La cultura del secretismo

La ley que obliga a los organismos del Estado a entregar a los ciudadanos en determinado plazo la información que solicitan casi nunca se cumple y los funcionarios ocultan datos

Julio de 2010. El Observador presentó ante el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) una solicitud de acceso a la información, apelando a la ley 18.381, en la cual se hacían siete preguntas vinculadas a temas educativos.

¿Cuál ha sido el rendimiento escolar en cada instituto de enseñanza? ¿Cuántos institutos públicos de Secundaria están bajo inspección? ¿Cuántas instituciones privadas de Secundaria están bajo inspección? ¿Cuántas inspecciones se hicieron durante 2009 a liceos públicos y privados? ¿Cuál fue el porcentaje de ausentismo docente en 2009 sobre el total de horas de trabajo de los docentes en Secundaria? ¿Cuál fue el porcentaje de funcionarios docentes de Secundaria con licencia en 2009 por razones psiquiátricas? ¿Cuál fue la remuneración promedio del personal docente de Secundaria en 2009 por hora de clase efectivamente dictada? Siete preguntas sobre información pública y abierta. Pasó agosto, se fue el invierno, llegó la primavera. Sin respuesta. Noviembre y diciembre pasaron y llegó el verano. Sin respuesta. Enero, febrero, marzo de 2011, y otro cambio de estación y de año. Sin respuesta.

Abril de 2011. Suena el teléfono: “Señorita, puede pasar a buscar el material que solicitó por el Codicen”. Ocho meses habían transcurrido desde que el organismo recibió la solicitud de acceso a la información con las siete preguntas. Las respuestas llegaron en tres carillas, en menos de 3 mil caracteres de texto, y algunas de ellas incompletas. “Siento mucho el atraso”, se limitó a decir la jerarca que entregó en mano la información.

El Codicen tardó, en promedio, un mes en contestar cada pregunta. El plazo máximo que el organismo en realidad tenía para dar una respuesta eran 40 días hábiles (con uso de prórroga incluido). De hecho, el organismo solicitó a El Observador que se le concediera ese plazo extra y aun así no respetó el plazo fijado por ley.

El diario tenía dos opciones: vencido el plazo, presentarse ante la Justicia solicitando hábeas data y que fuera un juez quien obligara al Codicen a proporcionar la información; la otra, realizar la denuncia ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), órgano de contralor del cumplimiento y puesta en funcionamiento de la ley de acceso. La denuncia fue presentada en octubre de 2010.

Las resoluciones de la UAIP no son vinculantes. Sin embargo, sirven de “respaldo” para quien quiere recurrir ante la Justicia, ya que se entiende que es el órgano competente en la materia.
Además, una eventual denuncia de la UAIP ante el Poder Ejecutivo por incumplimiento de la ley, puede generarle consecuencias al jerarca responsable del organismo que no contestó.

La UAIP emitió una resolución en marzo de 2011 favorable a El Observador, cinco meses después de presentada la denuncia. En la misma se sostiene que el Codicen debe entregar la información que se le pidió. El organismo entregó efectivamente lo solicitado, pero no se debió a la resolución de la UAIP porque esta ni siquiera llegó al despacho de las autoridades de la educación.

La UAIP no tiene autonomía, funciona bajo la órbita de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic). No tiene presupuesto ni funcionarios propios y sus tres directores trabajan en forma honoraria.

“No es serio ni razonable que 200 años de cultura del secreto van a poder vencerse con una pequeña unidad. Eso es lo que está fallando”, opinó al ser consultado por El Observador el presidente del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Cainfo), Edison Lanza.

Con este panorama, ¿es una buena opción esperar por el fallo que pueda dar la UAIP o es preferible no perder tiempo e ir directamente a la Justicia?

“Son mecanismos alternativos”, dijo en diálogo con El Observador la presidenta de la UAIP, Sonia Sena, quien señaló que “se han solucionado muchos problemas concurriendo a la unidad”.

El problema parece estar en los plazos. “Hay pedidos y solicitudes que desde la UAIP hay que estudiar en profundidad, hay que realizar consultas, llevan tiempo”, indicó. Por otro lado, si el ciudadano quiere presentarse ante la Justicia deberá asumir el costo que tiene la contratación de un abogado.

