Según aclaró en entrevista con el programa Doble Click (Del Sol FM), el cambio responde tanto a necesidades fiscales como a la rápida expansión del mercado de vehículos eléctricos en Uruguay. Además, aclaró que el límite de US$ 19.000 establecido en el decreto corresponde al valor de importación y no al precio de venta al público.
El jerarca señaló que la menor recaudación obligó al gobierno a definir prioridades presupuestales. "El menor nivel de recaudación llevó a priorizar aquellos programas centrales de los ministerios: infancia, personas en calle, seguridad y educación, manteniendo las metas fiscales", afirmó.
En ese sentido, indicó que se "resignaron recursos", unos U$S 46 millones, que finalmente se volcarán, pero con una "supresión de gastos".
Según explicó, parte de esos recursos provendrán de reasignaciones presupuestales y otra parte de nuevas fuentes de financiamiento. "Una parte se financia con reasignación de gastos y otros 31 millones se destinarán a fortalecer las transferencias con dos fuentes de financiación", sostuvo.
Una de esas fuentes será la modificación del régimen tributario para vehículos eléctricos e híbridos que brindará unos U$S 16 millones, según indicó.
El alcance de la medida
Vallcorba aseguró que la modificación fue el resultado de varias semanas de negociación dentro del gobierno.
"Esto fue un trabajo que llevó unas cuantas semanas de intercambio en el interior del gobierno y finalmente se llegó a este esquema en el que un conjunto muy importante, en torno a las dos terceras partes de la venta de vehículos eléctricos e híbridos, no se ve afectado por estas modificaciones. Es decir, la mayor parte de los vehículos mantienen todos los beneficios tributarios que tenían hasta ahora", afirmó.
En este marco, el subsecretario insistió en que el umbral de US$ 19.000 fijado en el decreto corresponde al valor en Aduana. "Cuando uno lo transforma en el precio de venta al público, esos US$ 19 mil equivalen a autos que se comercializan, dependiendo de cada modelo, en torno a los US$ 28 y US$ 30 mil", explicó.
En consecuencia, aseguró que "los vehículos que en su precio de venta al público están en torno a los US$ 30 mil, hasta ese nivel, no se ven afectados".
A partir de ese monto, dijo, se establecen dos franjas. "Si lo tomamos en el valor de venta al público, la primera es de vehículos que van de entre US$ 30 mil y US$ 40 mil y los mayores de US$ 40 mil", señaló.
Asimismo, reiteró que "las dos terceras partes, el 66% de los vehículos eléctricos e híbridos no van a tener ninguna afectación respecto del tratamiento tributario".
"Se sigue promoviendo la movilidad sostenible"
"Claramente hay una política que sigue promoviendo los autos eléctricos, que focaliza los incentivos en aquellos de menor valor. Sigue teniendo un tratamiento mucho más favorable para los eléctricos y los híbridos que para los de nafta", afirmó.
Consultado sobre las razones del cambio, Vallcorba sostuvo que el crecimiento del mercado hizo menos necesarios los incentivos generalizados. "Si una mira la evolución de las ventas, ve que el aumento de la comercialización de los autos eléctricos en particular ha sido muy marcado en los últimos meses. Un poquito más de la mitad de los vehículos que se están vendiendo son eléctricos", dijo.
Agregó que, si bien la participación dentro del parque automotor total sigue siendo baja, "lo que importa es la velocidad a la que se está produciendo el cambio y efectivamente ha habido uno muy significativo".
En ese contexto, consideró que "los que eran incentivos necesarios cuando esto era algo incipiente, hoy ya dejan de ser tan necesarios, pero manteniendo sí esa política hacia la movilidad sostenible".
Una modificación prevista desde la Ley de Presupuesto
Vallcorba recordó que la posibilidad de diferenciar el IMESI según el valor del vehículo ya había sido incorporada en la última Ley de Presupuesto.
"Esta modificación ya estaba prevista en la Ley de Presupuesto. En la ley del año pasado nosotros incorporamos un artículo que permitía diferenciar el valor del IMESI, según el valor de los autos. Cuando se introdujo esa modificación, era porque se estaba previendo que en algún momento se iba a desandar esta política de incentivos y ya se previó que era conveniente que esos cambios se fueran dando de forma diferencial según el valor del automóvil", explicó.
Según agregó, la decisión de implementarla ahora responde al fuerte incremento de las ventas. "El hecho de que se esté haciendo ahora eso responde a la velocidad del cambio que tuvo en los últimos meses, donde se aceleraron mucho las ventas", afirmó.
También sostuvo que el retiro gradual de los beneficios era un proceso esperado. "Cuando prácticamente no teníamos autos eléctricos, comprar uno era una apuesta no sencilla, porque no teníamos de repente un stock razonable de autos. Y eso impactaba, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con los repuestos. La red de cargas estaba mucho menos desarrollada. Cuando estamos arrancando, eso requiere un incentivo muy grande. Ahora, los incentivos, lo lógico en cualquier política es que sean transitorios. A medida que se van cumpliendo los objetivos, uno va desandando esos incentivos. Por lo tanto, esto es algo que naturalmente estaba previsto que se diera", concluyó.
Qué establece el decreto
El Poder Ejecutivo publicó este martes el decreto que modifica las exoneraciones tributarias para los vehículos eléctricos e híbridos en Uruguay.
La norma, firmada por el presidente Yamandú Orsi y los ministros Gabriel Oddone (Economía) y Fernanda Cardona (Industria), establece que los vehículos eléctricos de la categoría F —destinados al transporte de pasajeros— cuyo valor de importación no supere los US$ 19.000 continuarán exentos del IMESI.
Los eléctricos con un valor de importación de entre US$ 19.001 y US$ 27.000 pasarán a tributar una tasa de 5%, mientras que aquellos que superen los US$ 27.000 abonarán un IMESI de 9%.
En el caso de los vehículos híbridos, las tasas variarán según la cilindrada y el tramo de valor de importación, con porcentajes que van desde 7% hasta 34,5%.
Los cambios comenzarán a regir a partir del 1° de enero de 2027.
