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Lo único seguro es que Pluna le sigue costando varios millones de dólares al Estado y por tanto a los uruguayos. Pero algunos, en medio de un negocio que investiga la Justicia, obtienen dividendos. En esta última etapa, desde el fin de la era del grupo de Matías Campiani, connotados abogados, contadores, síndicos, rematadores, empresarios, un exsindicalista y exfuncionarios, cobraron cientos de miles de dólares.

Los montos percibidos por varios de los intervinientes se conocen públicamente y en algunos casos provocó críticas como los US$ 140 mil más IVA pagados al exsecretario de la Presidencia durante el gobierno de Tabaré Vázquez, el doctor Gonzalo Fernández, contratado por el Banco República para cobrar el aval que había presentado la empresa Cosmo cuando participó del remate de los aviones de Pluna.

El aval de US$ 13,6 millones lo pagó finalmente el empresario Juan Carlos López Mena, pero al declararse inconstitucional la ley de Pluna, se discute si debe devolverse el dinero al propietario de Buquebus. El BROU, que tiene varios abogados en su planilla, nunca aclaró por qué contrató a un abogado penalista como Fernández para cobrar un aval.

También hubo críticas de la oposición política cuando el Estado contrató al exabogado de Campiani para elaborar la ley que quitó del concurso de acreedores a los Bombardier, dejándolos sin el bien más valioso de la empresa y sobre el cual pensaban resarcirse. Ese abogado, Ricardo Olivera, recibió honorarios por US$ 450 mil por sus servicios.

El acta 1161 de Pluna Ente Autónomo estableció en agosto de 2012 que ese honorario de US$ 450 mil más IVA, se pagara en una cuota de US$ 150 mil al momento de la contratación y el resto en 10 cuotas iguales mensuales y consecutivas de U$S 30 mil cada una. El abogado ya recibió la totalidad de sus honorarios. La ley que redactó fue declarada inconstitucional.

La indignación de algunos sectores se expresó además en los medios cuando tras el cierre de Pluna en julio de 2012, se pagó una indemnización por despido al empresario Matías Campiani. Por esa causal, como cualquier trabajador que pierde su empleo, dijo el ministro Enrique Pintado (Transporte), el principal de Leadgate se embolsó US$ 145 mil. Campiani está hoy siendo investigado por la Justicia Penal.

Hay otros que también están cobrando desde que el gobierno cerró a la aerolínea.

Según el gobierno el cierre de Pluna le costó hasta ahora US$ 40 millones por mantenimiento de aviones, el pago de cuotas al Scotiabank y el Fondo de Créditos Laborales.

Quienes no recibieron pago alguno, al menos hasta ahora pero lo harán, son los síndicos, responsables de velar por los bienes de Pluna, administrarlos y pagar a los acreedores.

Según fuentes del Ministerio de Economía la sindicatura recibirá un estimado de “tres o cuatro millones de dólares” porque el cálculo se hace sobre el monto de los activos. Su retribución será fijada por la jueza del concurso y su decisión puede ser recurrida según un decreto de abril de 2009.

En líneas generales, el monto principal de los activos de Pluna es el valor de los aviones. Alas Uruguay ofreció pagar US$ 46 millones por tres Bombardier y por los restantes cuatro aviones hay una oferta de US$ 16 millones cada uno.

Un inmueble en Punta del Este está valuado en casi medio millón de dólares, equipos por US$ 395 mil, muebles y útiles por US$ 93 mil, instalaciones US$ 34 mil, además de otros bienes como repuestos, herramientas aviones en desuso y el valor de las frecuencias.

Sin embargo, fuentes de la sindicatura dijeron a El Observador que cobrarán “bastante menos” que la cifra que maneja el gobierno. Afirman que aún no calcularon los honorarios, y que lo harán al final cuando concluya la liquidación de la empresa. Además aclararon que no cobran los síndicos sino la Asociación de Peritos del Uruguay (AUPE) que es la que les paga a los síndicos.

También aclararon que no trabajan únicamente el contador Gabriel Ferreira y el abogado Daniel Germán, sino un equipo de diez personas y todas deberán cobrar.

Las fuentes explicaron que para calcular los honorarios se puede tomar el activo que declara el concursado (el mayor valor lo tienen los aviones) o se puede tomar el monto que surja de la liquidación de la empresa. La sindicatura tomará ese último monto explicaron las fuentes.

Los integrantes de la sindicatura aclararon que en el caso de Pluna llevan 16 meses trabajando sin cobrar un peso, y tampoco saben cuándo, ni cuánto cobrarán.

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