El Directorio del Partido Nacional resolvió aceptar las recomendaciones de la Comisión de Ética de la colectividad en relación con la situación del edil de Montevideo Gonzalo Gómez y suspendió por dos años de sus derechos partidarios. Gómez, además, deberá devolver los haberes abonados al asesor Pablo Leiva, que no prestaba servicios efectivos y fue condenado por lavado de dinero.
Pero los dirigentes blancos también le pidieron al edil que, mientras dure la sanción, se aparte de su banca en la Junta Departamental de Montevideo (JDM), algo que deberá resolver el legislador, ya que la banca le pertenece.
El dictamen de la Comisión de Ética del Partido Nacional —votado por unanimidad y refrendado también por unanimidad en el Directorio— recomendó la "suspensión de los derechos y obligaciones partidarios" del edil Gómez por dos años.
Los dirigentes con representación en el Directorio avalaron esta recomendación, "en atención a la valoración ética efectuada por dicha comisión respecto a la contrsatación de un asesor con fondos públicos sin que se verificara el cumplimiento de las tareas correspondientes".
Pero, además, decidieron pedirle al edil que se aparte del "ejercicio del cargo" mientras dure la suspensión.
Por otra parte, recogieron al pie de la letra otra recomendación de la Comisión de Ética: que Gómez repare el "daño patrimonial causado a los dineros públicos por la contratación de personas sin que se verifique el cumplimiento de tareas", algo que fue sugerido por el propio legislador. Leiva cobró desde diciembre de 2025 unos $52 mil por mes como asesor.
Álvaro Delgado después de una reunión del Directorio el 5 de octubre de 2026
Foto: Dante Fernández/ FocoUy
En la conferencia de prensa de este lunes, el presidente del Directorio, Álvaro Delgado, indicó que Gómez "tuvo una decisión equivocada de contratar a alguien que tenía una actividad ilícita que no conocía", además de reconocer que "no cumplía tarea".
Y se refirió a las críticas que surgieron desde el Frente Amplio tras este caso. "Hay algunas declaraciones, casi emplazando al Partido Nacional, que son inaceptables. Me gustaría ver a otros partidos actuar con la misma rapidez, con la misma vara ética (con la) que actuó el Partido Nacional ante situaciones que no son ilícitas, pero que no están bien desde el punto de vista ético", señaló.
También pidió al oficialismo que "antes de hablar" del Partido Nacional se mire a sí mismo. "Tienen trabajando en el Senado a exsenadores procesados sin tener ninguna sanción por parte del Frente Amplio, situaciones irregulares que ameritarían sanciones que no se dieron", apuntó.
Respecto al interés del oficialismo de volver a discutir la normativa referida al financiamiento de partidos políticos, Delgado reconoció que recibió una llamada del presidente del Frente Amplio por este tema.
Pero recordó que ya se aprobó una ley que se puso en práctica en las últimas elecciones y que fue votada "por unanimidad" en el Parlamento. "Siempre estamos para mejorar las cosas, pero para plantear los temas hay que tener autoridad moral y ser consecuente entre lo que uno hace y lo que uno dice fuera de cualquier oportunismo político", afirmó.
La polémica sobre el edil Gómez se originó a raíz de las derivaciones de la denominada "Operación Trazador", en la cual la Policía incautó más de 260 kilos de drogas, además de dinero en efectivo, armas y municiones. En el marco de dicho operativo judicial, fue condenado por delitos vinculados al lavado de activos Leiva, quien cobraba una retribución de $ 52 mil por asesor al edil, aunque no tenía tareas asignadas.
Gómez reconoció haber cometido un error al contratar al asesor. En sus declaraciones, admitió que la persona percibía una remuneración sin haber realizado tareas de asesoramiento asignadas, al tiempo que afirmó desconocer completamente cualquier actividad ilícita vinculada al involucrado.
A raíz de estos acontecimientos, Gómez solicitó licencia a su bancada en la Junta Departamental y se apartó temporalmente de sus funciones en el Directorio nacionalista, manifestando su disposición a que el caso fuera evaluado por el órgano de conducta de la colectividad política.
La Comisión de Ética evaluó el desempeño del edil y el uso de las partidas asignadas para la contratación de personal de confianza. El órgano dictaminó que avalar el cobro de fondos públicos a una persona que no cumplía funciones efectivas representa una vulneración de las normas de conducta esperadas en la gestión pública.
