Grupos en defensa del patrimonio presentaron un recurso contra el Inventario Patrimonial del Centro de Montevideo y Áreas de Proximidad aprobado en mayo por la Junta Departamental, según pudo saber El Observador.
Previsto en el artículo 303 de la Constitución de la República, el colectivo presentó este recurso, con dirección a la Cámara de Representantes, con el objetivo de declarar la anulación del Decreto Departamental N°39085, correspondiente al inventario patrimonial.
Este documento cuenta más de 1.400 firmas, recolectadas en una semana. Según pudo saber El Observador para dar lugar al recurso, el colectivo necesitaba alcanzar las 1.000 firmas.
El recurso expone "omisiones técnicas y jurídicas" en el Inventario Patrimonial del Centro de Montevideo elaborado por la Intendencia de Montevideo.
Según aclaran, la impugnación a este inventario refiere a la "exclusión" de protección contra algunos padrones y no por aquellos que sí resultan protegidos bajo el decreto vigente.
En este sentido, citan como ejemplo algunos lugares del barrio de Ciudad Vieja donde se han catalogado como grado 3 de protección y lo comparan con "numerosos" inmuebles de características, tipología, antigüedad y valor similares a los que actualmente se encuentran "injustificadamente sin protección que impida su demolición en el Centro".
"Esta falta de coherencia vulnera el principio de igualdad ante el derecho a la ciudad y evidencia una omisión técnica que debe ser subsanada para garantizar un tratamiento equitativo del patrimonio arquitectónico a escala urbana", expone el documento, al que accedió El Observador.
Además, señalan la "incorrecta asignación de grados de protección" en diversos espacios y exponen que varios inmuebles fueron demolidos pese a contar con una protección cautelar expresa o formaban parte del proceso de revisión con mérito patrimonial reconocido.
"Su demolición durante la elaboración del inventario constituye una falta institucional grave, y su exclusión definitiva en el catálogo vigente supone una consolidación de un acto contrario a la Constitución y al principio de legalidad", sostienen.
"Habiendo analizado los criterios técnicos, las consideraciones metodológicas utilizadas por la Intendencia para la elaboración del inventario, entendemos que la exclusión de los padrones que aquí se reputan de alto valor patrimonial es ilegítima, y contraria a las normas constitucionales", añaden.
La demolición de un edificio de 18 de Julio y un nuevo reclamo
El recurso presentado por las organizaciones se da luego de que la ONG Patrimonio Activo presentara ante la Justicia una medida cautelar sobre el 23 de junio para detener la demolición de un edificio en la Avenida 18 de Julio donde se construirá una torre de 14 pisos.
La organización argumentaba que se debía proteger el edificio antiguo por su valor patrimonial. Sin embargo, la Intendencia de Montevideo entendía que los cambios urbanísticos en la avenida lo dejaron fuera de lugar y el edificio fue finalmente demolido.
En este caso, la construcción en cuestión era una vivienda de un piso en 18 de Julio 2214 entre Juan Paullier y Acevedo Díaz que databa de finales del siglo XIX, principios de siglo XX.
Pese a que en el pasado se han dado diversos debates con varios edificios, esta situación fue diferente, ya que se dio luego de que la Junta Departamental aprobara el inventario de protección patrimonial.
Además, recientemente esta ONG sumó esta semana un reclamo ante la "inminente" demolición de una vivienda unifamiliar de estilo art Deco en la Av. Julio Herrera y Reissig 510, frente a facultad de ingeniería, en el barrio Punta Carretas.
