¿No querías Orduna?, tres platos

Ya no hay forma de disimular que el dragado del canal Martín García, otra vez, se trabó

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Creo que dentro de seis meses estamos canalizando (Martín García)”, dijo el presidente de la República, José Mujica, el 2 de agosto de 2011 luego de una reunión con la presidenta argentina Cristina Fernández. Siete meses y medio después de aquel anuncio, Argentina no solo no aceptó aún el pliego de licitación para profundizar el dragado del canal binacional, sino que, además, el gobierno kirchnerista parece decidido a mantener el dragado en los niveles actuales y en manos de la misma empresa que draga hace más de 20 años, aunque hubo otras firmas que se ofrecieron a hacerlo por menos dinero.

La histórica decisión argentina de impedir en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) que el canal Martín García aumente su dragado de los 32 pies actuales a 34 pies, era señalada en la columna del “debe” del gobierno de José Mujica. El canal Mitre, que no es binacional sino argentino, tiene 34 pies (en breve llegará a 36) y permite que entren al puerto de Buenos Aires buques de más calado.

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Desde 1991 se arrastraba esa promesa y el mantenimiento del dragado lo realizó desde entonces la firma Riovia, vinculada a la holandesa Boskalis, que firmó un contrato inicial que se fue renovando automáticamente por dos décadas. Hace dos años se decidió llamar a una licitación para que de ella surgiera la empresa que dragaría a 34 pies.

Además de Riovia plantearon su interés Jean de Nul, Van Oord, (holandesas) y Bretgin (belga). Las cuatro firmas se reparten prácticamente el mercado mundial.
Todo estaba congelado hasta que aquel día de agosto Mujica y Fernández acordaron que en 45 días se hiciera un llamado público a precalificación de empresas, casi una formalidad, ya que las cuatro firman interesadas tienen sobradas credenciales para una precalificación. Del “debe” el tema Martín García había pasado así a la columna del “haber”.
La prensa que quiere dividir Pero cuando llegó octubre y el plazo de 45 días había vencido, el diario argentino La Nación dijo que el tema del canal estaba, una vez más, trabado. Por esos días el gobierno uruguayo evaluaba protestar ante Argentina pero los cancilleres Héctor Timerman (Argentina) y Luis Almagro (Uruguay) se encontraron en una cumbre en Europa, emitieron un comunicado en el que ratificaron la voluntad de avanzar en el dragado y desmintieron “información de prensa sobre supuestas trabas” publicadas “con el objetivo de incidir negativamente en la relación” binacional. El 12 de octubre la CARP aprobó el pliego de precalificación que fue superado por las cuatro empresas.

El 22 de noviembre, y mientras que Riovia planteaba a la CARP que iba a aumentar el precio de su trabajo, una de las firmas interesadas en la licitación, la holandesa Van Oord, presentó un proyecto de dragado que, según le anunció la empresa a los diplomáticos, era más barato para ambos países que el que cobra Riovia.

Como resultaba imposible a esta altura contratar directamente a la holandesa se rechazó recibir la oferta. Pero el 12 de enero la CARP informó a todas las empresas que iba a hacer un concurso de precios que permitiera conceder transitoriamente el mantenimiento del dragado, mientras paralelamente se procesa la licitación de fondo para aumentar la profundidad del canal.
Una semana después, el 20 de enero, venció el último plazo legal que la CARP tenía para renovarle el contrato a Riovia, según un estudio jurídico que privados le hicieron llegar a la comisión binacional.

Y una semana después, el 27 de enero, con el llamado de precios demorado, la presidenta argentina hizo una movida que pasó inadvertida para la mayoría, pero no debió pasarlo para la Cancillería uruguaya. En filas de la diplomacia uruguaya existía la esperanza de que algunos asuntos vinculados al río Uruguay se aceleraran una vez que la presidenta Fernández moviera de su cargo a Hernán Orduna, un operador político del peronismo K que el año pasado fue citado en una causa criminal por pago de sobreprecios desde su cargo de secretario de Cooperación Internacional de la Cancillería. Pero el gobierno K había decidido entonces ponerlo al frente de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). En la diplomacia oriental consideran a Orduna como “un antiuruguayo” que jugó su papel durante el conflicto de Botnia. El 27 de enero, lejos de moverlo de la CARU, la presidenta Fernández nombró a Orduna al frente de la comisión que administra el Río de la Plata y, por si esto fuera poco, también le dio la responsabilidad de liderar la delegación argentina ante la comisión Mixta del Frente Marítimo. Todo lo que Uruguay quiera aprobar en materia marítima debe pasar por Orduna.

Puede ser más barato. Fuentes empresariales dijeron que desde el gobierno se les contó que en la primera reunión en la que Orduna apareció por la CARP anunció que de ninguna manera se iba a hacer un nuevo concurso de precios (lo que podría bajar el costo para ambos países), y que el planteo argentino era que Riovia siguiese haciendo el dragado –presumiblemente incluso a un precio mayor que el actual– hasta tanto no se resuelva la licitación.

El pliego de licitación está empantanado en Buenos Aires y aún no fue ni siquiera aprobado por el gobierno argentino. Según operadores portuarios le dijeron en octubre al semanario Búsqueda, un llamado de estas características puede demorar dos años.
El martes estaba previsto que los delegados uruguayos de la CARP –Francisco Bustillo, Luis Anastasía, José Aguiñaga, Daniel Montiel y Juan Gabito– analizaran la respuesta a dar en una reunión que tendrán con sus pares argentinos la semana que viene. El martes hubo algunas ausencias y por eso la reunión de la CARP quedó para mañana. Fuentes políticas dijeron que hasta ayer no había una posición de la Cancillería sobre el planteo argentino. En la CARP prefirieron guardar silencio. Entre los empresarios prima la idea de que si le renuevan el contrato a Riovia eso contribuirá a postergar más aún la solución final del asunto.

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