Uruguay es la rara avis de su región. La llamada “agenda de derechos” —por ponerle un nombre a ese cúmulo de posturas más liberales y progresistas que incluyen la despenalización de aborto, el matrimonio igualitario y la adopción por parejas del mismo sexo, entre otras discusiones— suele tener mucho más apoyo popular que en el resto de América Latina y el Caribe.
La Encuesta Mundial de Valores lo deja en claro: para siete de cada diez uruguayos “las parejas homosexuales pueden ser tan buenos padres como cualquier otra pareja”. Cuando el vecino Argentina no llega a cuatro de cada diez. O bien para un tercio de los uruguayos “el aborto siempre o casi siempre es justificable”.
No es de ahora. Ni siquiera es una cuestión partidaria. Recuérdese que Tabaré Vázquez vetó el aborto, Luis Lacalle Pou estuvo a favor de parte de la regulación de la marihuana, y la ley de eutanasia fue una herencia de un proyecto de un partido que arroparon los del bloque contrario. Tampoco es un invento del batllismo, por más que muchos historiadores lo marcan como un punto bisagra. Sino que desde el siglo XIX ya venía notándose un diferencial en Uruguay —con su influencia de la Europa más occidental— de cierto anticlericalismo y posturas que lo distanciaban de la región.
La encuesta que realizó El Observador y la Unidad de Métodos y Acceso a Datos (Udelar) ya ha reafirmado los altos porcentajes de aceptación que siguen teniendo muchas de esas llamadas posturas liberales o progresistas. A tal punto que dejaron de ser asuntos controversiales en una sociedad como la uruguaya.
Pero la socióloga Jimena Pandolfi, de la misma unidad académica, aprovechó para explorar en qué medida eso que parece “aceptado” por buena parte de la sociedad genera tensiones, o no, cuando en el medio están los niños, la crianza, la vida en familia.
El 75,7% de la población manifiesta algún nivel de acuerdo con que “es importante que todas las identidades de género y orientaciones sexuales sean visibles y respetadas en el trabajo”. Obvio que dentro de ese porcentaje hay parte aguas como el nivel de religiosidad. Pero lo que descubre Pandolfi es cómo bajan los niveles de acuerdo ante una misma pregunta en que “trabajo” se sustituye por “escuela”:
“Mientras que en el mundo del trabajo se observan niveles más elevados de consenso, estos disminuyen en el ámbito educativo. En efecto, el acuerdo con la visibilidad de estas identidades en la escuela – si bien es alto (58,6%) – resulta significativamente menor que el registrado para el trabajo. En la misma línea, el desacuerdo enfático (“totalmente en desacuerdo”) es también más elevado en relación con la escuela (15%) que con el trabajo (7,9%), lo que sugiere la presencia de mayores resistencias en este ámbito”, analiza Pandolfi.
Esa observación se repite en cuestiones como la adopción por parejas del mismo sexo: no son los mismos porcentajes de aceptación que el matrimonio igualitario (por encima del 70%). Un 53% de la población acuerda con que “las parejas del mismo sexo deberían tener los mismos derechos para adoptar hijos que las parejas heterosexuales”. A la vez, “es relativamente elevado” el porcentaje de población que se posiciona como “totalmente en desacuerdo" (17,9%).
“En materia de crianza, la heterosexualidad no es el único criterio normativo heredado del histórico modelo tradicional de familia nuclear que continúa operando en la definición de formas familiares legítimas”, continúa desarrollando la socióloga de la UMAD para este trabajo de la encuesta junto a El Observador.
Otra de las preguntas de la encuesta fue: “Una familia con hijos debe tener al menos dos adultos en el hogar, sino los hijos no estarán bien cuidados y educados”, ¿cuán de acuerdo está usted? La respuesta que dan los uruguayos es que más de la mitad está en desacuerdo (29,8% en desacuerdo y 21,7% totalmente en desacuerdo).
Eso podría estar vinculado con los roles en el hogar, aunque ahí el análisis de El Observador hace un matiz. No se preguntaba por pareja heterosexual u homosexual, sino sobre la crianza a secas. Ahí es más difícil interpretar qué quiso expresar el encuestado. Si son dos adultos que se viven peleando, tal vez muchos contestarían que es mejor un solo adulto. Si se pregunta por una madre soltera jefa de hogar, puede que muchos sepan que el 70% de los hogares pobres tiene esa situación y es muy difícil mantener a los hijos. No es que se esté en contra del tipo de familia, sino de las dificultades que ello presenta en la realidad.
Pero las otras combinaciones, más la literatura internacional, llevan a que Pandolfi concluya: “Incluso en un contexto de amplia legitimación de los derechos sexuales y de género (como pasa en Uruguay), las disputas se reconfiguran en torno a quiénes son considerados sujetos adecuados para el ejercicio de la parentalidad y bajo qué condiciones debe organizarse la vida familiar”.
