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13 de enero 2021 - 5:04hs

En sus últimos días como presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Bernadette Minvielle, envió una carta al presidente Luis Lacalle Pou, firmada también por los otros cuatro ministros de la corporación, en la que le advierte que no será posible instalar los tres juzgados especializados en género en el norte del país, como se había acordado en el Presupuesto, confirmaron fuentes judiciales a El Observador. Agregaron que el dinero previsto no alcanza y por eso descartaron su instalación por completo, si no se asignan más recursos.

El 1° de febrero, cuando se retome la actividad judicial luego de la feria de enero, asumirá la presidencia de la Corte el ministro Tabaré Sosa, y será el encargado de seguir con el tema.

Tras el pedido de la vicepresidenta, Beatriz Argimón, en octubre los legisladores de la coalición de gobierno acordaron con el Ministerio de Economía y la SCJ reasignar recursos para comenzar a poner en práctica la Ley Integral contra la Violencia de Género en el interior del país. La vicepresidenta había expresado su preocupación por llevar adelante la ley, aunque sea en parte.

El objetivo era poner a funcionar en 2021 tres juzgados letrados especializados en violencia de género en el interior del país, y para ello acordaron con la SCJ tomar recursos de los $ 800 millones que la Justicia tiene asignados para el pago de sentencias por la readecuación salarial. Según los cálculos realizados por la bancada de la coalición con poco más de $ 500 millones se puede afrontar las sentencias que salgan de esas demandas.

Poner en marcha tres juzgados en el interior del país costaría, según lo que la SCJ le trasladó a los diputados, unos $ 57 millones por año. 

Sin embargo, luego de hacer cuentas y evaluar la situación, los ministros de la Corte llegaron a la conclusión de que no podrán sacrificar esos recursos. Señalan que no hay presupuesto para jueces, juzgados, actuarios ni infraestructuras, si se piensa concretar al cien por ciento lo dispuesto en el Presupuesto Nacional. Algunos de ellos esperan que el gobierno ceda recursos para instalar al menos una parte de lo que se preveía.

Desde un primer momento se pensó en que esas nuevas sedes deberían instalarse al norte del río Negro porque "allí están las personas donde los servicios llegan más difícilmente", había dicho Minvielle en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ese día, en una mesa con otros panelistas y ante el presidente Lacalle Pou, apuntó: "Quisiera que esto no quedara en tres juzgados. Por supuesto (que) la SCJ fue mucho más ambiciosa pero igual nos alegramos de estos tres juzgados porque significa un inicio, significa empezar a caminar. Uno tiene que aprender en la vida que aunque no se pueda obtener todo en el momento, obtener algo, significa dar un paso. Y ese paso es importante".

Las opciones que se manejaban para instalar los juzgados era en Rivera, Salto, Cerro Largo, Tacuarembó o Paysandú. Se trata de departamentos donde existen más denuncias por violencia de género, pero todavía falta afinar algunos números para tomar la decisión.

En el proyecto de Presupuesto enviado por el gobierno, la implementación de la ley no iba a comenzar hasta, por lo menos, 2024.

Según un estudio realizado en 2017, cuando se aprobó la ley, el costo para ponerla en marcha desde cero era de $ 970 millones (unos US$ 22 millones). De esos rubros, $ 200 millones estaban destinados a inversiones y $ 770 millones a sueldos y gastos de funcionamiento. 

El objetivo para Montevideo es llegar a tener entre 26 y 28 juzgados. Actualmente funcionan 12 juzgados de familia especializada.

Recortes en Fiscalía

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dijo este martes en el programa Así nos va de radio Carve que “probablemente” la unidad de género ya no quede funcionando de forma autónoma desde este 2021. “Soy absolutamente consciente que la ley me obliga a ello, pero no tenemos fondos”, afirmó.

El jerarca sostuvo que en toda la Fiscalía “seguramente haya servicios que se van a tener que recortar”. En ese sentido, el organismo evalúa cerrar algunas fiscalías y fusionar otras para hacer frente a las obligaciones del ministerio público. Según afirmó, hubo desde enero un “congelamiento” de pago de compensaciones, no habrá aumento salarial y “se va a generar un ahorro”, dijo Díaz.

Más allá de los salarios, entre los gastos corrientes más grandes que tiene fiscalía están los alquileres y el servicio de Antel, cuyo pago será analizado tras una reunión que mantuvo el jerarca con el presidente de la compañía, Gabriel Gurméndez.

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