Capurro recordó la movilización del 23 de enero de la que surgió la creación de las mesas de trabajo y medidas adoptadas por el gobierno, como la creación del Fondo Lechero, la rebaja en la tarifa eléctrica y del gasoil y la devolución del IVA para los que no tributaban IRAE, entre otras.
Todas estas son, para Capurro, un conjunto de medidas que intentaron atenuar la crisis que atraviesan los distintos sectores. Sin embargo, señaló que todas han tenido un impacto “realmente menor” frente a lo que son los costos que afronta el sector.
“No atacaron el problema de fondo, que es la pérdida del valor del dólar y el aumento de los costos que son muy importantes en todos los sectores”, explicó.
Bajo las condiciones actuales, la ARU no va a volver a los Consejos de Salarios, afirmó Gabriel Capurro, presidente de la ARU.
En este sentido, la ARU dejó en claro que Uruguay está en un proceso prolongado de déficit fiscal, de atraso cambiario y de endeudamiento. Además, se hizo hincapié en que se recurre a más impuestos, a tarifas más altas y al atraso cambiario para controlar la inflación.
En tanto, Capurro mencionó que el 2018 tuvo también una actividad sindical importante con reiteradas ocupaciones en la industria frigorífica y en los molinos arroceros. La ARU manifestó que las ocupaciones vulneran el derecho de propiedad y de trabajo y son inconstitucionales.
A modo de ejemplo, citó el reciente conflicto de los combustibles.
“Nos interesa poco si era un conflicto patronal o de trabajadores, el hecho es que afectó a los derechos de productores que durante todo el año trabajan para sacar una cosecha y en muchos casos se vieron impedidos con un pronóstico climático adverso por delante”, indicó. Capurró dijo que la respuesta del gobierno fue tardía y que se vulneró el derecho básico de las empresas y de cosechar el fruto del trabajo
“En estos casos la respuesta tiene que ser inmediata y declarar la esencialidad también. Entendemos las reivindicaciones que puedan tener los trabajadores, pero no pueden afectar de esa manera a los derechos básicos de los productores”, aseguró.
Respecto a los Consejos de Salarios el jerarca fue claro. Si bien se tiene claro que son una herramienta valiosa siempre y cuando funcionen bien, reconocen que tal como están, los Consejos de Salarios “no cumplen con sus objetivos” y al productor lo afectan de forma importante.
“El hecho de que las negociaciones sean por rango de actividad, que no tienen en cuenta las asimetrías de las empresas en cuanto a tamaño y localización geográfica, determina que en muchos casos las condiciones que se pactan responden a las demandas de los sindicatos, más fuertes de las ramas de actividades (…) y así se conduce a un monopolio y eso es malo”, determinó.
Por otro lado, Capurro explicó que en los países que compiten en el mundo, los Consejos de Salarios comienzan por los sectores transables de la economía y después pasan a los no transables. Además, se dejó en evidencia que el Ministerio de Trabajo “no es ecuánime” en su participación en éstos.
“No están pensados para momentos de dificultad del ciclo económico y no prevén mecanismos eficaces y ágiles para cuando las empresas entren en dificultades económicas”, manifestó.
Por todo esto, se dejó en claro que, bajo las condiciones actuales, la ARU no va a volver a los Consejos de Salarios. De igual forma, se aclaró que se tiene la mejor disposición para conversar con los sindicatos y con el ministerio para buscar un mejor funcionamiento.
Competitividad
Finalmente, Capurro hizo saber que la ministra de Industria, Carolina Cosse, expresó (en una entrevista realizada la semana pasada) que el país no tenía problemas de costos.
“Realmente con toda la evidencia que hemos venido presentando, primero, nos asombró la afirmación, pero luego nos preocupó. ¿Será que los estamos transmitiendo mal o que no se quiere entender? El grado de incomprensión de la situación llama la atención; los problemas están y van a seguir empeorando si no se buscan soluciones”, concluyó.
Rocío Lapitz: deterioro "muy marcado"
Entre las principales cuestiones que analizó la economista Rocío Lapitz, se indicó que enfocado desde la mirada de la producción, el PBI viene con varios trimestres en efectos negativos y preocupantes y que Uruguay perdió el atractivo como destino de inversión extranjera directa.
Además, manifestó que el deterioro en el mercado laboral es “muy marcado”, donde la tasa de empleo está a niveles de finales de 2007.
Lapitz hizo referencia también a que el efecto del Fideicomiso de la Seguridad Social (FSS) hizo que se redujera “momentáneamente” el déficit fiscal, en el que sin considerar el FSS, éste habría cerrado cercano al 4% del PIB.
En los últimos años se procesó un ajuste fiscal que se hizo vía incremento de los impuestos, de las tarifas y bajo el recorte de gastos a través de menores inversiones. Las tarifas públicas han sido usadas como estabilizador fiscal o ancla inflacionaria.
Se informó también que el tipo de cambio real (TCR) sigue desalineado. El informe de Política Monetaria del BCU, reconoce un desalineamiento del TCR respecto de sus fundamentos desde mediados de 2016.
En cuanto a las hectáreas necesarias para cubrir una canasta familiar, Lapitz arrojó que, para el sector de la cría serían unas 604, en el caso de la invernada unas 353, de la lechería unas 121, y de soja serían 142 según los estimativos para el 2017/18.
Se hizo hincapié en que, sin considerar las zonas francas, el 74% de las exportaciones de bienes son de 10 productos agropecuarios como la carne bovina, la madera, los lácteos, la soja, el arroz, los subproductos cárnicos, el ganado en pie, lana y tejidos, pieles y cueros y malta.
A continuación, el análisis completo de la Dirección de Estudios Agroeconómicos de la Asociación Rural del Uruguay:
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