¿Por qué Argentina pagaría las pensiones uruguayas?

Faltaban cuatro días para que el Uruguay naciera como Estado independiente, mediante el juramento de la primera Constitución, y el gobierno provisorio asumió que debía hacerse cargo del pago de pensiones a los “33 orientales”, lo que estaban abonando los porteños.

“Artículo 1°. El premio consignado en la ley del Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas, de 23 de Mayo de 1826, en favor del Brigadier General don Juan Antonio Lavalleja y 32 individuos que bajo sus órdenes dieron principio á la heróica empresa de libertar ála provincia, queda reconocido por la Nacion.
Art. 2°. De las rentas generales se hará efectivo el pago de las pensiones que dicha ley declara en los términos expresos en suscuatro primeros artículos”.
Ahí se establecía que “el Brigadier don Juan A. Lavallela, (cobraría) dos mil pesos anuales”, mientras que “los sargentos, cabos y soldados” recibirían una pensión de “quinientos pesos anuales”.

Luego, “comuníquese”, sin aclarar si esos montos se ajustarían alguna vez.

Así nació el Uruguay, asumiendo el pago de pensiones.

¿Por qué los hermanos argentinos debían pagar pensiones a los nuevos ciudadanos uruguayos?
Habían financiado su cruzada para independizarse de los brasileños y ser parte de la misma patria, pero ahora que se abrían camino propio, no correspondía que Buenos Aires les siguiera pagando.

¿Y cuál fue la primera ley del nuevo Estado que votó el Parlamento instalado ese año en el Cabildo de Montevideo?

El 22 de diciembre de 1830 fue votada la primera ley, promulgada el día de la Nochebuena por el Poder Ejecutivo con el número uno de una lista que ya está cerca de llegar a 20.000, y su título fue “Clases Pasivas”, la que prorrogaba en tres meses un plazo para pago de pensiones a “inválidos, viudas y huérfanos de guerra”.

Y así se siguió hasta ahora, con un collar de leyes sobra pasividades. Veamos algunas.

- 1838: extienden a los empleados civiles el derecho jubilatorio, que era exclusivo de militares;
- 28 may. 1896: crean la Caja Escolar de Jubilaciones y Pensiones;
- 14 oct. 1904: nace la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles;
- 14 feb. 1911: fundan la Caja de Pensiones Militares;
- 11 feb. 1919: promulgan una ley sobre Pensiones a la Vejez;
-   6 oct. 1919: crean la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Obreros de los Servicios Públicos, con trabajadores de los ferrocarriles, telégrafos, tranvías, teléfonos, aguas corrientes y gas, que eran empresas privadas;
-14 may. 1925: fundan la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios y de la Bolsa de Comercio;
-   3 dic. 1933: unifican el sistema, dentro del Instituto de Jubilaciones y Pensiones del Uruguay;
-20 ene.1943: fundan la Caja de Trabajadores Rurales;
-15 oct. 1941: crean la Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones;
-1923-1948: proceso estatutario de las cajas privadas del Jockey Club,
-13 ago. 1954: fundan la Caja Profesional de Jubilaciones y Pensiones.
-1967: por reforma constitucional crean el Banco de Previsión Social (BPS) integrado por las Cajas de Industria y Comercio, Escolar, de Trabajadores Rurales, Servicio Doméstico y de Pensiones a la Vejez.
-3 set. 1995: crean las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP).

Ahora se viene otra ley, otra reforma.

En casi 200 años de normativa sobre pensiones se han creado “cajas”, se han hecho correctivos o reformas, pero nunca se hizo una reforma integral que abarque a todos a la vez.

Es la primera ocasión que se abordará una reestructura del sistema en su conjunto, aunque eso no será fácil porque seguro habrá presiones de sectores comprendidos.

Algo se insinuó con la última reforma de la Caja Bancaria, que se hizo para estirar la agonía de un sistema no viable, sacrificando a jóvenes no bancarios; miles de muchachos de call center o atención de mostrador, pasaron a aportar para que los verdaderos bancarios puedan cobrar pasividades como si su caja tuviera “cierto equilibrio”.

