“Ley de derribos” y un mundo de fantasías

En Uruguay existen al menos un millar de pistas rústicas para el transporte de personas e insumos, la extracción de enfermos y heridos, o para actividades ilegales: vuelos con prófugos, drogas, armas u otros contrabandos.

Un pequeño avión monomotor, vulgarmente llamado “avioneta”, necesita poco más que un agujero despejado en un monte o a campo abierto para aterrizar y despegar. Y si vuela a baja altura, es casi indetectable para los radares.

Muy pocos vuelos son obstruidos. Un caso excepcional se registró en julio de 2013, cuando un familiar del entonces presidente de Paraguay, Horacio Cartes, quien atravesó medio país en una avioneta Cessna 210, fue detectado por un radar, interceptado por jets A-37 y obligado a aterrizar en la base aérea de Santa Bernardina, Durazno.

El miércoles de mañana, en el Informativo Sarandí, el ministro de Defensa, José Bayardi, calificó de “disparate” la propuesta de Lacalle. “La ley de derribo existe (solo para) un riesgo de naturaleza vital”, para personas o infraestructura, como los atentados en Nueva York y Washington del 11 de setiembre de 2001, y no contra el tráfico de drogas.

Pero las “leyes de derribo” son mucho más comunes y utilizadas de lo que sostiene Bayardi (quien, como otros jerarcas, se está especializado en justificar fracasos). Su aplicación también es más excepcional y dificultosa de lo que parece creer Lacalle (quien, como otros opositores, a veces propende a un activismo legislativo mágico).

Buena parte de los países del mundo, y muchos de la región, incluidos Argentina, Brasil y Chile, tienen “leyes de derribo” para vuelos sospechosos que no responden a sus interceptores. Y de tanto en tanto se abaten aviones que tratan de escapar. Suelen ser “vuelos entregados”, cuya carga ilícita se conoce.

También hay errores funestos, como cuando en abril de 2001 un avión A-37 de la Fuerza Aérea peruana mató a dos de cinco misioneros evangélicos estadounidenses que volaban desde Brasil.

Una “ley de derribo” es inaplicable en Uruguay sin la renovación de equipos militares. Sería otra norma inútil de un país proclive a la superproducción de leyes triviales.

Un problema es la escasez de radares. No hay ninguno en el norte del territorio, salvo uno móvil de la Fuerza Aérea, que se despliega eventualmente en camiones, y otro fijo en Santa Clara de Olimar, que muchas veces no funciona.

Y luego la Fuerza Aérea no posee aviones adecuados para despegar e interceptar al intruso antes de que repase la frontera. Los pequeños jets A-37 Dragonfly no son cazas sino aviones de ataque, sin radar, lentos y cascoteados, al igual que los entrenadores Pilatus PC-7. Fácilmente pueden derribar una avioneta, sin dudas, pero sólo de día y con buen tiempo, y si ya están cerca y son guiados desde tierra.

Un presupuesto decreciente desde 1985 ha puesto a las Fuerzas Armadas bajo mínimos: grave atraso tecnológico, material vetusto o inutilizable, y entrenamiento escaso.

Una impunidad tal vez peor campea en la enorme plataforma marítima uruguaya, donde la soberanía total o parcial se extiende hasta 650 kilómetros dentro del Atlántico.

Una Armada en harapos, sin barcos, radares costeros, aviones y helicópteros adecuados, no puede velar un tráfico que se multiplicó por ocho o diez en lo que va del siglo, proteger recursos pesqueros y minerales, y perseguir un cúmulo de irregularidades.

En los canales del Río de la Plata que conducen a Montevideo, Buenos Aires, La Plata, Nueva Palmira y el delta del Paraná (hidrovía), hasta 200 o 300 barcos se amontonan en espera de turno. Allí pasa de todo. Cualquier barquichuelo que apague su transponder, que lo posiciona e identifica, se mueve como delivery.

La Armada detiene de vez en cuando algún insignificante pesquero brasileño, utilizando la vieja fragata “Uruguay” o barcos menores, o decomisa drogas y contrabando. Pero, más adentro, flotillas de piratas hacen grandes faenas, cual “vaquerías” de la era colonial.

La situación es aún más grave en la gigantesca zona marítima exclusiva de Argentina. En marzo de 2016 una patrullera hundió a cañonazos frente a Puerto Madryn a un barco chino en plan de fuga.

En junio de 2014 la Comisión de Defensa del Senado uruguayo, integrada por líderes de los principales partidos, recomendó a los futuros gobiernos la incorporación de patrulleros oceánicos tipo OPV. El expresidente Luis A. Lacalle incluso dijo que la Armada necesita “embarcaciones que sirvan para el propósito de patrullar, ayudar y salvar, pero también para hundir a los barcos que corresponda, llegado el momento”.

Casi nada ha pasado desde entonces, salvo para peor.