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La bancada de Diputados del Frente Amplio negocia a dos frentes y a contrarreloj la Rendición de Cuentas, que comenzará a ser votada este miércoles en la Comisión de Hacienda integrada con Presupuesto de la Cámara de Representantes. El cronograma parlamentario está fijado para terminar la votación en comisión el jueves o viernes para luego concretar el debate en sala la próxima semana.
Mientras intercambian propuestas con el Poder Ejecutivo sobre cómo lograr partidas extra en la instancia presupuestal, los legisladores de la coalición de izquierda se preparan para "intercambiar figuritas" con la oposición sobre la primera Rendición de Cuentas en que el Frente Amplio estará en minoría.

Este lunes legisladores del oficialismo mantuvieron varios contactos informales con diputados del Partido Nacional pero todavía no se concretó una reunión formal.

La bancada nacionalista estuvo reunida durante varias horas y definió diversas propuestas. Pretende fijar el máximo del Fondo de Estabilización Energética en mil millones de unidades indexadas (actualmente el tope es decuatro mil millones) y los excedentes actuales (US$ 173 millones) destinarlos en un 60% para el Hospital de Clínicas, un 25% para el pago de la sentencia de Judiciales y un 15% para la creación de un Fondo de Emergencias Climáticas, según dijo a El Observador el diputado blanco Jorge Gandini. Los excedentes futuros irían para la reducción de tarifas.

Además, pretende reasignar gastos por cerca de US$ 30 millones para el convenio salarial de la Administración Nacional de Educación Pública ($200 millones), el pago de auxiliares de servicio en Primaria ($333:), el Instituto Nacional de Evaluación Educativa ($106:), la Universidad Tecnológica ($104:) sumado al convenio salaria del Instituto Nacional del Niño y el Adolescente ($104:), el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente ($36:) y la Corte Electoral ($18:).

Ese dinero saldría de distintos rubros de funcionamiento aunque la propuesta aun no está redactada. "Se trata de una disminución de créditos de varios grupos de todo el presupuesto nacional en una disminución transversal que no afecta ni el rubro cero ni las inversiones", explicó Gandini. El Partido Nacional ya presentó su propuesta al diputado independiente Gonzalo Mujica-quien abandonó el oficialismo y lo dejó sin mayoría legislativa- y al diputado de Unidad Popular Eduardo Rubio. Un diputado del Frente Amplio que pidió reserva dijo a El Observador que en el oficialismo están preparados para "intercambiar figuritas" en el correr de la semana con los opositores, y también advirtió del escaso tiempo para negociar. Más allá de lo votado en comisión durante la semana, en el oficialismo advierten que la oposición generara debate en la Cámara de Diputados y tendrá potestades para influir en el articulado, dijeron a El Observador legisladores oficialistas. En el FA asumen que la oposición tiene "una oportunidad única en 13 años", en relación a que es la primera vez que los grupos ajenos al gobierno tienen 50 votos.

Pero, además de la negociación con la oposición, al Frente Amplio también le corren las horas para cerrar filas en la interna. Mientras debaten reasignaciones, el partido de gobierno discute incorporar un artículo para aumentar la inversión en educación, salud y el sistema de cuidados si el crecimiento económico es mayor al esperado.

Según informó este domingo el diario El País, la bancada oficialista busca mecanismos para conseguir $1.000 millones adicionales a la Rendición de Cuentas. Para la reasignación de gastos, la bancada de Diputados del oficialismo definió como prioridad el convenio salarial del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública, el pago a las auxiliares de servicio en Primaria, el Sistema de Cuidados y los Centros de Atención a la Primera Infancia, según dijo a El Observador el diputado José Querejeta. Hay otros organismos con la Universidad de la República, la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la Fiscalía que también figuran entre las preocupaciones de los legisladores.

