A qué se debe el conflicto por los juzgados de género y qué salidas se evalúan

Y algo de eso es lo que ha quedado en evidencia por estos días con el ida y vuelta entre los tres poderes del Estado en torno a los recursos que se necesitan para poner en marcha los juzgados especializados en violencia de género, ese viejo reclamo del movimiento feminista al que este gobierno se había comprometido a cumplir.

Aunque la ley de Presupuesto establece la instalación de tres de esos juzgados en el norte del país, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) advirtió que los cambios introducidos en el Senado alteraron los números en los que se sustentaba la fórmula acordada y que por lo tanto no puede cumplir con el mandato legal. 

El centro del debate está en la modalidad “multimateria” que las organizaciones sociales y el movimiento feminista reclaman para esos nuevos juzgados. En concreto, desde esos grupos entienden que los juzgados especializados en violencia contra la mujer basada en género deben ofrecer una atención “integral”, que permita abordar en una misma sede asuntos penales, de violencia doméstica, de divorcios y tenencias. El argumento es que de lo contrario, la mujer se ve sometida a “deambular” de un juzgado a otro.

Siguiendo esa línea de razonamiento, en la ley de violencia contra la mujer basada en género, votada en 2017, se estipuló que los juzgados que se crearan para atender esas situaciones debían tener esa modalidad integral.

Este año, cuando el gobierno se propuso finalmente cumplir con la ley y otorgar recursos para instalar los juzgados especializados, desde el Poder Judicial advirtieron que esa modalidad “multimateria” requería de mayores recursos –hoy no disponibles–, a la vez que interpusieron otras objeciones netamente técnicas.

Cuando el proyecto presupuestal estaba en la Cámara de Diputados, el oficialismo llegó a un acuerdo para otorgar una partida de $ 230 millones que permitían instalar tres juzgados especializados en el norte del país, con la condición de que se suspendieran los incisos de la ley de violencia de género que obligaban a aplicar la modalidad "multimateria". En concreto, se establecía que esos juzgados no se ocuparían ni de asuntos penales ni de divorcios o tenencias. 

Esa modificación de lo pautado en la ley de violencia de género contó con la oposición del Frente Amplio y, una vez que el proyecto pasó a la Cámara Alta, también tuvo la resistencia de la vicepresidenta Beatriz Argimón, quien expresó públicamente que no votaría esa condición.

Finalmente, el proyecto votado por el Parlamento decretó la instalación de los juzgados pero dejó por el camino la suspensión de la modalidad multimateria. 

Soluciones en debate

Enfretada a este embrollo, la bancada bicameral femenina decidió este miércoles solicitar una reunión con la Suprema Corte de Justicia, para evaluar alternativas. Pero mientras tanto, en la coalición de gobierno se manejan diferentes propuestas para finalmente cumplir con el compromiso de instalar los tres juzgados. 

La senadora Carmen Asiaín, del Partido Nacional, dijo que "al menos once" legisladoras del oficialismo están dispuestas a apoyar un proyecto que, en lugar de modificar directamente la ley de violencia de género, establece que estos tres juzgados en particular no tendrán competencia en materia penal ni en divorcios o tenencias. 

Una fuente nacionalista dijo que eso permitiría asegurar que estén los recursos para poner en marcha estas primeras tres sedes, sin entrar en la discusión sobre la pertinencia de la modalidad multimateria en otros futuros casos. 

Asiaín señaló que "la traba" a la instalación de los juzgados no se generó en la Suprema Corte sino que "estuvo dada cuando no se votó en el Senado" la condición requerida para que ello fuera financiable. 

"Al final por querer una atención demasiado integral no se puede practicar. Quizá en Finlandia sí se podría, pero acá no", dijo la senadora, y suscribió también a los reparos técnicos que la SCJ planteó a la modalidad multimateria. 

Mientras que en cada partido y sector se sacan cuentas para ver con qué votos cuenta cada uno, todos coinciden en que hay voluntad de "conversar" hasta dar con una solución.

Según fuentes políticas, la vicepresidenta Argimón –que lideró la bancada bicameral y ha sido cara visible en este asunto– es partidaria de primero "destrabar" y "asegurar" la instalación de los juzgados especializados y dejar para una consideración "posterior" la discusión sobre la modalidad multimateria. 

Si bien Argimón defiende a ultranza esa condición para los juzgados, la vicepresidenta entiende que dada la situación es necesario "separar" las discusiones para habilitar la pronta puesta en marcha de las sedes en el norte del país, dijeron las fuentes. En ese sentido, una opción que se maneja en la coalición es restringir las competencias de esos tres juzgados por un tiempo delimitado, que puede ser los primeros años.

Asiaín dijo que la principal definición debe ser "el sí a los juzgados de violencia" y destacó que la vicepresidenta, en sus declaraciones públicas, hizo más "hincapié" en el hecho de que se establecieran esas sedes a que se asegurara su condición de multimateria.