La demolición del exClub Naval en agosto de 2019 generó una polémica tal que el por entonces intendente Cristian Di Candia –en reemplazo de Daniel Martínez– escuchó a un grupo de activistas e implementó una medida cautelar que impidió hacer demoliciones, sin autorización, de edificios en el Centro, Cordón y Ciudad Vieja anteriores a 1960.
La intención era que mientras tanto se redactara un inventario sobre esas zonas de Montevideo para establecer los niveles de valor patrimonial de cada uno de los edificios. Organizaciones civiles hicieron un primer inventario y se lo entregaron a la intendencia. A partir de ese, la intendencia hizo el propio, pero nunca se aprobó.
Ahora, más de 60 meses después, la intendencia lo enviará a la Junta Departamental de Montevideo para que dé el paso final y quede activo.
Este miércoles 4 de setiembre, el gobierno departamental hizo una jornada de "intercambio y reflexión hacia un Plan Montevideo 300".
Después de una apertura con el intendente Mauricio Zunino, el director de Planificación Luis Oreggioni y una conferencia del historiador Gerardo Caetano, la Unidad de Protección del Patrimonio presentó el "Inventario Patrimonial del Centro y áreas de proximidad".
"Una gigantesca noticia para Montevideo"
Oreggioni dijo a El Observador que este inventario "es una gigantesca noticia para Montevideo". Afirmó que se presentó este miércoles "por última vez públicamente" y que ya se enviará a la junta.
"Vienen etapas de certidumbre que para nosotros van a permitir que conviva el desarrollo de la continuidad de proyectos de vivienda, en el marco de la ley de vivienda promovida, con la protección patrimonial", sostuvo.
El inventario se hizo con los aportes de diferentes ONG, de la Facultad de Arquitectura y Diseño Urbano (FADU), la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU), y la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (Appcu).
Califica desde el 0 al 4 el nivel de protección patrimonial de sus edificios. Los que tienen 0 o 1 se pueden demoler, mientras que los 2, 3 y 4 no –aunque hay excepciones–.
La comuna dejó disponible el inventario en su web. Allí, además de verse el nivel de protección de cada edificio de la zona evaluada, también hay "tramos" de construcciones del entorno que están protegidas. El resto está en régimen general.
Pero además del Centro, Montevideo tiene una "serie de áreas donde hay protección patrimonial a nivel de barrios", dijo Oreggioni. Son Carrasco y Punta Gorda, Prado y su entorno, Peñarol, Reus Norte, Colón y Pocitos.
También están los "bienes de interés departamental", que es la protección puntual que puede poner un departamento, y los "bienes de interés municipal", que es lo mismo pero a nivel de alcaldías. Luego, a nivel de todo el país, están los monumentos históricos nacionales.
Augusto Alcalde, secretario de la ONG Patrimonio Activo y actual titular de la Dirección Nacional de Catastro, criticó la demora de la intendencia para aprobar este inventario.
Aunque dijo que "algo es mejor que nada", Alcalde consideró que "la generación de inventarios lleva demasiado tiempo" y que se debe avanzar a una protección a nivel departamental, más allá de zonas o inmuebles específicos.
"Hay patrimonio en todo Montevideo y en todo el Uruguay. Si la política va a ser definir zonas como si fueran 'islas' de protección, hay una cantidad de patrimonio que queda expuesto. Tiene que generarse normativa que controle lo que genera valor urbano y lo que no", sostuvo.
Una demolición "indiscriminada"
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Basta de Demoler Montevideo
Mientras no se aprueba el inventario –que pasará a la junta departamental– sigue rigiendo la medida cautelar de Di Candia. Desde Patrimonio Activo entienden que esta protección, aunque temporal, tampoco funciona. Eso es lo que dijo en mayo a El Observador el presidente de la ONG, Erich Schaffner.
"Lo que sucede es que queda a criterio de la intendencia determinar si cada caso en particular tiene valor o no. ¿Y qué ha sucedido? Eso ha dado lugar a que haya una laxitud en cuanto al tratamiento de determinados permisos de construcción y de demolición en el cual se ha entendido que no tienen valor construcciones que sí son de alto valor y se han otorgado permisos de demolición".
En las últimas semanas Schaffner dijo a El País que "la Intendencia está dando permisos de demolición en forma indiscriminada".
Oreggioni, director de Planificación de la intendencia, rechazó estas afirmaciones y puso como ejemplo, para justificar por qué no se toman decisiones indiscriminadas, una demolición que justamente denunció Patrimonio Activo.
Se trataba de una casona art nouveau en Agraciada y esquina 19 de abril. El edificio tenía un nivel 2 en el inventario patrimonial de la comuna, pero de todas formas se aprobó su demolición.
"Si vos la mirás sola dirías: 'ah, bueno, tiene cierto valor'. Pero en realidad es una cosa que está fuera de lugar, la ciudad la dejó fuera de lugar", dijo Oreggioni.
Sostuvo que la decisión la tomó la Comisión Especial Permanente del Prado y que participó la intendencia, la FADU, la SAU, la Appcu y los consejos vecinales.
"Se acordó que esa demolición tenía un cierto sentido. Si uno quiere mirar el asunto aisladamente y no atiende ese proceso, se pierde parte de las cuestiones. No es indiscriminado. Todo lo contrario. Es muy discriminado, eventualmente capaz que lo que es indiscriminado es mirar un edificio sin mirar el bosque que rodea a ese árbol".