Desde Cainfo se han utilizado los dos mecanismos. En los casos que se apela al hábeas data es cuando se visualiza, según Lanza, “la falta de políticas” de acceso a la información en la administración.

“El día de la audiencia se presentan los representantes del organismo y te dicen: ‘Discúlpenos porque se nos pasaron los plazos’”. Lanza entiende que “no hay un ánimo de ocultar de mala fe, sino que se está ante un Estado para el que tener que contestarle al ciudadano en 20 días es una molestia”.

La UAIP, además de tener que enfrentar sus dificultades internas, debe lidiar con los problemas de todos los organismos del Estado en donde llegan solicitudes de acceso a la información. Es esta pequeña oficina, con la ayuda de Agesic, de la que depende también la capacitación de los funcionarios del Estado que han convivido durante décadas con lo que se ha dado en llamar la “cultura del secretismo”.

¿Cómo es posible que un organismo demore ocho meses en contestar siete preguntas? Según Sena, muchas veces la falta de archivos, el desconocimiento de la información que se tiene o la inexistencia de un material conspira contra los plazos que marca la ley.
“En el caso de ustedes (El Observador) hubo que dar vista (al Codicen). Y a veces las vistas no llegan porque en los organismos tenemos la dirección y un piso, y la vista nunca llegó a los jerarcas. Entonces nunca se dieron por enterados. Cuando nos damos cuenta que no se contestó la vista, hacemos lo posible por solucionar la situación amigablemente”, indicó Sena.

“Ni los ciudadanos ni los sujetos obligados (las dependencias del Estado) saben específicamente cómo usar la ley”, dijo, por su parte, la integrante del Consejo Ejecutivo de la UAIP, María del Carmen Ongay. Según la jerarca, desde distintas dependencias del Estado se comunican con la unidad, ya que no saben si efectivamente tienen o no que dar la información que se les solicita.

“Hay una cultura del secretismo, pero, por otro lado, se ven casos en los que –por ejemplo– un organismo debería tener cierta información como clasificada, y no lo está”, dijo Ongay, quien indicó que frente a este tipo de situaciones “te das cuenta que no es por mala intención el no querer dar información, el problema es que no tienen idea”.

Pero cuando efectivamente el pedido de información llega a quien tiene que llegar, otro plazo empieza a correr. El tiempo que los funcionarios “piensan”. “Pasan dos o tres días pensando ¿para qué pide la información?”, indicó Sena, quien entiende que esto es un “proceso” y que “va a llegar un momento en que (los funcionarios) no se lo van a preguntar más”. Según establece la ley, no es necesario justificar los motivos por los cuales se solicita la información.

Sena sostiene que “hay que ver realmente cómo funciona el Estado por dentro para entenderlo”. Según Sena, en un organismo de la administración pública “crear un sector, destinar personal, capacitarlo, poner un escritorio y una computadora no es fácil. El Estado no funciona como una empresa privada”, señaló.

A esto se agrega la falta de archivos en los organismos, el desconocimiento de la información que se tiene o la inexistencia de un material. “Un Ministerio nos dijo que llevaba la información en un cuadernito”, indicó Sena, quien admitió que “habrá quienes no quieran dar (la información), pero hay quienes no saben ni dónde empezar a buscar”.

Es por ello que desde la UAIP se recomienda a los organismos del Estado crear una oficina en donde se centralice todo lo referido a acceso a la información. Un ejemplo en este sentido ha sido la Intendencia de Montevideo, según se destaca desde la UAIP. Sin embargo, según pudo constatar El Observador, esta oficina en la comuna capitalina está permanentemente cerrada. Lanza entiende que la ley de Acceso a la Información Pública “rompió la simetría que había entre el Estado y los ciudadanos para acceder a la información”. Sena sostiene que “la ley cambió algunas cosas, y no todas las que debería haber cambiado”.

Lo cierto es que el Codicen tardó ocho meses en lugar de los 40 días establecidos en responder siete preguntas.

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