“El presidente Duque está amarrado por la red política del uribismo”

Márquez Restrepo se declara desde el principio optimista con lo que observa y, a la vez, admite miedo e inquietud.

Optimismo por una sociedad civil que reclama sus derechos y miedo e inquietud por lo incierto de la resolución del conflicto, o conflictos planteados; por vivir toques de queda “que nunca había vivido” y por la aparición en el lenguaje político y mediático de vándalos y vandalismo. “Esto último es muy extraño, muy sospechoso”, dice. La réplica al vandalismo ha sido la militarización, una respuesta que nada abona al entendimiento político y social.

“La protesta se gestó en las centrales obreras, para las cuales se trataba de realizar un paro contra lo que entienden es un paquetazo neoliberal”, apunta esta académica estudiosa de los nuevos nacionalismos en América Latina.

Los sindicatos se pusieron en alerta ante los anuncios de la ministra del Trabajo, Alicia Arango, de pagarle a los jóvenes 75% del salario mínimo porque el desempleo juvenil está por encima de 10 puntos, que se juntó con las propuestas de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y de la Asociación Nacional de Industriales (Andi)  de eliminar los pagos extras por festivos y nocturnos y de acabar con las indemnizaciones por despido.

Además el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, cargo que también ocupó entre 2003 y 2007 en el gobierno de Álvaro Uribe, planteó una reforma del sistema de pensiones en la que estaría en riesgo la figura de la prima media, de origen público, notoriamente más ventajosa que el régimen de pensiones individuales del sistema financiero.

 “El sistema de prima media tiene problemas de sostenibilidad porque los niveles de desempleo son altos, los de informalidad aún más altos y la gente no cotiza. Adicionalmente, ha cambiado la pirámide poblacional y hay menos jóvenes para pagar las pensiones”, indica Márquez Restrepo.

Por esos anuncios “que han soltado desde el gobierno, las centrales obreras convocaron el paro”.  En paralelo, capas medias de la población hicieron suya la causa de la implementación fallida de los acuerdos de paz con las guerrillas de las FARC y el asesinato de líderes sociales, mientras los estudiantes denuncian el desfinanciamiento de la universidad pública desde los años 90, que los ha llevado a reclamar recursos para la educación “que el gobierno dice que no tiene”.

“Para estos sectores el 21 de noviembre se tradujo en la realización de marchas en varias ciudades del país”, precisa la docente de la Javeriana.

Transición y retos

La sociedad colombiana, fracturada por conflictos de vieja data, con más de medio siglo de lucha guerrillera —el más agudo entre otros—, comenzó en la década del noventa una transición política en la que se inscriben la firma de la paz con el M-19 (9 de marzo de 1990); la nueva constitución promulgada el 4 de julio de 1991; la paz con los paramilitares en 2006 y el acuerdo para la terminación definitiva del conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) suscrito en 2016.

En esa perspectiva histórica, Márquez Restrepo advierte un sesgo neoliberal que explica ese desfinanciamiento de lo público (educación, pensiones) y el rezago en los derechos laborales, a lo que se suma como el ingrediente más reciente la bandera del gobierno de Duque de renegociar los acuerdos de paz, plan en el que ya se anotó el “logro” de parar las curules parlamentarias asignadas a las víctimas del conflicto armado.

“Él llegó con esa bandera y no hay que olvidar que casi 50 por ciento de la gente respaldó en plebiscito la firma de los acuerdos de paz y otro 50% se opuso, con una parte que votó desinformada”, precisa la académica.

Márquez Restrepo advierte, al respecto, que la causa de la violencia en Colombia, que empezó incluso antes de la existencia de las guerrillas de filiación marxista, es estructural “y resolver eso supone hacer la restitución de tierras, adjudicar los baldíos, contemplado en los acuerdos de paz, que toca las intereses de las clases opulentas y lo veo complicado”.

La protesta colombiana como la chilena es liderada por movimientos sociales. Los partidos tratan de atribuírsela o, al menos, sumarse como “la izquierda petrista” (de Gustavo Petro, ex alcalde de la capital) o “los centristas” de Claudia López (alcaldesa electa de Bogotá) y Sergio Fajardo, otro ex alcalde, que recuperó a Medellín de la violencia y saneó sus finanzas.

El rasgo diferente, para Márquez Restrepo, es que el reclamo, el descontento, más que hacia la clase política, como en el caso chileno, apunta directamente al Presidente. “Hay mucho malestar y aunque Duque pueda sentarse a una mesa a conversar, lo veo atrapado en sus pactos políticos. El presidente es inteligente pero quizás inexperto en el ámbito político y luce amarrado a esa red del Centro Democrático, al capital político del uribismo que lo eligió”.

La pregunta que surge es si pudiera repetirse en Colombia una situación política como la que protagonizaron Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, que de aliados pasaron a enemigos irreconciliables. Nada permite suponerlo, sin embargo. “Lo pudiera hacer pero hasta ahí llegaría su carrera política”, suelta Márquez Restrepo.

Sin capital propio y sin la figura de la reelección, Duque pudiera jugársela en una concertación con los sectores centristas para gobernar con ellos “pero a un alto costo político”. La académica precisa que Santos tenía la experiencia de ser ministro de Economía y luego de Defensa, provenía de una familia muy rica,  y “traicionó” al uribismo aunque no a su clase.

“Uribe representa a los terratenientes, Santos a la alta burguesía asociada al sector financiero y los medios”. La paz firmada con la Farc es de compleja digestión para los primeros.