Tras el pedido de la vicepresidenta, Beatriz Argimón, los legisladores de la coalición de gobierno acordaron con el Ministerio de Economía y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y reasignarán recursos para comenzar a poner en práctica la Ley Integral contra la Violencia de Género en el interior del país.
El objetivo es poner a funcionar en 2021 tres juzgados letrados especializados en violencia de género en el interior del país, según informó a El Observador el diputado colorado Conrado Rodríguez.
Para poder concretar la reasignación, los legisladores acordaron con la SCJ tomar recursos de los $ 800 millones que la Justicia tiene asignados para el pago de sentencias por la readecuación salarial. Según los cálculos realizados por la bancada de la coalición con poco más de $ 500 millones se puede afrontar las sentencias que salgan de esas demandas.
Poner en marcha tres juzgados en el interior del país costaría, según lo que la SCJ le trasladó a los diputados, unos $ 57 millones por año. Las negociaciones fueron encabezadas por el diputado colorado y por el legislador blanco Juan Martín Rodríguez.
En la comparecencia de este viernes del Ministerio de Economía ante la comisión de Hacienda y Presupuesto, las autoridades presentaron el aditivo que establece la reasignación de recursos.
El Ministerio de Economía acaba de anunciar en la Comisión de Presupuesto de la Camara de Representantes la habilitación de una partida de 57 Millones para iniciar desde el 2021 la creación de Juzgados especializados en materia de violencia hacia la Mujer basada en Género. pic.twitter.com/NwkL9wGsTM
— Alvaro Viviano (@tatoviviano) October 2, 2020
De esta forma, los legisladores responden al pedido de la vicepresidenta que hace dos semanas les pidió que contemplaran esta ley.
“Es una preocupación que hemos manifestado públicamente. Queremos llevar adelante la ley que hasta ahora no se pudo a nivel nacional”, aseguró Argimón en rueda de prensa tras esa reunión. La vicepresidenta había mencionado específicamente la creación de juzgados especializados en violencia de género en el interior del país.
Si bien el lugar donde se van a instalar los juzgados letrados todavía no está definido, una de las opciones que manejan los diputados es Rivera, Salto y Paysandú, dijeron fuentes parlamentarias. La idea es ubicarlos en los departamentos donde existen más denuncias por violencia de género, pero todavía falta afinar algunos números para tomar la decisión.
Tanto Argimón como la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, habían puesto especial énfasis en la necesidad de dotar de recursos esta ley que fue impulsada y aprobada por el Frente Amplio pero que no contaba con los recursos para funcionar.
En el proyecto de Presupuesto enviado por el gobierno, la implementación de la ley no iba a comenzar hasta, por lo menos, 2024. Sin embargo, tras el pedido de Argimón y distintos diálogos con Economía, los legisladores llegaron a un acuerdo.
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