Veridos, la firma mexico-alemana adjudicataria del sistema de control migratorio en los puertos de Montevideo y Colonia, presentó una nota ante el Poder Ejecutivo para iniciar negociaciones previo a llevar el caso a un arbitraje internacional, según confirmaron fuentes del gobierno a El Observador.
Si bien los controles pertenecen al Ministerio del Interior, el tema es seguido de cerca en Torre Ejecutiva. El Estado tiene un plazo de entre 90 y 180 días para avanzar en una conciliación previo a que el diferendo pueda escalar al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Veridos mantiene desde hace meses un reclamo al gobierno y a las empresas de transporte fluvial –Buquebus y Colonia Express – para que cobren un “precio por servicio de seguridad” de US$ 2,10 más IVA por pasaje y le transfieran lo recaudado para el mantenimiento del sistema.
Dicho cobro debía comenzar a implementarse en febrero de 2025, pero Buquebus y Colonia Express resolvieron que no correspondía, bajo la premisa de que Veridos “no está cumpliendo con el servicio”. Por otro lado, las empresas iniciaron varias demandas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), al tiempo que Interior notificó varios “incumplimientos” a la adjudicataria del control migratorio.
Por la vía administrativa, una compañía relacionada con Buquebus –Navegación Atlántida SA– logró que la Procuraduría del Estado dictaminara en junio que se debe “anular” el decreto 51/024 del expresidente Luis Lacalle Pou que resolvió la creación del referido “precio por servicio de seguridad”.
El informe no es vinculante pero será considerado como insumo por los ministros del TCA para laudar el caso, resolución que también siguen de cerca en el Poder Ejecutivo. La procuradora Sandra Boragno le dio la razón a la demandante y estableció que el cobro “carece de fundamento legal”.
Tras conocerse el dictamen, el exsenador del MPP, Charles Carrera, publicó en sus redes que “es fundamental que se revisen estas medidas inexplicables que se tomaron durante la anterior administración”. “La adjudicación a Veridos fue observada tres veces por el Tribunal de Cuentas. Hoy, la empresa acumula reiterados incumplimientos. Un ejemplo más de decisiones que privilegiaron intereses privados por encima de las advertencias de los organismos de control”.
Para octubre de 2025, tras los primeros ocho meses de vigencia del Sistema Integral de Gestión Migratoria (SIGMU), Veridos reclamaba una suma mayor a US$ 3 millones que debió recaudarse por concepto de “precio por servicio de seguridad”.
El contrato fue cuestionado por el Frente Amplio desde la oposición y Lacalle Pou enfrentó críticas en la interna de la coalición al implementar la tasa que financiaría el sistema. El entonces senador cabildante Guido Manini Ríos llegó a afirmar que no estaba de acuerdo con la medida y reclamó que la misma debió haberse remitido por el Poder Ejecutivo como proyecto de ley al Parlamento.
