"Batalla cultural” para pesificar acelera la recesión en Argentina
Medidas compulsivas para sustituir el dólar generan malhumor social
El dólar paralelo no solo no baja hasta el nivel de 5,10 pesos argentinos que los funcionarios kirchneristas se habían fijado como objetivo, sino que sigue encima de los 6 pesos argentinos, lo que implica una brecha de 30%. Al mismo tiempo, se generó gran confusión por una serie de marchas y contramarchas respecto de nuevas restricciones en el uso del dólar. Por ejemplo, ante el temor generado por un proyecto de ley sobre pesificación, el gobierno debió salir a aclarar explícitamente que los bonos emitidos en dólares serán pagados en esa moneda, y que lo mismo ocurrirá en los contratos privados.
También dio marcha atrás a una regulación que prohibía la emisión de facturas en dólares.
Aun así, no logra disipar la inquietud, y todo indica que está escaso de éxito en su “batalla cultural” para que la población sustituya los dólares por los pesos. El caso más claro es el del mercado inmobiliario, donde las cantidades de operaciones de compraventa se desplomaron y a esta altura representan la mitad de las que se realizaban hace un año.
Los dueños prefieren resignarse a dejar el cartel de “se vende” por varios meses antes que aceptar que el comprador le entregue billetes de otro color que no sea verde. Los pocos que aceptan pesos, lo hacen con la condición de transformar el precio en dólares a la cotización del “dólar Montevideo”, como se denomina al precio que surge de cambiar pesos argentinos en Uruguay y luego comprar dólares. Esto arroja una paridad de 7 pesos argentinos por dólar, es decir un valor todavía mayor al del mercado paralelo argentino.
El virtual congelamiento del mercado inmobiliario se contagió a la construcción, que ya está en franca recesión. Los economistas privados calculan una contracción de 4% anual, tanto por la caída de la obra residencial como de la obra pública. Pero lo peor es que creen que el verdadero bajón todavía no llegó.
“El impacto más importante es el que comenzará a sentirse en los próximos meses, ya que esperamos una reducción más que perceptible en el inicio de nuevas obras. Todo esto, como resultado de la última tanda de medidas destinadas a endurecer el control de cambios”, señala un informe de la consultora Ledesma.
Su análisis es que, ante un escenario más restrictivo con los dólares, los proyectos que se inicien a partir de ahora tendrán que ser valuados en pesos, algo que incrementa el riesgo del negocio y, por consiguiente, lo torna más caro a la hora de la financiación.
Mientras tanto, el gobierno comenzó a jugar su partido en la “cancha” judicial, ya que empezó la ola de amparos por parte de ciudadanos que se sienten perjudicados por la política oficial. La mayoría corresponde a casos de gente que se había comprometido a cancelar en dólares una operación inmobiliaria, y ahora no puede hacerlo.
De momento, los jueces han rechazado las medidas cautelares, lo que implica un primer round para el gobierno. Pero esto no implica que haya un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo. De manera que los funcionarios del Banco Central están haciendo trabajar full time a su asesoría legal, para dar la batalla en ese ámbito.
Tal vez el único ámbito de la vida cotidiana donde la restricción no ha sido total es el turístico. El gobierno sigue autorizando la venta de dólares a la cotización oficial a quienes demuestran que viajarán al exterior.
Según el influyente economista Miguel Bein, esto no obedece tanto a una voluntad de congraciarse con los turistas, sino más bien a un límite legal. “Es que, al no ser la moneda argentina convertible, el gobierno tiene la obligación de proveer a los argentinos los medios para acceder a la moneda de curso legal del país al que quiere viajar, ya que lo contrario equivaldría a una prohibición de salir del país, violando la Constitución”, afirma.
El hecho de que les den los dólares para gastar durante sus viajes no implica que los turistas argentinos se abstengan de usar sus tarjetas de crédito. Por el contrario, descubrieron que es una forma de “fuga” de capitales que no puede ser trabada por el gobierno, dado que cuando les llega el resumen de la tarjeta (expresado en dólares) pueden saldar la deuda desde una cuenta en pesos, al tipo de cambio oficial.
La cuestión es que hoy el saldo dolarizado de las tarjetas de crédito llega a casi US$ 400 millones, que puede parecer una cifra menor si se considera el nivel de fuga de capitales que hay en el país. Pero es un número que impresiona cuando uno mira la tendencia, porque es 80% más que el que se registraba hace seis meses.
El costo oculto
El objetivo de toda esta cruzada por los dólares es claro: mantener el nivel de las reservas en el Banco Central (hoy en US$ 47.000 millones) para poder hacer frente al pago de las obligaciones externas y para importar combustibles e insumos industriales.
De todas formas las dificultades están bien a la vista: el superávit comercial que se registró en mayo es 11% menor que el de hace un año. Y es que, incluso con una caída de 5% en las importaciones, no se pudo evitar que también cayeran las exportaciones en una proporción mayor aun, a 7%.
Esta política de supeditar el resto de la economía a ese objetivo (y negarse a un ajuste en el tipo de cambio oficial) está trayendo, según coinciden los economistas, un alto costo que pagar: una recesión que se pronostica como prolongada.
Para peor, el enfriamiento de la economía se produce con una persistente inflación, incluso cuando el ritmo de emisión de pesos ha mostrado signos de moderación.
“Con una desaceleración de la economía uno hubiera esperado que los precios moderaran su crecimiento, pero la inflación sigue constante, al contrario de lo que pasó en 2009, cuando la recesión tuvo su correlato en que la inflación cayó abruptamente”, afirma el ex viceministro Gastón Rossi.
El otro factor que está llevando a la recesión es la moderación de los aumentos salariales, una política promovida por el gobierno, que teme tanto a la inflación como a un agravamiento en el desempleo.
El panorama implica todo un desafío para el gobierno, porque al malhumor por la restricción en la compra de dólares se le suma un enfriamiento en el consumo y un creciente clima de conflictividad sindical
