Un mes y dos días después de que entró en vigor la reglamentación de la ley de eutanasia, Uruguay registró este viernes la primera muerte realizada bajo el amparo de la nueva normativa. El certificado de defunción electrónico lo deja para la posteridad de manera explícita: el 22 de mayo de 2026, poco antes del mediodía, falleció una persona cuya causa básica era un tipo específico de cáncer y cuya causa final fue la eutanasia.
Cuando Uruguay se convirtió en el primer país de la región en aprobar la eutanasia por ley, en las barras del Parlamento se mezclaban pacientes, familiares y organizaciones vinculadas a enfermedades incurables e irreversibles. La mayoría de los casos visibles estaban asociados a patologías neurológicas como esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple o ataxias cerebelosas. Sin embargo, el primer procedimiento concretado en el país tuvo como protagonista a una paciente oncológica.
No se trató de una excepción. En Colombia –donde la eutanasia se aplica por vía jurisprudencial–, en Países Bajos y en otros países donde existe esta práctica, los primeros casos también estuvieron ligados a cánceres terminales. En Holanda, por ejemplo, alrededor del 70% de las eutanasias realizadas durante el primer año de vigencia de la ley en 2002 correspondieron a pacientes con tumores. La explicación suele repetirse: el avance acelerado y muchas veces agresivo de estas enfermedades, sumado al rechazo de algunos pacientes a continuar tratamientos que prolongan el dolor y el deterioro.
Eso no impide que, con el correr del tiempo y el asentamiento de la normativa, los casos neurológicos ganen peso, tal como ocurrió en otros países. De hecho, en Uruguay ya hubo gestiones iniciadas en al menos tres prestadores privados por parte de pacientes con esclerosis múltiple y otras patologías neuronales. En varios de esos casos, sin embargo, el objetivo no era acelerar el procedimiento sino dejar resuelto el trámite y esperar. El derecho a decidir.
Ese escenario empezó a poner a prueba a las instituciones médicas. Algunos prestadores todavía no tenían protocolos plenamente ajustados y surgieron dudas sobre los tiempos entre el cierre del proceso administrativo, la evaluación médica y la ejecución del procedimiento. También aparecieron interrogantes prácticas: qué ocurre si el médico actuante renuncia, se jubila o fallece durante la espera.
En el Hospital Policial, donde se realizó este viernes el primer caso de eutanasia legal en Uruguay, el proceso tampoco estuvo exento de tensiones internas. Los médicos tratantes fueron internistas y no especialistas en cuidados paliativos. Según supo El Observador, dentro del colectivo de paliativistas existían resistencias hacia este tipo de procedimientos, aunque no siempre expresadas formalmente como objeción de conciencia.
Pese a eso, el protocolo avanzó sin contratiempos. Una fuente vinculada al procedimiento aseguró que “todo aconteció como lo planificado”. Mientras tanto, la familia eligió atravesar el momento en la intimidad y el silencio. También el equipo médico: para ellos, igual que para el país, se trató de una experiencia inédita.