Esos jóvenes hubiesen podido comenzar a ahorrar con tiempo para su jubilación, pero los mandaron a la paliza. Total, se van a avivar cuando lleguen a viejos.

Los grupos de presión harán sus movidas.

La nueva reforma es necesaria para dar sostenibilidad financiera al sistema (lo que sumado a un presupuesto responsable permita mantener el grado inversor con calificadoras) pero también para que los trabajadores sientan que pueden acceder a jubilaciones relacionadas con su esfuerzo contributivo y de ahorro durante la vida laboral.

El comité que trabajará en diagnóstico y propuestas estará integrado así:
- 3 por el gobierno (MTSS, MEF y OPP),
- 6 por el oficialismo (dos blancos, dos colorados, uno del PI y otro de Cabildo)
- 3 por la oposición (frenteamplistas)
- 3 por representantes sectoriales; de trabajadores (PIT-CNT), empresarios (confederación de cámaras) y jubilados (ONAJPU).

Las conversaciones previas van dibujando un mapa de coincidencias y discrepancias.

La interna del Frente impondrá un mandato político para sus delegados, basado en el programa de gobierno electoral, y con la consigna de no comprometerse con medidas que impliquen rebaja de derechos, mientras que reclamarán más beneficios para trabajadores y pasivos de menores ingresos y plantearán “eliminar el lucro” en la administración de fondos.

El oficialismo -gobierno y partidos- y la representación empresarial suman 10 votos, y ahí se jugará la negociación sobre una base inicial que consiste en bajar el déficit financiero (cambios en sistema de reparto, configuración jubilatoria y asignación inicial) y estímulo a la capitalización de ahorros individuales, con transición a sistema integrado total.

Aunque se quiera buscar un consenso más amplio que el generado dentro del oficialismo, no hay condiciones políticas para eso, porque los mandatos políticos, son mandatos, independientemente de lo que piense un delegado técnico.
En aquel julio de 1830 se votó la ley para financiar el pago de las pensiones a los “33 orientales”, que luego se ampliaría a más gente, porque está claro que ni eran 33, ni todos orientales.

Desde aquella ley sin número, y de la No. 1 que también fue sobre “clases pasivas”, han pasado muchas normas sobre jubilaciones y pensiones, y ahora el país encara un desafío político grande e ineludible, donde hay mucho en juego. Por eso, será un camino empedrado.

El gráfico del día: nuevo presidente del BID

Este año, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, propuso por primera vez un candidato estadounidense para liderar el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta institución, fundada en 1959, es una organización interamericana cuya principal función consiste en otorgar financiamiento para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Según dicta la tradición, el presidente del BID proviene de un país latinoamericano, mientras que su vicepresidente es de origen estadounidense. El ente financiero administra un capital total de 105.000 millones de dólares estadounidenses, y la elección de la persona que ocupe la posición de más alto rango podrá definir el futuro del organismo en los próximos años.

En más de 60 años de historia, como se aprecia en este gráfico de Statista, el BID ha sido presidido por cuatro líderes políticos de origen latinoamericano: el chileno Felipe Herrera, el mexicano Antonio Ortiz Mena, el uruguayo Enrique V. Iglesias y el actual presidente en funciones, Luis Alberto Moreno, de nacionalidad colombiana. El candidato propuesto por Trump para suceder a Moreno, Mauricio Claver-Carone, es de origen cubano-estadounidense y actualmente ejerce la función de director para asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Su candidatura ha sido resistida por algunos gobiernos latinoamericanos que la perciben como un intento de injerencia de EEUU en los asuntos de la región.

Otras noticias destacadas

• Los emprendedores de 18 años que salvaron los derechos de su idea y ahora buscan dar el salto
• UTE pagó US$ 142 millones en seis años a privados por energía que no utilizó
• El dilema entre renta transitoria de emergencia y perder el grado inversor
• La mochila de los intereses de la deuda pública y su peso en el gasto del Estado