Walter De los Santos es hoy edil de la bancada frenteamplista a pesar de un complicado pasado: fue procesado por estafar a una mujer de 81 años mediante "engaños y estratagemas" e internado en un centro de salud de manera provisoria.
La edila frenteamplista Delia Rodríguez aseguró a El Observador que De los Santos cuenta con la habilitación de la Corte Electoral para ejercer su cargo. Pero lo cierto es que si una persona es procesada por la Justicia como "autor inimputable" de un delito no puede ser habilitada para ocupar un cargo político dentro de un organismo, explicó a El Observador la ministra de la Corte Electoral, Margarita Reyes.
Según la ministra, pueden ocurrir dos situaciones: o la persona pierde la habilitación para ejercer el sufragio de manera temporal hasta cumplir la pena establecida por el juez, o la pierde de manera permanente al ser considerado "incapaz" y por lo tanto inimputable. Esto ocurre, por ejemplo, cuando padece de una enfermedad mental que afecta su desempeño. De efectuarse esta última, la inhabilitación es irreversible.
Tomada la resolución, el juzgado debe informar a la Corte Electoral de la misma mediante oficio. Sin embargo, Reyes sostuvo que es recurrente que el Registro Cívico no reciba dicha información. Incluso agregó que han ocurrido "situaciones de violencia" con personas que cumplieron su pena pero aún así no pueden ser habilitadas ante el desconocimiento de la resolución judicial.
La Cámara de Senadores es el órgano encargado de resolver, mediante un juicio político, si alejar o no a la persona del cargo. En el caso de los ediles, la Junta Departamental o "una cantidad determinada de ediles" son quienes deben presentar la denuncia para que el Senado proceda, explicó la ministra.
Según Reyes, los juicios políticos que involucran a personas procesadas por "incapacidad" no son habituales, pero sí lo son los de personas procesadas por delitos.
En ese sentido, recordó el caso del exintendente de Rocha Irineu Riet Correa, que en 2003 fue acusado de librar cheques sin fondos y de cobrar salarios a través del pago de tributos. Luego del juicio, el intendente no fue separado de su cargo por un voto. Seis años más tarde fue procesado con prisión por abuso de funciones.