El gobierno ya advirtió hace diez días a los diputados que casi no hay margen para reasignaciones.
Frente a este escenario, distintos legisladores presentaron posibilidades de financiamiento pero todavía no hay acuerdo. Querejeta dijo que si se logra gravar a las plataformas digitales va a haber cerca de US$ 10 millones para redistribuir aunque desde el gobierno sostienen que este dinero sustituye a la caída de los suscriptores a la televisión por cable. Según Querejeta entre 2011 y 2016 la cantidad de suscriptores creció. El Movimiento de Participación Popular (MPP) propuso cobrar una tasa a los slots y Asamblea Uruguay utilizar el Fondo de Inasistencias de la ANEP.

El diputado, Carlos Coitiño (PVP) dijo que "la bancada está dividida" sobre el artículo 15, que habilita al Estado a no pagar juicios en su contra cuando considere que ello afecta la atención de los servicios a su cargo. El Poder Ejecutivo define por estas horas una alternativa a esa parte del texto. El artículo 4 y el artículo 9 también generan diferencias.

No están los votos

Demandas contra el Estado

El artículo 15 del proyecto de Rendición de Cuentas establece que el Poder Ejecutivo queda "eximido de los plazos de cumplimiento" de pagos por demandas perdidas o laudos arbitrales, si considera que "ello afecta la atención de los servicios a su cargo". Así como está redactado el artículo no tiene los votos para ser aprobado. Ni siquiera tiene respaldo unánime dentro del Frente Amplio. Además, la oposición pretende derogar el artículo 733 del Presupuesto que habilita al Poder Ejecutivo a postergar el pago de sentencias en su contra.

Restitución de funcionarios públicos

Actualmente aquellos funcionarios que son destituidos por ineptitud u omisión no pueden ser restituidos. Sin embargo, el artículo 9 de la Rendición de Cuentas pretende cambiar esto para que puedan ser vueltos a contratar una vez transcurridos diez años. Este artículo tampoco tiene los votos necesarios para ser aprobado. En el Frente Amplio algunos sectores entienden que no existen un argumento válido para aprobar este artículo, ya que existe un proceso que brinda las garantías debidas para una persona que es despedida

Ascenso de funcionarios

El MPP y otros sectores del Frente Amplio también pusieron el ojo sobre el alcance del artículo 4 de la Rendición de Cuentas, que da prioridad a los funcionarios de una unidad ejecutora para ocupar las vacantes generadas en su dependencia. Actualmente, cuando se generan vacantes, el concurso para llenarlas se abre a toda la administración pública. "Eso permite la movilidad de funcionarios públicos", había destacado a El Observador el diputado del MPP Alejandro Sánchez.

Buscan financiamiento

Salarios Anep

Tanto el oficialismo como la oposición entienden que es necesario reasignar $200 millones al Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública para poder cumplir con el convenio salarial firmado en 2015. El Poder Ejecutivo destinó $1.500 millones y son necesarios $1.700 millones para cumplir con lo acordado. "Hubo un error de cálculo del Poder Ejecutivo", según el legislador oficialista Alfredo Asti (Asamblea Uruguay).

Auxiliares de servicio

Otro de los puntos en común entre oficialismo y oposición es la necesidad de financiar $333 millones para pagar a las auxiliares de servicio en Primaria. Hasta ahora se utiliza dinero del Impuesto de Primaria que por norma no se puede utilizar para pagar salarios.

Sistema de cuidados

En algunos sectores del oficialismo entienden que es necesario asignar unos $400 millones para cumplir con el objetivo de cumplir con las metas de atención de personas con dependencia severa y discapacitados. En este tema no hay acuerdo en la bancada de gobierno.

Primera infancia

Los Centros de Atención a la Primera Infancia (CAPI) del INAU es otro de los organismos que necesita financiación ($114 millones) y que algunos legisladores del Frente Amplio pretenden conseguir.

ASSE, Fiscalía y Udelar

En el oficialismo también son conscientes de que existen otros organismos que reclaman más dinero. En ASSE y Udelar se trata de dinero destinado a salarios mientras que en la Fiscalía buscan financiar la Unidad de atención a las víctimas de delitos .




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