En un escrito elaborado por el estudio Ferrere y dirigido al presidente Yamandú Orsi, la firma Veridos presentó el pasado 11 de agosto una “notificación de controversia e inicio del período de negociaciones” con el Estado uruguayo.
Amparada en los tratados de protección de inversiones de Uruguay con Alemania y con México, la empresa apuntó que en caso de no alcanzar “acuerdo amistoso” en un plazo máximo de seis meses, podrá someter el tema a “arbitraje internacional”.
Tal como adelantó este jueves El Observador, Veridos inició el proceso de la controversia ante el Poder Ejecutivo en reclamo del cobro de un “precio por servicio de seguridad” de US$ 2,10 más IVA para financiar el Sistema Integral de Gestión Migratoria (SIGMU).
La plataforma de control migratorio fue adjudicada por el gobierno pasado por el Ministerio del Interior –tras varias intentos frustrados que se remontan incluso a la última administración del Frente Amplio– y la tasa a cobrarse en los pasajes de transporte fluvial fue creada por decreto del expresidente Luis Lacalle Pou.
En la nota enviada al Poder Ejecutivo, a la que accedió El Observador, Veridos aseguró que el no cobro de dicho “precio” implica una deuda que a la fecha asciende a US$ 10,7 millones.
La decisión de no cobrarlo fue de las navieras Buquebus y Colonia Express bajo la premisa de que el sistema de control migratorio en los puertos de Montevideo y Colonia no está funcionando correctamente. Las empresas, en tanto, iniciaron hace meses distintas denuncias de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
Uno de los reclamos, que se encamina a ser considerado por los ministros del TCA, cuenta con dictamen de la Procuraduría del Estado que entiende que se debería “anular” el decreto de Lacalle Pou que estableció el cobro del “precio por servicio de seguridad”.
En su notificación de controversia, Veridos afirmó que hay varias “violaciones” a los tratados de protección de inversiones y solicitó “la reparación integral de los daños sufridos”. Aparte de los US$ 10,7 millones de los montos impagos, la firma aseguró que la suma “continúa incrementándose día a día” y que deberán sumarse, según evolucione la controversia, “los demás perjuicios sufridos”.
Para “evitar la agravación del daño”, Veridos solicitó al Estado uruguayo que “pague de inmediato los montos devengados e impagos bajo el contrato desde el 13 de febrero de 2025”, que “asegure la operatividad futura del mecanismo de pago”, ya sea mediante el cumplimiento del decreto de Lacalle Pou o a través de “un mecanismo alternativo idóneo”.
La compañía adujo en este sentido haber realizado “inversiones millonarias” para instalar el SIGMU y recordó que el Ministerio del Interior –bajo la conducción del exministro Nicolás Martinelli– suscribió a un Informe Final de Entrega de Instalación y Puesta en Servicio que hizo “exigible el pago del precio”, que es “la única remuneración para los inversores”.
