Raúl Lozano, titular del Ministerio de Vivienda, decidió no sancionar a funcionarios vinculados a la salida de Irene Moreira
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) decidió no sancionar a los cuatro funcionarios que eran "pasibles" de serlo tras el caso de adjudicaciones de viviendas de forma directa que le terminó costando el cargo a la exministra Irene Moreira.
"Había cuatro funcionarios que serían pasibles de tener una observación, que es la sanción más leve que tiene un funcionario público. Pero luego de estudiar sus descargos y la situación, resolví no poner ningún tipo de sanción, lo que fue comunicado días pasados a esos funcionarios. Ninguno va a ser sancionado”, afirmó este miércoles el ministro Raúl Lozano en rueda de prensa.
El informe de 200 páginas sugería sumariar a los funcionarios Silvia Izmendi, Margarita Irigoyen, Pamela Laviña y Daniel Cafferatta, quienes "por su larga trayectoria" no debieron "mantenerse ajenos o indiferentes a que las familias derivadas por exministra no cumplían con los requisitos exigidos en la normativa" para otorgar viviendas de forma directa.
Tanto la instructora de la investigación Daiana Da Silva, como la directora de Jurídica, Marcia Senattore, apuntan que tanto las adjudicaciones directas como el mecanismo de "planillas puertas abiertas" fue a todas luces violatorio del principio de igualdad, buena fe, transparencia, habiéndose actuado con arbitrariedad, no siendo esta la conducta esperada de una buena administración .
Dos de los cuatro funcionarios implicados habían sido categóricos al ser consultados en el marco de la investigación administrativa sobre que ellos no podían ser señalados por las adjudicaciones.
"Quisiera destacar cómo buenos funcionarios a los que tocó actuar bajo un procedimiento u órdenes establecidos por las autoridades", apuntó Daniel Cafferatta, gerente del Área de Planificación y Gestión de Soluciones Habitacionales. El arquitecto era uno de los cargos más importantes debajo del propio director de Vivienda, Jorge Ceretta, quien redactó las circulares para instrumentar los procedimientos que tiempo más tarde le costarían el ministerio a Irene Moreira.
Cafferatta, quien fue asesor del hoy presidente Luis Lacalle Pou durante la campaña electoral, sostuvo que los funcionarios "estaban sujetos al mandato de la autoridad" y que "pese a ello han dado prueba de compromiso y buen trabajo institucional".
Según transcribió la instructora en un extenso cuestionario, el arquitecto dijo que "no quisiera que fuera afectado su legajo personal por situaciones derivadas por las autoridades", según los documentos procesados por El Observador. "Hay una responsabilidad institucional de las decisiones de las autoridades que no corresponde a los funcionarios", redundó.
"Venía directamente el caso mandatado", sentenció por su parte Patricia Laviña, directora de la División Articulación y Gestión de Soluciones Habitacionales de la Dirección Nacional de Vivienda. Por su cargo, Laviña era arrobada en todos los correos electrónicos en que Moreira bajaba su "interés" de que se adjudicaran las viviendas.
