Cuando el 17 de julio la escribana de la Dirección de Migraciones fue a labrar el acta en el Puerto de Colonia y usó su cédula uruguaya con chip para pasar por una de las pasarelas, la computadora devolvió: “Viajero sin permiso, documento no permitido”. Tampoco estaba funcionando la segunda pasarela.
Poco antes, en el Puerto de Montevideo, una de las pasarelas no reconoció pasaportes brasileños, alemanes, peruanos ni argentinos. A los dos días, hubo “problemas” para la “lectura” de pasaportes uruguayos, estadounidenses, británicos y cédulas chilenas. Al proveedor también lo pusieron al tanto de dificultades para escanear pasaportes israelíes.
Las frecuentes “intermitencias”, “fallas” y “errores” consignadas en sucesivos reportes de Migraciones al Ministerio del Interior son el telón de fondo del enfrentamiento entre Buquebus y Colonia Express con Veridos, la firma adjudicataria del Sistema Integral de Gestión Migratoria (SIGMU).
Veridos, compañía mexicana asociada al gobierno de Alemania, ganó en 2022 una licitación de larga data para entregar una solución llave en mano al Estado uruguayo para el control fronterizo de pasajeros. El sistema –impulsado bajo la gestión de Luis Lacalle Pou– se pensó para financiarse a través de un “precio por servicio de seguridad” de US$ 2,10 más IVA que las empresas del transporte fluvial deberían cobrar al pasaje de cada viajero a partir de febrero de 2025.
Sin embargo, bajo asesoramiento de sus equipos jurídicos, Colonia Express y Buquebus resolvieron que no correspondía aplicar esa tasa, en el entendido de que Veridos “no está cumpliendo con el servicio”. La disputa es parte de las demandas en curso que ambas navieras iniciaron desde el año pasado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
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A ocho meses de que la anterior administración del Ministerio del Interior aceptara el informe de Veridos para iniciar las operaciones del SIGMU, el polémico “precio por servicio de seguridad” –rechazado por el Frente Amplio desde la oposición– sigue sin cobrarse. Veridos, en tanto, pidió al Ministerio del Interior que requiera a las empresas navieras que concreten el pago de la tasa que, para esta altura del año, asciende a unos US$ 3 millones, según reconstruyó El Observador a través de tres fuentes independientes.
La adjudicataria del SIGMU contabiliza que ya hubo más de 1.400.000 transacciones que deberían haberse facturado. La defensa de Buquebus, en tanto, presentó ante el TCA dentro de las causas de nulidad en curso una constancia de los puertos de Montevideo y Colonia respecto a determinados incumplimientos por parte de Veridos que configuran, a su entender, que no corresponda el pago.
En paralelo, con sucesivos informes críticos de parte de la Dirección Nacional de Migraciones, el Ministerio del Interior dio vista a Veridos sobre “incidentes” y “episodios” que deben ser resueltos. La empresa ya contestó los requerimientos y fuentes de la cartera que conduce Carlos Negro informaron a El Observador que el proceso administrativo continúa su curso.
Uno de los reportes de Migraciones en manos de Interior consigna que la falta de cumplimiento del consorcio conlleva una multa de US$ 1.000 por cada día de retraso y que “excedidos los 90 días corridos” la cartera “podrá rescindir el contrato con pérdida de la garantía constituida”. De acuerdo al cronograma aportado, en octubre de 2024 se debería haber completado la migración de datos del viejo sistema de Registro y Auditoría de Movimientos Migratorios (RAMM) hacia el nuevo SIGMU y hasta fines de noviembre de ese año la instalación de los eGates –las pasarelas biométricas automáticas– y los Body Scanners.
Según pudo saber El Observador, desde Veridos entienden que el contrato vigente contempla un proceso de administración de incidentes bajo cuya órbita puede resolverse cualquier episodio reportado sin que haya incumplimientos; también esgrimen que hay integraciones pendientes de Información Anticipada de Pasajeros (API, por sus siglas en inglés) y del Registro de Nombres de Pasajeros por parte de las navieras, a la vez que intentan solucionar módulos que a su entender no forman parte del contrato pero que procuran mayor seguridad.
El actual gobierno, de momento, ha evitado pronunciarse sobre el estado de situación de la licitación, así como también sobre los reclamos de los pagos, mientras se dirimen en el TCA las demandas de las navieras.
Los incumplimientos y las fallas
Un reporte reciente de Migraciones consignaba que “a más de siete meses de la instalación del SIGMU y pasarelas aún presentan errores y no se encuentra operativo en su integralidad” en los puertos de Montevideo y Colonia.
Los incidentes constatan también el atraso de una hora en la salida de un barco ante las demoras en las lecturas de los documentos. En otras ocasiones se tuvieron que apagar las pasarelas y no se realizaron reconocimientos faciales ni dactiloscópicos porque su consumo generaba “lentitud en los puestos manuales”, o directamente se cayó todo el sistema, por lo que fue necesario pasar a “trabajar de manera manual” hasta retomar el servicio.
A fines de junio, por ejemplo, no funcionó la integración con el sistema de gestión de seguridad pública (SGSP) que da cuenta de los antecedentes de las personas y hubo demoras de hasta un minuto para cargar las listas negras que dan cuenta de los requeridos o los impedidos para salir o ingresar al país.
En este sentido, uno de los incumplimientos marcados por el Ministerio del Interior es que la búsqueda automática en tiempo real al momento del registro del movimiento migratorio contra listas negras y grises es que, pese a estar desarrolladas las interfaces, aún no están operativas y por tanto en caso de realizarse modificaciones a la versión actual podría incurrirse en un costo adicional. Lo mismo sucedería con el envío de alertas al contrastar con estas listas.
Otra de las observaciones consistió en un pedido al proveedor para que la ventana de alerta de los pasajeros impedidos sea “más grande y visible”, así como la posibilidad de contar con una réplica dentro de la infraestructura del SIGMU para los casos en que el SGSP “no se encuentre disponible”. Interior también solicitó que se pueda mostrar la edad de la persona y alertar en caso de que sea un menor.
En otro orden, si bien se integraron los servicios de consulta de la Dirección de Identificación Civil por documentos y huellas dactilares, estos están “inactivos” por falta de licenciamiento de parte de la propia Identificación Civil “para la consulta masiva de personas que se registran en SIGMU”. Tampoco se encontraba implementado el sistema de consulta facial.
Por otro lado, ante las “demasiadas intermitencias” del problema, Migraciones reportó que los tiempos máximos de 40 segundos para el registro por pasajero “se cumple dependiendo de la estabilidad” de la plataforma. En otro orden, Interior tuvo reparos hacia algunos episodios en que es necesario “salir del SIGMU” para “ingresar en otros sistemas de consulta” para la búsqueda de movimientos migratorios.
Entre varios otros detalles técnicos, la Dirección de Migraciones también pidió a Veridos un “módulo parametrizable para consultas estadísticas” que, si bien está desarrollado, tiene “problemas de funcionamiento”, lo que “es crítico” para la cartera “dada la necesidad de contar con información desagregada”.
Mientras el extenso expediente sigue su curso dentro del Ministerio del Interior, en varias de las funcionalidades se da cuenta de un ida y vuelta con Veridos para subsanar las dificultades.
Entre los “pendientes” se contaban la integración de las pasarelas de los aeropuertos al nuevo SIGMU, así como la instalación de cinco equipos de Body Scanners –sumados a los tres que ya están instalados en los puertos de Colonia, Montevideo y el aeropuerto internacional de Carrasco– a la espera de instalación por parte del Ministerio del Interior.
