¿Cómo se combate al crimen organizado, cómo se le impide seguir avanzando? Mejorando las investigaciones, lo que impacta directamente en la Policía y en la Fiscalía y volcando recursos a las cárceles. Para entender el fenómeno, hay que mirar a las cárceles. Allí se relacionan, allí aprenden y desde allí mandan matar o amenazar.
Lo dijo el gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo en elprograma Todo un tema del streaming de El Observador el lunes: la “única solución real” para el problema de la inseguridad es invertir en las cárceles.
Dijo que no es con medidas represivas, ni con blindados y comparó eso con tener cáncer y pedir un omeprazol. “Tenés que tener otro tipo de terapia que es mucho más costosa. En las cárceles tenemos a todas estas personas, donde el Estado, en teoría, debería tener todas las posibilidades para rehabilitarlas y que no vuelvan a delinquir, como sucede en los países desarrollados”.
Ello implica reestructurar el esquema carcelario porque como está hoy tampoco sirve. Para rehabilitar al joven rapiñero, o al de la boca de droga que vive del microtráfico y evitar que el narco medio o grande lo reclute, hay que separarlo, darle trabajo o estudio y prepararlo para cuando salga en uno, dos o cuatro años.
Y de ahí el tema se traslada a la Fiscalía, porque se necesitan más fiscales, mejor preparados para que puedan investigar pero el Estado no le da recursos. Ferrero contó en su comparecencia en el Parlamento por la rendición que en el año 2025 “el 72% de la ejecución de gastos de funcionamiento e inversiones salió de no cubrir vacantes, de utilizar esos cargos, que son necesarios, para destinarlos a funcionamiento e inversiones, porque, si no, la Fiscalía no vive”. Dijo que la Fiscalía necesita $ 150 millones para no depender de esas economías, equivalente por ejemplo, a la partida anual que tiene la Universidad de la República para becas de grado.
Por eso, Ferrero pidió que se prohíba que los funcionarios de la Fiscalía sean pedidos en pase en comisión ya que “permanentemente se están llevando funcionarios”. Además, pidió poder tener un aumento de pases en comisión entrantes. “Hoy se tienen diez; se piden diez más”. Ferrero contó que mientras los pases en comisión que piden en la Administración Central o en el Parlamento son preceptivos, y cada legislador ¡tiene hasta 5 pases! A la fiscalía se le puede decir que no y se le dice que no.
Entre otros reclamos presupuestales, pidió que la Fiscalía pueda recaudar el 5% de lo que se recauda por concepto de multas de tránsito en rutas nacionales y llenar vacantes. También pidió un cargo de fiscal letrado suplente, ocho cargos de fiscales letrados, una segunda Fiscalía de Lavado de Activos y el cargo del contador para asesorar en las causas de lavado, ya que desde este mes dejaron de contar con la profesional del BCU que estaba en pase en comisión. Otra que le sacaron a la Fiscalía.
Las gorduras del Estado
La cruda realidad de la inseguridad y una Fiscalía que pelea con chauchas y palitos para combatir al crimen organizado, hacen mirar al Estado y revisar los millones de pesos que se gastan superfluamente en tantas oficinas y reparticiones.
El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, anunció por mayo que en la Rendición de Cuentas habría un “ajuste muy grande” en gastos del “funcionamiento interno del Estado” y se refirió a “gastos superfluos y gastos que a veces no son superfluos, pero la población los considera superfluos”.
Ese anuncio se tradujo en un ajuste total de $1.321 millones en la administración central y ministerios, en eliminación de vacantes que representa $ 891 millones anuales entre 2027 y 2029. Los mayores ahorros se concentran en Presidencia, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Y una reducción del 50% de los créditos, abarcando 82 millones de pesos en 2027 y 84 millones en 2028 y 2029 en misiones oficiales y protocolo.
El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que no le resulta suficiente lo incluido en el proyecto y anunció que trabaja en un documento con recortes concretos y esa será su condición para darle los dos votos que precisa en Diputados el oficialismo para la Rendición de Cuentas.
El exsenador, entrevistado también en Todo un tema habló de reducir la plantilla del Estado en un 1%, eliminar los viajes en el Estado por conferencias de cambio climático, no completar vacantes así como evitar gastos de protocolo.
Si hablamos de viajes un ejemplo notorio es el del canciller Mario Lubetkin, quien acumuló al menos 160 días en misión oficial desde que asumió al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, como informó el semanario Búsqueda. Entre sus viajes aparece siete veces Roma, ciudad en la que residía antes de ser designado canciller. Allí destinó 48 días de viáticos.
