Asambleístas de Gualeguaychú marcharon hoy por el centro de esa ciudad argentina para ratificar su lucha contra la papelera de capital finlandés instalada frente a sus costas, en la localidad uruguaya de Fray Bentos.
La movilización fue convocada después de que el Gobierno de Cristina Fernández advirtiera de que "si la Justicia actuara en consecuencia" se podrá levantar el corte del puente internacional General San Martín, que une a Gualeguaychú con Fray Bentos y que permanece cortado desde 2006 por ecologistas de la ciudad argentina.
La manifestación, en la que no hubo incidentes, concluyó frente al consulado uruguayo en Gualeguaychú.
"El corte continuará porque mucha gente sigue apoyando la causa", consideró el asambleísta José Pouler frente a versiones que aludían a la inminencia de una resolución judicial que ordene la liberación del puente.
El pasado jueves, el Gobierno argentino reiteró que no reprimirá a los vecinos que desde finales de 2006 bloquean el paso fronterizo, uno de los tres que comunican a ambos países.
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, remarcó que el uso de la fuerza pública "no es el camino" para acabar con el conflicto, que ha tensado las relaciones bilaterales en los últimos años.
Dijo, además, que Argentina pondrá "un enorme compromiso" para controlar "conjuntamente" con las autoridades uruguayas "que no haya contaminación" en el río Uruguay por las actividades de la planta papelera que la finlandesa UPM compró en octubre de 2009 a la también finlandesa Botnia.
Randazzo destacó que hace falta una orden judicial para que las fuerzas de seguridad desalojen a los miembros de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú que mantienen bloqueado el paso hacia Fray Bentos.
En los mismos términos se había pronunciado la presidenta Cristina Fernández en una rueda de prensa celebrada con su colega uruguayo, José Mujica, luego de la reunión que ambos mantuvieron el miércoles en Uruguay.
La instalación de la fábrica motivó el peor conflicto bilateral en décadas, dirimido por la Corte Internacional de La Haya, que el pasado 20 de abril emitió un fallo en el que consideró que Montevideo violó el estatuto del río Uruguay, pero destacó que la planta puede seguir operando porque no hay pruebas de que contamine el medioambiente.
(EFE)
