La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) priorizará mejorar los controles antilavado del dinero que ingresa a la política, tras la operación Trazador que dejó a un asesor de un edil blanco de Montevideo condenado por un delito de lavado de activos.
Pablo Leiva, asesor del edil del Partido Nacional Gonzalo Gómez, fue condenado por un delito de lavado de activos en la modalidad de posesión y tenencia, en reiteración real con un delito de tráfico interno de armas. Otras dos personas también fueron sancionadas.
El asesor en cuestión pagaba facturas en el local de cobranzas de la esposa del exsenador y actual director de la Administración Nacional de Puertos (ANP) por la oposición, Jorge Gandini. La franquicia de la red de cobranzas, a su vez, figura como bien ganancial de la pareja. La Fiscalía de Estupefacientes afirmó que "si surgen nuevos elementos" vinculados a "otras personas" se derivará a la Fiscalía de Lavado de Activos.
Según informó en primera instancia el semanario Búsqueda, desde la Senaclaft se enteraron del caso por artículos de prensa. La titular de la secretaría, Sandra Libonatti, dijo que ya se pusieron a disposición de la fiscal. "Siempre estamos a la orden de los fiscales cuando necesitan investigadores, especialmente contadores o personas con conocimientos técnicos", dijo la jerarca al citado medio y confirmó El Observador.
La Fiscalía en cuestión había solicitado un análisis del celular de Leiva, pero antes de que se enviara el resultado de la pericia el hombre aceptó su responsabilidad y fue condenado por proceso abreviado.
