La rescisión del contrato con el astillero Cardama, que estaba construyendo dos patrulleras oceánicas para el Estado uruguayo, luego de que el Poder Ejecutivo detectara una serie de irregularidades puso en el foco de la agenda las alternativas que tiene Uruguay para conseguir esos buques. Si bien desde el gobierno aseguraron que están analizando distintas ofertas a nivel internacional, quedó planteada la pregunta sobre si el país estaba en condiciones de embarcarse en un proyecto de ese tipo.
Uno de los primeros en plantearlo fue el presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI), Danilo Dárdano, que, tal como contó El Observador en su momento, asegura que Uruguay tiene la capacidad para construirlas. “No construir todo, pero al menos una parte”, decía a fines del año pasado.
Esa posibilidad estuvo sobre la mesa este lunes en la comisión especial que investiga el proceso de adquisición al astillero español cuando comparecieron dos excomandantes en jefe de la Armada. Y sus respuestas fueron distintas.
Mientras que Carlos Abilleira (comandante en jefe entre el 1º de febrero de 2018 y el 4 de marzo de 2020) asegura que “estamos lejísimos” de construir una OPV, su colega Alberto Caramés (ocupó el cargo entre setiembre de 2010 y mayo de 2012) tiene una visión distinta y apuesta por retomar una política que, según dijo, fue discontinuada pero que de haberla mantenido le hubiera permitido al país construir las patrulleras.
Ambos fueron consultados directamente sobre las posibilidades de Uruguay. Abilleira contestó sin dudar: “No, nosotros no tenemos capacidad (de construir las OPV)”. De todos modos dijo que se podrían hacer “algunas piezas” pero agregó que Uruguay no tiene “conocimiento para fabricar un buque”.
“No se trata de ponerse a hacer un dibujo, empezar a poner distancia: la cuaderna tiene tanto, mido y pongo. Es mucho más compleja la ingeniería naval, muchísimo más. Sí se puede hacer una lancha, se puede hacer una plataforma para aguas someras, es decir, para la parte de costa que no tiene muchas contingencias. Eslora-manga; las relaciones esloramanga y puntal son las que hacen al barco, a la embarcación marinera, o sea, con buenas prestaciones para el mar. Y bueno, hasta ese nivel podemos llegar a hacer embarcaciones, pero no un OPV, nunca; estamos lejísimos”, dijo según consta en la versión taquigráfica.
Caramés, en tanto, habló de los últimos barcos que se construyeron en Uruguay, vinculados al traslado de la producción de UPM y Montes del Plata y de la oportunidad perdida por discontinuar una política.
El conflicto de los puentes con Argentina, vinculado a Botnia, hizo que Uruguay tuviera que construir acá algunas barcazas que estaba previsto comprarlas en el país vecino. Eso le dio un impulso a la industria nacional que duró unos años. Entre 2008 y 2013 se hicieron doce embarcaciones y todas están navegando actualmente, destacó Caramés.
“Esas sociedades clasificadoras que ahora están de moda como el Lloyd's Register, porque está en todos los diarios, o Det Norske Verita, y le agrego la RINA. Con todas esas sociedades clasificadoras nosotros hicimos acá las embarcaciones. O sea, fueron reconocidas a nivel internacional por las características, porque las soldaduras les sacamos radiografías y las pasamos por laboratorios de estudios destructivos, que se llaman”, aseguró en la comisión.
El almirante retirado dijo que desconoce cómo está toda esa infraestructura al día de hoy pero lamentó que solo Uruguay y Argetina en América Latina no construyen sus propias embarcaciones. Incluso, aseguró que ya en 2014 él fue quien trajo la idea de las OPV.
“Yo fui a Chile y fui el que traje la idea del OPV acá porque las circunstancias me permitieron ver que Chile había dado un paso muy grande y había tenido la visión de hacerlo en el país, solamente habiéndole comprado a la empresa alemana más prestigiosa, con 170 años, que era Fassmer, la ingeniería de diseño y la básica; desarrolló la ingeniería de detalle e hizo en las maestranzas de Talcahuano -que visité- un buque en dos años. Ahí me di cuenta que eso era bueno para el país”, dijo el almirante retirado la comisión.
Fue el diputado Gustavo Salle quien consultó a Caramés sobre la posibilidad actual de Uruguay de encarar un proyecto de este tipo. “En su momento, infiero que teníamos la posibilidad de la construcción de estas patrulleras, por lo que usted ha manifestado, por este tipo de acuerdos. Se perdió la oportunidad por discontinuar la política”, comenzó diciendo y consultó sobre si sería “viable” retomarla.
“Sí, hay una forma de hacerlo”, dijo y se refirió a las “compras offset”. ¿Qué son? Ese tipo de contratos establecen, según explicó el excomcandante en jefe, que en forma paralela a lo que se pueda pagar por el costo de uno o dos OPV –como ejemplo–, se tiene que hacer una retribución al país en elementos que permitan el desarrollo de la industria naval, sin variar el costo total del proyecto.
Ese tipo de contratos se estilan en otros países como Chile y Colombia y ayuda a mantener actualizada y desarrollar la industria naval. Para 2035 Chile calcula que a través de estos contratos va a estar en condiciones de construir todo tipo de buques, según dijo.
“Si se van a gastar US$ 100 millones o US$ 200 millones, no hay que conformarse con recibir el buque llave en mano; tiene que venir acompañado de un contrato offset por el cual se puntean las ofertas. Hay que pedir sobre qué se quiere. Entonces, se dice: ‘Este me da dos grúas y me da un pantógrafo, este me da...’. Sí, se puede recuperar, pero hay que hacerlo de esa manera”, apuntó.
No es investigadora
La comisión que investiga el proceso de adquisición de las patrulleras no es una comisión investigadora. Así lo estableció un informe realizado por los servicios jurídicos del Parlamento pedido por la comisión para definir el régimen de trabajo y el sistema de suplencias.
"No se trata de una Comisión Investigadora estrictamente, por lo que no le es aplicable lo dispuesto en la Ley de Comisiones Parlamentarias, en lo referido a las Comisiones Investigadoras, ni lo dispuesto en cada uno de los Reglamentos de las Cámaras, que son de aplicación para Comisiones Investigadoras creadas en su seno. Se trata de una Comisión Especial, cuya finalidad es “investigar y analizar del proceso de adquisición de OPV”, publicado en primera instancia por El País.
La consulta la había hecho la propia comisión también para saber cómo manejar la información y si se podían hacer sesiones secretas, algo que quedó establecido que sí.