Le escuché esta semana justificar sus viajes a Roma en el streaming de El País. “¿Cómo piensan que se negoció el acuerdo Unión Europea - Mercosur? ¿Simplemente porque íbamos por las nubes o porque íbamos 25 años de discusiones?… Naturalmente nosotros jugamos un rol muy importante. El país clave para el movimiento era Italia”, dijo y luego agregó que entre las “cosas muy importantes” que se consiguieron con sus viajes figura la visita del papa León XIV a Uruguay.
Como católica le agradezco al canciller sus gestiones por esa visita y es obvio que el canciller es el ministro que más debe viajar ¿pero es necesario que vaya siete veces a Roma en un año? ¿Es necesario viajar en primera clase? ¿Y gastar US$ 80.511 en viáticos y hasta US$ 168.222 en pasajes aéreos?
Y si hablamos de despilfarro ¿cómo olvidar a la delegación oficial integrada por ¡23 miembros!, que en febrero viajó a Suiza a rendir cuentas sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales?
Enrique Baliño, el exejecutivo de IBM que se transformó en consultor y fundador de Xn Partners, fue entrevistado en el programa La Pecera de Azul FM el miércoles y decía que la prioridad número uno del país es la seguridad entonces tiene que suponer “cargar todas las balas en la seguridad”. Mientras, “estamos viajando en business class, yendo a los hoteles más lujosos y comiendo los sandwichitos. No viaja más nadie, no se toma más nadie hasta nuevo aviso”, decía en relación a lo que hacen las compañías en momentos de crisis.
“El Estado tiene 300 mil tipos y sigue tomando gente. No. No entra nadie más. Necesitás tres personas, elegí de dónde las vas a sacar. Y cerrar lo que da pérdidas. ¡No pudimos cerrar el pórtland!”, cuestionaba. Además sugería lisa y llanamente eliminar oficinas estatales. “¿Por qué existe Ancap en un país que debería estar electrificado, por qué tenemos el Correo, por qué tenemos el Banco de Seguros del Estado…por qué tenés que estar metido en todo, trancando todo?”.
Por todo ello concluía: “Cuando me dicen no hay plata para mejorar la seguridad del país, es mentira”.
Baliño tiene razón.
Ningún gobierno se anima a eliminar reparticiones sino que las crean y siguen sumando burocracia.
También el anterior gobierno de Luis Lacalle Pou había hablado en la campaña de 2019 de la “gordura del Estado” para referirse al exceso de gasto público, los cargos políticos y las estructuras burocráticas. Se había comprometido a recortar la flota vehicular del Estado y el entonces candidato había dicho: “No va a haber motosierra, sí bisturí para políticos empresarios como los de Pluna, Ancap y Regasificadora”.
La pandemia se llevó puesta las intenciones de cortar los privilegios y el exceso en la estructura política y administrativa. Pero tampoco luego se hizo. Su “shock de austeridad”, no solo no se concretó sino que su gobierno dejó más funcionarios públicos. En 2024 hubo 313.796 vínculos laborales en el sector público, 918 más que en 2019.
Y la tendencia se mantuvo. Según información de Servicio Civil en este proyecto de Rendición de Cuentas 2025 cerró con 4.473 vínculos más que en 2024, un 1,4% más que el año anterior, los más de 305 mil funcionarios públicos son el número más alto desde que hay registro.
Dos organismos se destacan particularmente: la Administración Nacional de Educación Pública que sumó 3.787 vínculos (mayoría de docentes efectivos en Secundaria) y la Administración de Servicios de Salud del Estado, con 853 nuevos funcionarios públicos.
Para terminar vuelvo al drama de la inseguridad y cito a Ferrero que les decía a los legisladores: “No puede ser que no nos demos cuenta de la gravedad de lo que está pasando, porque estamos empezando a tener daños colaterales. Todos tenemos que estar obligados a luchar para salir adelante, porque todos podemos ser víctimas colaterales”.
Esa lucha requiere que se redirijan nuestros dineros. No es el dinero del Estado es nuestro dinero en manos de los que tiene el privilegio de manejarlo y tienen la obligación de destinarlo a lo que es prioritario en serio.
Como intenté transmitir, el tema no es sólo responsabilidad del gobierno de turno. También lo es del anterior, del anterior al anterior, y así podríamos seguir. Pero al actual y a los 130 legisladores que ocupan las bancas y votarán la Rendición de Cuentas les corresponde empezar por recortar, reasignar, eliminar.
