterial que significa la justicia”, afirmó.
Y concluyó: “Cada peso retaceado es un retroceso en otorgar ese acceso que nos debe convocar a todos”.
